Este miércoles a las 8 de la mañana seis ministros deben pronunciarse sobre el proyecto minero por US$ 2.500 millones. En agosto de 2017, el rechazo a la iniciativa del comité de ministros del gobierno de Michelle Bachelet terminó con la salida del equipo económico. La decisión de mañana tiene otro condimento: el propio presidente Gabriel Boric manifestó su posición el día en que resultó electo. “No a Dominga”, exclamó en su primer discurso.
El abogado representante de las agrupaciones, Marcelo Castillo, señaló que “dadas sus declaraciones previas y su relación de amistad con el abogado de la ONG Oceana, sería moralmente reprochable que la ministra Rojas participe en el Comité de Ministros respecto del proyecto Dominga”.
La Asociación Comunal de La Higuera solicitará la inhabilitación del subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño ante el Servicio de Evaluación Ambiental y a la Contraloría General de La República. Esto, debido a que la autoridad el 3 de junio de este año se había manifestado contrario a la iniciativa en una entrevista en el programa La Voz de Los Que Sobran. Oceana y la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros cuestionaron dicha arremetida legal.
Ad portas de ser sometidas a votación las reclamaciones en contra del proyecto Dominga de Andes Iron en el Comité de Ministros, el Ministerio del Medio Ambiente a través del subsecretario, Maximiliano Proaño envió un oficio en el que cuestionó la iniciativa. Sostuvo que su línea base se realizó hace diez años y apuntó a una serie de falencias en su evaluación como la falta de información sobre las emisiones atmosféricas y el potencial afectación al pingüino de Humboldt, entre otras especies.
El 24 de octubre el Ministerio de Salud emitió un reporte al Comité de Ministros en el que cuestionó la temporalidad de los informes elaborados por el titular para validar que cumple con las exigencias ambientales. Según el Minsal, el proponente concluyó que las emisiones atmosféricas del proyecto, sumadas las del proyecto Puerto Cruz Grande, no introducirían cambios significativos en la calidad del aire en el área de influencia.
La semana pasada las alarmas se encendieron en la minera, luego que el 4 de agosto la directora nacional (s) del Servicio Agrícola Ganadero, Andrea Collao, ingresó un escrito al SEIA en el que si bien reconoce que las materias abordadas no son del ámbito de su competencia, igualmente manifiesta reparos. Se trata de un vuelco en la opinión manifestada por la autoridad, ya que en un oficio del 30 de junio manifestó que “las respuestas entregadas por el titular a las observaciones del SAG, en las distintas etapas del proyecto, son satisfactorias".
El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo presentó un informe en que respaldó la tramitación de la iniciativa minero portuaria de propiedad de Andes Iron. En su presentación ante el Comité de Ministros sostuvo que "todas las materias cuestionadas en los citados recursos fueron debidamente abordadas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, y correctamente consideradas en la Resolución de Calificación Ambiental y en la respuesta otorgada a cada una de las observaciones ciudadanas formuladas".
Cinco entidades públicas han contestado los oficios de la directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. En sus respuestas, tres de ellos (SAG, Sernatur y Sernapesca) manifestaron su conformidad ante las medidas de compensación que prometió implementar Andes Iron en la construcción del megaproyecto minero-portuario. Mientras, Conaf aseguró que la iniciativa provocaría la extinción a corto plazo del Pato Yunco y el Pingüino de Humboldt.
Oceana, representada por Ezio Costa, abogado y el director ejecutivo de la ONG FIMA, lanzó el 15 de junio una última arremetida para derribar el proyecto Dominga y acompañó al expediente del caso un informe denominado ”Fundamentos para el Rechazo Definitivo del Proyecto Dominga”. El documento compila toda la información de carácter técnico presentada hasta la fecha y que sirve para respaldar los argumentos contra la iniciativa, relativos al impacto en el medio marino.
Esto luego de que el 18 de mayo pasado, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, enviara una serie de oficios a distintas reparticiones públicas para resolver las 26 reclamaciones que han presentado opositores al proyecto minero Dominga.
Tras el fallo de la Corte Suprema que a mediados de mayo rechazó las reclamaciones de los opositores al proyecto, la directora del Sistema de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, envió consultas a diversas autoridades, entre quienes están los subsecretarios de Salud, Pesca y Medio Ambiente, cuyos ministros deberán luego pronunciarse. También a las jefaturas de la DGA, el SAG y Sernatur, entre otras entidades, quienes tienen 20 días para pronunciarse.
La organización lamentó que la Corte Suprema no se haya pronunciado sobre el destino definitivo de la iniciativa.
"Esperamos que quienes se han opuesto a este proyecto tengan la altura de miras para aceptar que en este caso su postura no tiene fundamentos”, dijo el gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón.
El tribunal estableció que, en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte dicha instancia, por lo que se encuentran a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes.
El jefe comunal de La Higuera, comuna en la que se construirá el proyecto, sostuvo que espera que en el contrato de venta de la minera se establezca, para el grupo comprador, la obligación de cumplir las medidas de mitigación que ofreció la compañía ante la Corte Suprema, entre ellas, la entrega de agua potable gratis durante 25 años.
