Los complejos escenarios que se abren tras la querella del SII

Uno de los comentarios más escuchados por estos días era que el servicio había perdido su autonomía. Desde que estallaron los casos Penta y SQM se ha cuestionado su independencia bajo la administración de Michel Jorrat, quien acusó presiones desde el Ministerio del Interior, mientras Rodrigo Peñailillo era el titular de esa cartera. Desde la derecha y también algunos abogados defensores, como Julián Lopez y Matías Balmaceda, se ha acusado al servicio de no utilizar la misma vara para investigar los aportes ilegales de un sector que del otro. Eso se hizo tangible, cuando el SII se querelló contra Jovino Novoa, y contra él como representante legal de su sociedad Inversiones y Mandato, pero no lo hizo contra ninguna otra persona jurídica. Ello generó dudas sobre la investigación. Quienes conocen el tema explican que era una cuestión de tiempo: el caso Penta comenzó a investigarse 8 meses antes que SQM.

Por eso, que el hoy el ente fiscalizador se querellara contra Asesorías y Negocios (AyN) y además contra SQM Salar fue leído con buenos ojos por el Ministerio Público. Los montos millonarios que salieron desde la filial de la minera no metálica hacían inevitable la existencias de muchas voces solicitando esa acción criminal. Punto a favor para el SII. Pero se abren nuevas interrogantes: si el servicio sigue utilizando el mismo criterio, debiera querellarse, en los próximos meses, contra Corpesca, Copec y Arauco.

Hasta hoy el SII se había querellado contra Giorgio Martelli, sindicado como el recaudador de la precampaña de Michelle Bachelet, por los delitos tributarios o apropiaciones indebidas relacionadas al caso de Clara Bensán, la contadora que recaudó fondos para la campaña presidencial de 2009. Pero las cosas cambiaron esta mañana: la querella del servicio permite que la Fiscalía investigue a Martelli por todos los delitos tributarios relacionados a SQM Salar que suma cifras superiores a los $ 200 millones: porque fue él quien entregó facturas a la filial de la minera no metálica. Esto sucedió en 2012. Para investigar a quienes trabajaron en la precampaña de la presidenta Bachelet –el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas o el de Interior, Rodrigo Peñailillo– se necesitaría que el SII presentara una nueva querella.

Hasta la fecha, si bien era conocido que Cristián Warner, mano derecha de Marco Enriquez Ominami en sus campañas presidenciales, estaba cuestionado por los más de

$362 millones que recibió de SQM Salar, a través de 19 facturas, el ex candidato presidencial ha sido enfático en señalar que esos dineros no tienen nada que ver con él. Pero la decisión del SII de querellarse contra Warner y su empresa Comunicaciones Publicidad y Marketing E.I.R.L. complica a ME-O. Desde el Ministerio Público afirman que ahora buscarán dilucidar si el político estuvo vinculado al uso de esos recursos. Para esa indagación son claves los correos electrónicos que manejan los fiscales.

Algunos lo interpretaron como el último empujón que necesitaba el Servicio de Impuestos Internos para actuar: apenas un día después de que la Corte Suprema ratificara el fallo de la Corte de Apelaciones –que rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa del ex vicepresidente de RN–, dando luz verde para que la Fiscalía continuara la formalización por su presunta participación en el caso SQM, el servicio presentó querellas, entre otros, contra Asesorías y Negocios, firma de Giorgio Martelli; y SQM Salar. Pero conocedores del caso afirman que lo que hizo la Suprema es sólo guardarse una "cartita bajo la manga". En relación al caso Eguiluz no intervino en el fondo y dio un paso al costado. El argumento: no puede interferir en la resolución de otra corte. Esto, porque el "supremazo" podría concretarlo cuando otros temas relacionados a casos de financiamiento de la política lleguen a la instancia. Y eso sucedería en los próximos meses.

Era el impulso que necesitaba la Fiscalía para seguir actuando con tranquilidad y determinación. Por eso la decisión del SII, un día después del veredicto de la Suprema en el caso Eguiluz, fue mirado como un triunfo para el Ministerio Público: desde hoy los fiscales pueden investigar por delitos tributarios a 11 empresas y 7 personas naturales sin pisar huevos.