"La entidad responsable de supervigilar los casinos de juego es la Superintendencia de Casinos. Así que sabemos que están mirando con mucha atención esta información, y por supuesto tomar las medidas que corresponda si se constata algún abuso en esta materia”, indicó por su parte el ministro de Hacienda.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que confía en que la FNE y el sistema judicial harán bien su tarea “para que este acto que se está denunciando se persiga y se pueda castigar con todo el rigor de la ley”.
La Fiscalía Nacional Económica expuso en la primera de las audiencias públicas ante el TDLC, a solicitud de la Asociación del Retail. Entre los riesgos estableció la existencia de interrelaciones en la industria, con participaciones en competidores y relaciones de parentesco dentro de los principales operadores, y la existencia de relaciones de propiedad vertical o integración vertical entre operadores y determinados locatarios.
Esto, luego de una investigación de la División Antimonopolios en contra de Abastible, Gasco y Lipigas que detectó posibles infracciones a la normativa sectorial que serán comunicadas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La Fiscalía Nacional Económica examinará además los mecanismos de sugerencia de precios de las agencias de viaje online y las cláusulas que podrían afectar la evolución competitiva del mercado. El informe preliminar se entregará en diciembre, y el final en marzo de 2024.
Durante 2022, los ingresos de Soprole se elevaron 14%, pero sus ganancias bajaron. "Fue un año especialmente desafiante por el aumento de los costos de materias primas y particularmente del precio de leche a productor", dijo el gerente general. La firma distribuyó dividendos por $107 mil millones por utilidades de ejercicios pasados y pidió un préstamo por más de US$100 millones. "Mantuvimos a Soprole en un nivel de resultados cercanos a lo planificado", subrayó el máximo ejecutivo de la compañía.
Las diligencias se desarrollaron desde mediados del año pasado bajo absoluta reserva y sólo hasta hoy es posible conocer los pasos del órgano antimonopolios. El caso comenzó cuando el exjefe de la División de Litigios de la FNE, Cristián Reyes, hoy senior counsel de Aninat Abogados, presentó una denuncia en contra de las gigantes tecnológicas, acusando presuntos “cobros excesivos” y una “falta de transparencia contractual”.
El proceso lleva más de un año en análisis. Actualmente, la FNE y los operadores están viendo la forma de que Enjoy enajene el casino de Rinconada a un actor que restituya la competencia en la zona y la Fiscalía debe visar al comprador.
Sin embargo, el cierre de la transacción aún debe cumplir con otros requerimientos usuales para este tipo de operaciones.
El 24 de enero, las partes presentaron una nuevo paquete de mitigaciones para intentar aprobar una operación que ya lleva un año en análisis. La Fiscalía les pidió saber quién se quedaría con el inmueble de Los Andes antes de aprobar. La partes se comprometieron a que el cierre de la transacción estuviera supeditado a ello.
Ambas operaciones se comunicaron en noviembre, sin embargo, fue sólo hace un par de semanas que la Fiscalía Nacional Económica dio el visto bueno a las notificaciones para abrir las respectivas investigaciones. El check del organismo es clave para concretar el traspaso de Soprole desde Fonterra a Gloria; y el de Komax hacia los mexicanos de Axo.
La FNE le propuso al Ejecutivo criterios para incrementar la competencia en negocios de funerarias y cementerios para beneficiar a los consumidores con precios más convenientes.
El TDLC destacó que esto deja en condiciones equivalentes a los tres principales actores de la industria supermercadista y señaló que “la necesidad identificada no amerita que se impongan a Cencosud obligaciones más exigentes que las que actualmente se aplican a sus competidores, en particular Walmart, como empresa que cuenta con la mayor participación de mercado, y el tercer actor, SMU”.
Si bien ambas compañías ya le habían ofrecido a la FNE la venta del centro de juegos de Enjoy, el organismo pidió más detalles sobre cómo se concretaría esa enajenación. Basándose en la misma Guía de Remedios de la Fiscalía, las dos empresas habrían planteado desprenderse del activo en nueve meses, poniendo el acento eso sí en que hay una parte del proceso que no es resorte de ellos sino de la Superintendencia de Casinos.
Es abogado de la Universidad Católica y se encuentra cursando un Doctorado en Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF),
