La diputada -foco del lío de platas que puso en jaque la promesa de probidad del gobierno de Gabriel Boric- afirma que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año.
En reemplazo de la parlamentaria de Antofagasta, la diputada Maite Orsini este martes asumió en esta instancia. Con ello, se materializaba una medida que hace tiempo venía rondando en el Frente Amplio, de sacar a Pérez de esta comisión, una de las más importantes de la Cámara.
La nueva directiva de Revolución Democrática busca aprovechar su instalación para darle un aire fresco al partido tras las cuestionadas vocerías del senador Latorre. Del mismo modo, contemplan mantener la estrategia judicial proactiva e implementarán un sistema de prevención de delitos en la interna del partido.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: "¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.
Este jueves se conoció la declaración ante la fiscalía del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló la polémica. Sus afirmaciones volvieron a instalar las dudas sobre cuándo se enteró La Moneda del asunto debido a que el Ejecutivo indicó que conocieron el tema el día 16 de junio, lo que provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano activaran nuevas gestiones fiscalizadoras.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
La arremetida de los diputados de oposición se produce luego de que este jueves se conociera el testimonio del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, quien ante el Ministerio Público aseguró que la legisladora sabía de los millonarios convenios de Democracia Viva -ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
A través de un requerimiento al Ministerio Público, como querellante en la causa, pidieron la declaración como testigos de nueve de sus militantes, entre ellos la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. En un inicio RD había apuntado en la primera querella que todos los mencionados en una diligencia podían declarar como testigos o imputados; sin embargo, en la nueva solicitud la colectividad hace una distinción de las pesquisas en dos grupos: por un lado, se pide que sean requeridos solo como testigos los que son militantes, y se separa de ellos -para que puedan tener calidad de imputados- los expulsados Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la suspendida congresista.
