Anoche, al filo del plazo, las partes ingresaron un recurso de revisión especial al Tribunal. Este mecanismo entrega al TDLC la facultad de resolver una operación de concentración que haya sido prohibida por la FNE.
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"Empresas competidoras que desean gozar de los beneficios anticompetitivos del interlocking podrían crear sociedades de papel para inactivar la prohibición".
En un extenso informe, la Fiscalía argumenta por qué la fusión de ambas isapres podría llevar a un alza de precios y una baja en la calidad del servicio que entregaría la nueva isapre. Asimismo, muestra los factores que llevaron al organismo a rechazar los mitigantes que plantearon las partes. Es más, apunta a que existía una vía posible para llevar adelante la operación: la desinversión.
El organismo argumentó, entre otras cosas, que tomó esta decisión porque “en la práctica, ello se traduciría en mayores precios en los planes de salud de actuales o de nuevos afiliados y/o afectaría la calidad de dichos planes".
En su resolución, el TC ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) suspender el procedimiento y solicitó copia autorizada de las principales piezas del caso. Esto luego que el pasado 10 de enero, a casi tres meses de presentado el requerimiento de la FNE, Brink’s acudiera al Tribunal Constitucional exigiendo acceder al expediente investigativo a fin de tener “igualdad de armas”.
El exministro de Hacienda también señaló las recomendaciones del organismo deberían ser vinculantes.
La Corte Suprema mantiene abiertos tres procedimientos de ayuda internacional a las jurisdicciones de España, Portugal y Uruguay a solicitud del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia por las dificultades que ha reconocido la Fiscalía Nacional Económica en la notificación del requerimiento a ejecutivos acusados.
El Jefe de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, afirmó que las objeciones planteadas por Microsoft son absolutamente infundadas.
La FNE debería haber dado su veredicto a fines de noviembre. Sin embargo, días antes, el análisis se suspendió, luego de que las isapres ingresaran un primer paquete de medidas. Desde mantener planes equivalentes entre ambas compañías hasta sumar programas de cumplimiento aparecen entre los ofrecimientos. Sin embargo, no fue suficiente para la fiscalía. Y ya hay nuevos intentos por mejorar la oferta.
La iniciativa apunta a que Abastible, Lipigas y Gasco no participen de la comercialización directa al público.
Ha conducido once causas -siete requerimientos y cuatro acuerdos extrajudiciales- desde que fue nombrado subfiscal nacional Económico. Por ley, ha reemplazado en ellas al titular, Ricardo Riesco, por inhabilidades de este último, y ahora es la cara visible de los dos primeros requerimientos por interlocking. Felipe Cerda Becker -un técnico de bajo perfil- proviene del mismo estudio de abogados que su jefe y fue quien implementó el mecanismo de control de fusiones en el organismo.
La idea es colaborar con la investigación que lleva adelante el organismo.
En referencia a los casos emblemáticos de colusión que ha vivido el país, Ricardo Riesco dijo que incumplimientos de este tipo, por el efecto mediático, "pueden llevar a la quiebra de las compañías involucradas”.
Esto se podría realizar mediante distribución directa o a través de distribuidores minoristas autorizados por ley.
Además, pidió al TDLC que aplique multas por $162 millones a Juan Hurtado Vicuña, de $1.287 millones a Consorcio Financiera y de $ 1.852 millones a LarraínVial. En total las multas suman de $3.301 millones.
