Según dijo la Fiscalía, esto se debe a que existen evidencias claras de que los servicios en cuestión se brindan con características monopólicas.
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El proceso se enmarca se realizará sobre la base de los requerimientos regulatorios de libre competencia establecidos en transacciones de este tipo. Las entidades financieras esperan obtener la aprobación dentro del presente año.
Ambas mediciones están enfocadas a estudiantes de universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica y a quienes hayan cursado alguna carrera a partir del año 2014.
Indura, la principal acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la presunta colusión en el mercado de gases industriales y medicinales, exige acceder a expediente completo de la investigación. Mientras Linde, empresa que fue eximida de multa tras acogerse a la delación compensada, pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia confirmar la exención de multa a sus ejecutivos.
La operación está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entre otras condiciones propias de la transacción. Por ahora no se mencionaron los recursos involucrados.
Negocios Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por compra de clínica por parte de la ACHS
La adquisición de la Clínica Maitenes de Melipilla fue anunciada justo hace un año y la FNE estaba al filo del plazo para llevar adelante su indagatoria.
Esto se da en el marco de la consultada presentada en enero de este año por la firma Verallia donde solicitó tener acceso a los precios de reserva y las ofertas recibidas en dichos procesos.
Marcelo Torres negó la acusación de colusión, luego que la Fiscalía Nacional Económica presentara un requerimiento en contra de Indura y Linde, y tres de sus ejecutivos por haber ejecutado prácticas colusorias en el mercado de gases industriales y medicinales entre noviembre de 2019 y enero de 2021.
La Corte Suprema deberá zanjar la disputa entre el Canal del Fútbol (CDF, ahora TNT Sports) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El conflicto surgió tras la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que multó a la señal televisiva con US$27,6 millones por abuso de posición dominante. La FNE criticó que el fallo no prohibió suficientemente las prácticas anticompetitivas del canal, permitiéndole seguir limitando promociones y fijando precios mínimos de reventa.
Un intenso debate generó la crítica que manifestó el pasado viernes la Corte Suprema al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a través de una sentencia en la que revocó la multa que aplicó el tribunal especializado a CorreosChile por posición dominante y competencia desleal. 14 juristas consultados por Pulso-La Tercera valoraron el poder de supervisión del máximo tribunal del país, pero también calificaron de "injusta" la reprimenda.
Inició una investigación en su contra por fijación de precios y aunque la cerró sin sanción, de todas maneras le envió un mensaje al mercado y a esta marca en particular respecto a su conducta frente a la competencia.
La Fiscalía Nacional Economía (FNE) comentó que el déficit de cobertura móvil y la viabilidad de los servicios multiportador y complementarios son parte de las razones que justifican que se mantenga tarificación de los servicios de telecomunicaciones.
Las multas interpuestas por el TDLC a Faasa e Inaer suman cerca de $5.500 millones, mientras que los ejecutivos involucrados tendrían que pagar aproximadamente $47 millones cada uno, de ser confirmada la sanción por la Corte Suprema.
Tienen menos de 50 años y están a cargo de las operaciones de dos de las principales empresas que operan en gases medicinales e industriales del país. Los gerentes generales de Linde Chile, Agustín Amadeo (46), e Indura, Claudia Sánchez (43), encabezan las compañías acusadas de colusión a fines de abril por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ambos, que asumieron sus cargos tras enterarse del caso que indagaba la FNE, han llevado a cabo una serie de cambios al interior de sus compañías y han tenido reuniones con sus clientes para explicar la acusación.
Ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los abogados Javier Velozo y Paula Vial asumieron la representación del ex ejecutivo de Indura. El ingeniero comercial es el único de los acusados que arriesga pena de cárcel por la presunta colusión con Linde.
