Desde la entidad fiscalizadora propusieron, entre otras cosas, modificar las cláusulas contractuales entre operadores de malls y locatarios que afectan la libre competencia.
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El último caso conocido es el del cartel en el mercado del trasnporte de valores.
“Todo este tipo de colusión siempre el consumidor es el que paga los platos rotos”, dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu.
La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de Libre Competencia contra Brink’s, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre 2017 y 2018. Además, pidió multar a los tres gerentes generales de las empresas y dos ejecutivos regionales. El caso se abrió con una delación compensada de una ejecutiva de Brink´s y afectó a varios bancos e incluso a la Teletón de 2018.
De acuerdo al último sondeo de Cadem, estas compañías mostraron una baja de 36 puntos entre febrero y octubre. Hoy se ubican en las últimas posiciones, solo superando a las Isapres y las AFP.
La cadena dijo que los proveedores son los que están realizando imposiciones y que el uso de sus sistemas de reposición han generado efectos negativos en las salas de venta. La AGIP respondió y reafirmaron que la empresa está ejerciendo abuso de posición dominante.
Durante la sesión en la Cámara Baja, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso las conclusiones del informe preliminar del estudio de mercado elaborado sobre el mercado del gas licuado y gas natural, y detalló sus recomendaciones para mejorar la competencia en ambos segmentos.
La firma dijo que Chile importa el GLP que se consume en el país, por lo que el precio local depende directamente del precio internacional.
En su análisis la FiscalÍa Nacional Económica planteó, entre otras medidas, prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores.
Además la entidad propone cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de ambos. La FNE estima que, de acogerse sus recomendaciones, el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiese disminuir alrededor de 15% y que el precio del gas natural que pagan los clientes de Metrogas debiese bajar entre 13% y 20%.
Tras fallo de la Corte Suprema que acreditó que Jano realizó actos de competencia desleal para impedir que Pasmar, holding de Mosa, levantara un mall en Valdivia, ahora ambos se enfrentarían en instancias de libre competencia. En paralelo, Pasmar prepara acción indemnizatoria por los dos años de retraso del proyecto.
La autoridad tiene 60 días para analizar la operación, plazo que podría prorrogarse de común acuerdo entre las partes y la fiscalía.
La máxima instancia acogió parcialmente el escrito de aclaración y enmienda presentado por Quilín. Sin embargo, la federación tendrá que pagar 3.145 Unidades Tributarias Anuales por el cobro de la millonaria cuota de incorporación a los ascendidos a Primera B. La asociación no tiene ese dinero y es probable que los clubes tengan que asumir buena parte del castigo. Todo se discutirá el próximo lunes en el Consejo de Presidentes.
La sede de Quilín presentó un escrito de aclaración, rectificación y enmienda, en el que reclama que hay tres errores de cálculo en la condena por el cobro de la cuota de incorporación a la Primera B, que alcanza los 2,5 millones de dólares.
La máxima instancia confirmó la condena contra la sede de Quilín por exigir una cuota de incorporación desproporcionada para los clubes que ascendían a la Primera B. La cuantiosa sanción pega fuerte, ya que llega en medio de una grave crisis financiera en la sede del fútbol chileno.
