La entidad dijo que eso puede llevar "a que las personas no tomen decisiones racionales y a que los precios no sean propios de un mercado competitivo”.
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La Fiscalía solicita al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que se le aplique a la empresa una multa de $641,7 millones, además de una serie de medidas correctivas.
Este martes a las 15:00 horas está prevista la reunión de la comisión investigadora para evaluar y votar el informe.
En su Resolución, el TDLC señaló que las obligaciones asumidas en el Acuerdo Extrajudicial “constituyen medidas de mitigación conductuales que cautelan la libre competencia toda vez que son proporcionales e idóneas para mitigar los riesgos anticompetitivos identificados".
Desde el organismo señalaron que la entidad fiscalizadora carece de antecedentes adicionales a los que son públicos sobre esta licitación.
Desde Brink’s señalaron que “nos ponemos a total disposición de la autoridad", mientras que en Prosegur indicaron que “Prosegur Cash ha colaborado con la Fiscalía Nacional Económica desde el inicio de la investigación que se llevó a cabo en este proceso”,
Desde la entidad fiscalizadora propusieron, entre otras cosas, modificar las cláusulas contractuales entre operadores de malls y locatarios que afectan la libre competencia.
El último caso conocido es el del cartel en el mercado del trasnporte de valores.
“Todo este tipo de colusión siempre el consumidor es el que paga los platos rotos”, dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu.
La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de Libre Competencia contra Brink’s, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre 2017 y 2018. Además, pidió multar a los tres gerentes generales de las empresas y dos ejecutivos regionales. El caso se abrió con una delación compensada de una ejecutiva de Brink´s y afectó a varios bancos e incluso a la Teletón de 2018.
De acuerdo al último sondeo de Cadem, estas compañías mostraron una baja de 36 puntos entre febrero y octubre. Hoy se ubican en las últimas posiciones, solo superando a las Isapres y las AFP.
La cadena dijo que los proveedores son los que están realizando imposiciones y que el uso de sus sistemas de reposición han generado efectos negativos en las salas de venta. La AGIP respondió y reafirmaron que la empresa está ejerciendo abuso de posición dominante.
Durante la sesión en la Cámara Baja, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso las conclusiones del informe preliminar del estudio de mercado elaborado sobre el mercado del gas licuado y gas natural, y detalló sus recomendaciones para mejorar la competencia en ambos segmentos.
La firma dijo que Chile importa el GLP que se consume en el país, por lo que el precio local depende directamente del precio internacional.
En su análisis la FiscalÍa Nacional Económica planteó, entre otras medidas, prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores.
