"Es inviable continuar con el debate constitucional desde el extremismo jurídico y el afán refundacional -o revolucionario- imperante".
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Aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, sin indemnización para la minería, agroindustria y sanitarias, entre otras. Eduardo Bitran, exministro de Obras Públicas de Bachelet, crítica fuertemente la iniciativa y asegura que la nueva Carta Magna debiera consignar el uso público del agua y las prioridades de su uso.
Respaldada por 22 constituyentes de pueblos originarios, Chile Digno y Pueblo Constituyente, la normativa indica: “Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981″. Por otra parte, se rechazó que las aguas en territorio indígena “son de propiedad de comunidades, personas naturales y organizaciones indígenas en general".
Desde Sonami y el Consejo Minero reaccionaron a la moción. En tanto, constituyentes llaman a la calma, en consideración de que esto sólo abre la discusión sobre la minería y que hay otras normas que abordan el asunto y no plantean una nacionalización inmediata.
La economista además coincidió con los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones, y con la consejera del CFA, Paula Benavides, respecto a que la Constitución consigne el principio de justicia intergeracional, el cual guíe la política fiscal.
La próxima semana debería concretarse la votación en general de estas propuestas. Algunas plantean un sistema de reparto, otras hablan de cuentas individuales, mientras hay quienes lo dejan a criterio de ley. Por otro lado, algunas proponen que el sistema solo pueda ser administrado por un ente público, en tanto que otras piden que las personas tengan libertad para elegir.
"Estándares de transparencia e integridad en la función pública son elementos clave que necesitamos dar por asegurados para volver a confiar en las instituciones, confiar en el otro y construir juntos ese país que queremos".
La economista se refirió esta mañana en el Congreso del Futuro principalmente a cómo la economía puede tener un propósito público y que el bien común sea el centro de cómo esta se organiza.
La propuesta necesita conseguir 15 mil firmas de aquí al 1 de febrero para ser discutida por el órgano.
El gremio empresarial expuso ante la Comisión de Sistema Político del órgano que redacta la nueva Constitución.
El órgano autónomo envió un documento a la asamblea y advirtió que nose trata de un principio "que presuponga un determinado tamaño del Estado, sino que debe estar presente cualquiera sea la dimensión de éste”.
