Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
Diputada explicó trazabilidad de los depósitos y dio su versión. "Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios", aseguró.
“Si ustedes quieren que yo sepa lo que la fiscalía supo en seis meses de investigación en una llamada de diez minutos me parece bastante improbable”, sostuvo, a propósito de la conversación en que Catalina Pérez le informó del caso una semana antes de que se conociera por la prensa.
En un reservado informe de la Unidad de Lavado de Activos enviado a la Fiscalía se analizaron los movimientos bancarios de la diputada (RD). Se concluye, además, que en cuanto al origen de fondos, "se advierte que ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada" para "aportes de campaña" y asesorías. Además de su expareja, entre agosto y septiembre, también recibió abonos por parte de la Seremi de Medioambiente de Antofagasta, Sercotec de la región y la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa.
La diputada -suspendida de su militancia en RD- insistió en que no ha "recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, la fundación de su expareja que dio origen al denominado caso líos de platas.
El parlamentario entregó su testimonio el 6 de diciembre ante el Ministerio Público, en calidad de testigo, donde no descartó que la parlamentaria pudo haber influido en el cierre de los convenios. Allí reveló las horas más críticas desde que estallaron los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, donde advirtió que con Miguel Crispi sólo habló luego del escándalo sobre que el caso "iba a impactar mucho al gobierno y a nuestro proyecto político".
La militante de RD tuvo que salir del Minvu por su responsabilidad política en el caso Democracia Viva. Al dejar el gobierno, fichó al abogado Jaime Winter para enfrentar la causa en su contra. Ya declaró como testigo, mantiene estricto silencio y todos los involucrados en el lío de platas dicen haberle informado a ella de los convenios que originaron el escándalo.
El senador rehuyó durante la semana responder a las últimas declaraciones de Catalina Pérez. “No me interesa polemizar”, dijo el legislador, quien ha sido uno de los más damnificados de la crisis por el lío de platas.
Ricardo Díaz había asegurado que, en su opinión, había un "intento" de la legisladora y su entorno "de ir juntando recursos para futuras elecciones".
"Respecto a que no me entregaron otra información antes, efectivamente no lo recibí. Hay que preguntarle a las personas que tenían esa información por qué eso no fue así”, sostuvo el titular del Minvu.
El integrante de la comisión investigadora especial (CEI) por los líos de platas políticas apuntó a Tatiana Rojas y a Juan Ignacio Latorre -ambos militantes de RD- por su responsabilidad en el caso de Democracia Viva. Además, defendió a Catalina Pérez: "Creo que ella dice la verdad (...), a veces uno tiende a creer todo lo que la pareja le afirma".
El presidente de la UDI, tras los datos entregados por el contralor Jorge Bermúdez sobre las auditorías a 15 seremías del Minvu -y luego de las declaraciones a La Tercera de la diputada Catalina Pérez-, señaló que “cuando van apareciendo nuevos antecedentes que muestran un mecanismo, un modus operandi, parece poco coherente que se están haciendo todos los esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias”.
Después de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, resonaron nuevamente los nombres de Carlos Montes, Miguel Crispi, Juan Ignacio Latorre y Tatiana Rojas, quienes durante las últimas semanas se han mantenido en silencio respecto al caso que involucra a la Fundación Democracia Viva.
La diputada por la Región de Antofagasta, manifestó que informó al gobierno y las autoridades de Revolución Democrática durante la primera semana de junio, antes de que el caso estallara públicamente. Ante esto, figuras de oposición han puesto en duda sus palabras, mientras que desde el oficialismo desdramatizaron el asunto de las fechas.
