La parlamentaria opositora llegó este martes hasta el Centro Penitenciario de Molina, Región del Maule, para visitar al exuniformado, catalogando su condena por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas como una “injusticia”.
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No solo eso, tras visitar al exuniformado, la parlamentaria opositora catalogó su condena por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas como una “injusticia”.
La presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara llegó este lunes hasta la cárcel de Molina para manifestar su apoyo a Patricio Maturana Ojeda, quien fue sentenciado a más de 12 años de presidio, como el autor del disparo de la bomba lacrimógena que impactó en el rostro de la representante de la Cámara Alta.
Este viernes, la legisladora señaló que no participará de la tercera Cuenta Pública del mandatario, afirmando sentirse "decepcionada" de su gestión.
La legisladora independiente de la Región Metropolitana planteó que el Jefe de Estado ha olvidado sus compromisos en materia de derechos humanos y garantías de reparación a las víctimas de la “violencia del Estado”.
"La iniciativa, de seguir impulsándose, requiere una cuidadosa elaboración e importantes ajustes, incluyendo la resolución de inconsistencias en su texto, para asegurar que cumpla eficazmente con sus objetivos sin socavar derechos fundamentales como la libertad de expresión”, advirtió el pleno de ministros.
"Asumo el compromiso de trabajar en los esfuerzos destinados a garantizar el cumplimiento riguroso de la Ley del Lobby y el reglamento de la corporación. Para lograrlo, nos enfocaremos en la recopilación exhaustiva de antecedentes", dijo la legisladora independiente, quien hoy está a cargo de la instancia disciplinaria del Senado.
Hasta el momento, el Senado es la única institución que no ha tomado cartas en el asunto. Según la Ley de Lobby, la instancia disciplinaria, que preside la legisladora independiente, es la encargada de resolver si senadores, que asistieron a los encuentro organizados por el lobista, faltaron a la normativa.
Por su parte, la senadora Fabiola Campillai declaró "no creer" en las disculpas, pero las recibe. Además, sinceró que espera que el general director de Carabineros renuncie a su cargo.
La senadora Fabiola Campillai ingresó ante el tribunal de alzada el informe que responde al recurso presentado por el excarabinero acusado de disparar en contra de Gustavo Gatica, Claudio Crespo. El exoficial expuso que la parlamentaria "vulneró" sus derechos al llamarlo "violador de DD. HH." y vincularlo a una empresa que se adjudicó un contrato con el Estado. La autoridad respondió ante la Corte de Apelaciones de Santiago que aquello obedeció a "una crítica política, fundamentalmente respecto de un acto de carácter público".
El excoronel de Carabineros ahora solicitó la sanción de la parlamentaria, luego de que, a juicio de su abogado, no contestara un informe requerido por la Corte de Apelaciones ante un recurso de protección. "Supone un nivel de gravedad mayor por el manifiesto desprecio a la institucionalidad", dice la solicitud del acusado de dejar ciego al estudiante Gustavo Gatica.
La legisladora fustigó los dichos de Ángel Valencia, quien tras asistir a una comisión del Senado aseguró que las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social no han demostrado antecedentes de sistematicidad.
En la Ley de Presupuesto 2024 el ítem Programa de Derechos Humanos del Estallido Social se redujo en un 100%. De $181.155.000 aprobados para 2023, se pasó a $0. De la misma forma, tampoco hay recursos asignados para “víctimas de violencia institucional”. Desde el gobierno explican que los fondos para la prometida reparación se sumarán al presupuesto de otros ministerios -pues corresponderán a medidas sectoriales- y gracias a convenios que la Subsecretaría de Derechos Humanos está ultimando a través del plan ad hoc. El hermano de Gustavo Gatica, una de las víctimas emblemáticas, acusa "una sensación de abandono y desamparo".
De forma unánime, la Tercera Sala estimó que la acción del exfuncionario contra la parlamentaria menciona "hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías" y que, por lo mismo, debió haber sido acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según el fallo divulgado este viernes por el Poder Judicial, al poner en duda ante la luz pública la ceguera de la querellante “se deshonra la dignidad de la senadora Campillai, pues se le atribuye implícitamente un actuar malicioso y un aprovechamiento de su condición de no vidente".
