“El Presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el jueves que planea nacionalizar la industria del litio del país”, destacaba el Financial Times en su reporte respecto al anuncio de la estrategia nacional del litio. Algo similar reportaron WSJ y las agencias Reuters y Bloomberg sobre la mayor presencia estatal a la que aspira la nueva política nacional.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que, de todos modos, la idea es buscar la participación del Estado, a través de Codelco, lo más pronto posible.
La empresa estima que tuvo el 20% del mercado global en 2022, por encima del 16% de Albemarle. Ambas empresas producen litio en el salar de Atacama. Desde 2018 la estadounidense, con operaciones también en Australia y EE.UU., lideraba el mercado global. Más atrás, en 2016, SQM tenía el 27% de un mercado que era menos de un cuarto de la demanda global de litio actual.
Liontown Resources controla dos importantes yacimientos de litio en Australia Occidental.
Es un referente en el debate sobre el litio. Dirigió Corfo entre 2014 y 2018 y encabezó una negociación con SQM y Albemarle que permitió al Estado recaudar más de US$ 5.000 millones en un solo año. Eduardo Bitran dice que Chile debe aumentar su producción para aprovechar un boom de precios que puede durar aún algunos años y que para eso debe concentrarse en el salar de Atacama, sin olvidar los otros yacimientos. “Si se duplica la producción, la minería del litio podría generar permanentemente más del 1% del PIB como recursos para el Estado”, vaticina.
No hay negociaciones, pero sí mucho debate sobre cómo aprovechar aún más el boom global de precios del litio. Futuros proyectos tardan 7 a 10 años y la nueva política del litio cumple 12 meses de misterio. Un camino de corto plazo apunta a SQM y Albemarle, las que explotan el yacimiento de salmuera más grande del mundo. Una fórmula es ampliar cuotas y plazos a cambio de subir la tasas de arrendamiento, hoy en un máximo de 40%, elevando de inmediato los recursos fiscales. Algunos proponen adelantar pagos por arrendamiento. Otros, incluir al Estado en la propiedad de los operadores del salar. Y otros, adelantar la licitación del contrato de SQM que se acaba en 2030.
En 2018, Corfo estimaba que SQM, el mayor productor local de litio, pagaría US$ 4.189 millones en los 13 años que le quedaban de arrendamiento en el salar de Atacama. Pero solo en 2022 pagó US$ 3.272 millones. Y en cinco años ya casi cumplió la meta. Lo que se proyectó en 2018 se basó en expectativas de precios que quedaron obsoletas. La demanda global se disparó. En el caso de Albemarle, la firma dejó US$ 650 millones solo en 2022, casi la mitad de lo esperado para esos mismos 13 años.
La estadounidense produjo 38 mil toneladas al tercer trimestre. La cifra es un tercio de lo que produjo SQM. Pero el pago de Albemarle a Corfo por el arriendo de pertenencias equivale al 20% de lo que canceló SQM. La diferencia, dice Corfo, está en los precios de venta. Albemarle afirma que sus contratos a precio fijo están migrando a variables y que en la segunda mitad de 2022 sus precios serán similares a los de su competencia.
El titular de Corfo despeja las dudas sobre la nueva política industrial que pretende imprimir el gobierno en la economía. El economista también anticipa que las ventajas comparativas de Chile en materia de hidrógeno verde tocarán los intereses de muchos países desarrollados que han basado su desarrollo en los combustibles fósiles. Adelanta también un pronto acuerdo con Albemarle para poner fin al arbitraje internacional por contratos de litio.
En los primeros seis meses del año pagó al Estado cerca de US$200 millones. En cuanto a la Nueva Constitución, Ignacio Mehech country manager de la compañía estadounidense en Chile, señaló que "no vemos ningún impacto material a nuestra operación producto de la propuesta".
La cifra más que triplicó los US$ 57 millones pagados en la primera mitad de 2021. La compañía estadounidense opera, al igual que SQM, en el Salar de Atacama.
Con ello se abre un procedimiento sancionatorio contra la compañía, que arriesga multas de hasta $4 mil millones.
El decreto que inició la actual licitación establece, para los adjudicatarios de derechos, un pago al Fisco sobre su utilidad operacional, similar al royalty minero. SQM y Albemarle, los productores actuales, pagan una renta sobre las ventas. Según el gobierno, el primero permitiría recaudar más.
El gobierno está licitando el equivalente a seis veces el consumo mundial de litio de 2020. Hoy un comité especial recomendará al ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, cómo realizar la adjudicación de los derechos. SQM podría quedar fuera: fue la oferta más baja de todas.
El ministro de Energía y Minería dice que Chile debe elevar su producción para recuperar participación de mercado, defiende la licitación en curso y se reunirá con los equipos de Gabriel Boric para explicar el proceso que el futuro gobierno pide frenar. Frente a las críticas, recuerda que el gobierno de Michelle Bachelet selló un pacto con SQM y entregó derechos sobre el litio a Codelco poco antes de terminar su mandato, en 2018.
