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En la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se abordó el proyecto de ley que busca establecer una cuota mínima legal de 40% en los directorios de las empresa fiscalizadas por la CMF.

Este martes, al término de un encuentro con los representantes del gran empresariado, el ministro de Vivienda puntualizó que "hay problemas serios de financiamiento", pero añadió que "no hubo algún compromiso de la banca en relación a si habrá una flexibilidad en los préstamos".

A nivel político, Evópoli, Demócratas y RN descartaron reunirse esta semana con el gobierno. La DC, en tanto, espera poder concretar un encuentro para ver los avances de las distintas materias que contendrá el pacto fiscal. Desde el gobierno, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, emplazó a la oposición a mostrar una mayor flexibilidad para poder lograr un acuerdo.

La primera reunión de trabajo está convocada para el próximo viernes a las 8:30 horas en la sede del gran empresariado y tendrá como primera tarea planificar la metodología a seguir. Si bien el mundo empresarial repara en que aún no conocen en detalle la iniciativa que pretende enviar el gobierno, transmiten su preocupación por la nueva arremetida para instalar la facultad sancionatoria en el Sernac.

"No deja de llamar la atención que un gremio que señaló que el tema del crecimiento era de particular relevancia, y debía ser el centro de un pacto fiscal como el que estamos trabajando, requiera más tiempo para formular propuestas respecto de un proceso que inició hace casi dos meses”, afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Necesitamos más tiempo para hacer propuesta serias, pero el plazo está muy acotado y no veo que sea factible cumplirlo", dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, de cara a que se cumpla el plazo del gobierno para insistir con la reforma tributaria en el senado.

En una declaración pública la multigremial empresarial afirmó que se deben revisar aspectos que pueden perjudicar la actividad económica, como son “la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”.

El jurista que patrocinó el "téngase presente" que hizo la Confederación de la Producción y del Comercio ante el Tribunal Constitucional por la iniciativa, volvió a criticarla duramente, señalando que "hay gente en el oficialismo que ve en esto una oportunidad para disparar en contra del empresariado. En vez de disparar en forma selectiva y atacar ciertas conductas, lo que vemos es una bomba de racimo. Hay una mirada ideológica con normas para combatir el crimen organizado, narcotráfico y pornografía infantil. Ese es el estándar al que están sometiendo los delitos económicos".

El ministro de Justicia abordó la determinación del Tribunal Constitucional, que resolvió que no hay normas que contravinieran la Constitución respecto del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales.

"Acá no se está imputando delitos a un directivo o gerente de una empresa por el solo hecho de serlo, sino que cuando ese directivo interviene directamente en la comisión de un delito. Muy contento que tras 5 años de tramitación, finalmente nuestra ley de delito económico vea la luz”, sostuvo Matías Walker.

La iniciativa cerró este martes el trabajo realizado por el pleno del Tribunal. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.

“Cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tiene impacto en los mercados, la respuesta es exactamente la misma”, puntualizó el secretario de Estado.

El ministro se reunió con la Confederación de la Producción y Comercio del Biobío y participó de un seminario en la Universidad de Concepción.

"Estamos de acuerdo en que se busquen sanciones a los delitos económicos, pero tiene que resguardar la proporcionalidad y la igualdad ante la ley”, dijo Susana Jiménez.