La operación no implicaba un solo acto administrativo, sino que dos, y en dos tiempos distintos. El primero requería de un decreto supremo para dar luz verde a la celebración del contrato entre la familia y el Fisco. El segundo -que no alcanzó a ocurrir- exigía un nuevo acto administrativo, también afecto a la revisión del ente contralor, para aprobar la compra después de suscribir el contrato ante notario e inscribir la propiedad a nombre del Estado. La primera parte de este polémico proceso marcó el debut de Víctor Merino, el nuevo subcontralor.
