El acuerdo establece que Aguas Andinas pagará más de $6.000 millones a clientes de la Región Metropolitana afectados por corte del suministro de agua potable durante los años 2016 y 2017. Dentro de los 30 días siguientes desde que el acuerdo haya sido ratificado en tribunales, los abonos se realizarán bajo la forma de un descuento de $3.120 en las cuentas de los clientes.
La compañía agregó que las nuevas condiciones le permitirán contar con soporte adicional de agua cruda hasta marzo del 2023, el que es necesario para superar el déficit hídrico por la gran escasez de agua que afecta a la cuenca de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la información entregada por la compañía, los efectos directos e indirectos del coronavirus ascendieron a $29.213 millones, mientras que los de la sequía a $6.520 millones.
Una de las consideraciones que se hace en el escrito es que el área de influencia determinada en el EIA para la evaluación de los componentes asociados a impactos en el ámbito hidrológico, hidrogeológico y glaciológico no se aborda adecuadamente y en toda su extensión.
De acuerdo a los números agregados publicados por más de 350 empresas –sin considerar bancos, corredoras ni compañías de seguros- muestran un incremento de 10,6% de los pasivos financieros, en gran parte por el alza de 20% de la deuda corriente (corto plazo) y de 7,6% para la de largo plazo.
Por esta operación, la compañía recibió cerca de US$90 millones.
Los firmantes aseguran que la sanitaria puede hacer efectiva la cláusula de terminación del convenio ya que nuevamente el proyecto hidroléctrico de AES Gener presentó un retraso en su entrada en funcionamiento hasta finales de 2021.
El precio fijado por acción arroja un valor total para la participación de Aguas Andinas en la polémica sanitaria de Los Lagos de US$ 92,3 millones.
“Al cierre del primer semestre se estima un impacto global de $17.845 millones por los efectos directos e indirectos presumiblemente derivados de la situación excepcional por Covid-19″, dijo la empresa.
Sin embargo, la tramitación del procedimiento destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno, sigue en desarrollo.
En el caso de IAM y Quiñenco, el descuento está muy por sobre el promedio de 10 años. Así, mientras la primera anota un 20% (versus el 11% en 10 años), en el caso de la segunda llega a 47% (33% en 10 años).
El director de Estrategia de Desarrollo Sostenible de Suez para España y América Latina, Narcís Berberana, no está de acuerdo con la forma en que el MOP ha estado trabajando en su política para contener la escasez hídrica en el país. Pero esa no es su única queja con Chile. La francesa esta semana exigió que la SISS suspendiera el proceso que abrió el año pasado contra Essal por la caducidad de la concesión, y sindica al titular subrogante de esa entidad, Jorge Rivas, como el responsable de conducir un caso que infringe el debido proceso. Además, cuestiona que sea un personero en esa calidad de subrogante quien decida el futuro de la sanitaria.
El grupo francés, controlador de Aguas Andinas -matriz de la sanitaria de Los Lagos- considera que la actuación del regulador “pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile”.
Sin embargo, la compañía reportó que al cierre del primer trimestre no se habían registrado impactos significativos en sus resultados por la crisis sanitaria.
La empresa deberá pagar una indemnización compensatoria de $9.360, equivalente a tres días de corte de agua potable, más 0.15 UTM, por la suspensión del servicio ocurrida en abril de 2016.
