El senador UDI, actual presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, critica duramente el trabajo de la Convención y asegura que “no veo a nadie entusiasmado con el Apruebo”. Dice que en mayo su partido no sólo tomará una definición respecto del plebiscito de salida, sino que también sobre los caminos políticos que podrían derivar del Rechazo.
La administradora de fondos de pensiones también mostró su molestia por la poca participación que tendrían las AFP en el debate sobre el futuro de la seguridad social.
El expresidente socialista ha llamado directamente a algunos constituyentes del Colectivo del Apruebo y del Colectivo Socialista. Su preocupación por estos días, dicen en la Convención, apunta a cómo quedó el acuerdo en la comisión de Sistema Político y la idea de eliminar el Senado. Los exmandatarios Eduardo Frei y Sebastián Piñera, por su parte, también han hecho saber a sus entornos sus reparos por el devenir del proceso constituyente.
Entre otras cosas se aprobó un sistema de seguridad social público, y que se "garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas". En todo caso, no necesariamente quedan excluidos los privados del sistema con esta aprobación, según señaló el coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales. Aunque eso, desde Vamos por Chile, creen que no queda claro.
Roberto Garrido critica las propuestas que han sido visadas por la Comisión del Sistema de Justicia, respecto a eliminar la figura del Fiscal Nacional y reemplazarlo por un consejo con integrantes de carácter gremial y político. A su juicio, estas ideas deben cambiarse porque van a dificultar el rol que posee hoy el Ministerio Público y lo que hacen es debilitar al organismo que hoy debe perseguir delitos en Chile. "La propuesta va en contra de las posibilidades de uniformar criterios y formas de trabajo", sostiene.
Esto, a través de sus organizaciones sindicales. Eso sí, se establece que será la ley la que regule "los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho”. También se aprobó el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, donde los trabajadores podrán "elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial".
"Distintas encuestas evidencian que la Convención no solo no está cumpliendo con su mandato, sino que ha defraudado la confianza que una abrumadora mayoría de ciudadanos depositó en ella."
Se aprobó una indicación que establece que “la subcontratación estará permitida únicamente para actividades ajenas al giro de la empresa. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, tales como los contratos a honorarios que ocultan relaciones laborales o administrativas estables, o la tercerización y externalización de servicios”. Algunos convencionales alertan que podría afectar a las pymes.
Por 29 votos a favor -cuatro de ellos de Vamos por Chile- y 4 abstenciones, la Comisón de Derechos Fundamentales del órgano redactor aprobó esta indicación que deberá ser ahora vista por el Pleno.
El instituto emisor cree que "no resulta claro" el alcance de la frase donde se habla de “coordinación” con el gobierno, por lo que plantea revisarlo. No ve problemas en que la selección de candidatos al Consejo se haga por ADP, pero dice que el hecho de que el Congreso los ratifique de manera exclusiva, excluyendo al Presidente de la República, "sería bastante inédito en el mundo para naciones con régimen presidencial”. También objeta que un tercio del Congreso pueda destituirlos.
En tanto, el gerente general del banco, Eugenio von Chrismar, apuntó que si bien ve muy valioso que se están incluyendo temas en la Convención Constitucional "como la digitalización, el medio ambiente y derechos sociales necesarios para que el progreso sea inclusivo", también es importante procurar por el funcionamiento eficiente del Estado democrático, y el "resguardo de pilares básicos en materia económica y social".
Un total de 579 indicaciones ingresaron los convencionales de dicha comisión a distintas normas que votarán en particular entre este jueves y viernes, donde se encuentran, entre otros temas, los referentes a salud y pensiones.
Desde Copsa afirman que “con la aprobación de esta iniciativa, son mayores las obligaciones y limitaciones que se le imponen al Estado, las que tienen un costo, siendo los más inmediatos, el valor de construir de forma directa el plan de infraestructura vigente (alrededor de US$ 23.300 millones) y el costo de indemnizar los contratos vigentes para cumplir con el mandato constitucional (del orden de US$ 27.600 millones)”.
A una parte del sector no le cayó bien el llamado que hizo el Mandatario para que la Convención alcance acuerdos más amplios para aprobar sus normas. Yarela Gómez, una de las integrantes del FA, argumentó: “Hemos logrado no solamente consensos, hemos construido indicaciones juntos, hemos llegado en bloque a votar”. Otros defienden el rol del Mandatario y comparten su preocupación por las encuestas que arrojan que en el plebiscito de salida ganaría el Rechazo.
El próximo lunes el pleno de la Convención votará el informe de reemplazo de la comisión de Principios Constitucionales en el que se abordará un tema que, a juicio de los profesores de Derecho UC, Ricardo Irarrázabal y Juan Eduardo Ibáñez, es clave. Se trata del concepto de sostenibilidad, el que hoy sólo se estaría aplicando para efectos de la política fiscal, pero que, argumentan, debería abarcar temas ambientales, sociales y económicos.
