Periodista La Tercera
La abogada P.M.S.T., de 37 años, envió un mensaje a un grupo de trabajo solo minutos antes de que se produjera su deceso. En el texto acusa a dos altos rangos de la Defensoría del Contribuyente, servicio en el que trabajaba, por maltrato laboral. Ante los antecedentes, la Fiscalía ha solicitado información al Ministerio de Hacienda.
A las 15 horas de esta tarde el fiscal Ricardo Soto concurrió a la sede de la cartera, donde tuvo acceso a documentos relacionados con el proceso de adquisición de la casa del exmandatario.
El máximo tribunal consideró lo sostenido, el martes, por el fiscal judicial, sobre la prescripción de los hechos por los que era requerido Pablo Muñoz Hoffman. En su resolución, consideró que han pasado 33 años desde los hechos y 28 años desde que prescribieron.
Una abogada de 37 años, de la Defensoría del Contribuyente, falleció luego de precipitarse desde el piso 14 este martes en la tarde, en lo que sería un presunto suicidio. El hecho, que se une a la muerte de un gásfiter de La Moneda, ahora será investigado con perspectiva de género por parte del Ministerio Público. Para el gremio es importante que se aclare si la trabajadora estaba sometida a altas presiones de trabajo como manifestaba en sus redes sociales y que puedan haberla llevado a este desenlace.
El pleno del máximo tribunal emitió una declaración de seis puntos donde manifestaron que la medida del Ejecutivo pone el riesgo el funcionamiento de tribunales. Piden, por lo mismo, que la medida sea revertida a la brevedad. Los fiscales, en tanto, también insistieron en sus cuestionamientos.
Inicialmente, la investigación estaba radicada en la Fiscalía Centro Norte y a cargo del jefe de esa repartición, el fiscal Xavier Armendáriz. Ahora, asumirá la indagatoria el fiscal Patricio Cooper, a cargo del Ministerio Público en la Región de Coquimbo.
A juicio del ahora subsecretario del Interior, modificar las extensiones de las licencias entregadas a las pesqueras sería un acto inconstitucional. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo, del que ahora el académico es parte, considera dicha reducción.
El propietario de Factop y STF Capital, entregó los detalles de cómo, en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, el abogado Luis Hermosilla le contó la reunión que mantuvo con el exministro Andrés Chadwick y con Ángel Valencia, reiterando que este último se había comprometido a entregar información sobre las causas del expresidente Sebastián Piñera.
El caso por la publicación de chats de Luis Hermosilla avanza y el investigador a cargo ya ha tomado una serie de determinaciones. Una de ellas fue agrupar las aristas que surgieron por la querella presentada por la defensa del abogado que hoy está en prisión por el caso Audio, junto con las denuncias que han presentado otros imputados como el exfiscal Manuel Guerra, además de la acusación que pesa en contra de un abogado del PS. Entre las determinaciones más importantes está que en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones.
El militante socialista -quien se ha transformado en el principal crítico del Plan Calles Sin Violencia- reconoce que en su sector existe una contradicción ideológica en la utilización de las FF.AA. en materia de seguridad, pero sostiene que se “ha jurado defender a la gente más vulnerable”, quienes ahora enfrentan hechos de violencia e inseguridad.
Tras la presentación por parte del Ministerio Público es el turno de los querellantes, los que solo en el caso del SII tardarán tres meses en exponer. Luego de eso será la ocasión de las defensas de todos los imputados de presentar sus pruebas, completando así casi tres años de juicio por presunto financiamiento ilegal de la política.
“Estamos reuniendo los antecedentes necesarios para acabar la investigación y cuando se tengan esos antecedentes probablemente se van a tomar decisiones respecto a otras personas”, afirmó el fiscal Felipe Sepúlveda.
Al penalista se le imputó el delito de tráfico de influencias, siendo acusado de haber realizado gestiones a favor del Grupo Patio durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera a cambio de dineros que habría recibido a través de Factop. El asunto, fue descartado por su defensa, quien incluso pidió su sobreseimiento y la formalización de la fiscal Oriente, Lorena Parra.
El abogado asistió en forma presencial a la audiencia en el Centro de Justicia.
La propiedad ubicada en Guardia Vieja 392, fue adquirida por la familia Allende Bussi en 1953. Desde entonces, y tras la muerte del expresidente Salvador Allende, esta quedó en propiedad de sus hijas y esposa, teniendo una serie de cambios hasta que el Ministerio de Bienes Nacionales intentó adquirirla recientemente.
