Si bien el plazo es de 45 días, el que se cumple el próximo 17 de septiembre, el decreto que regula su funcionamiento permite extenderlo, por una vez, hasta que se efectúe la entrega del documento final de trabajo.
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Los economistas apuntan a que si bien el presidente de la Fed dejó abierta la puerta para nuevas alzas de tasas en EEUU, el efecto de eso será momentáneo y hacia fin de año el tipo de cambio seguirá bajando.
Las ventas son para el periodo agosto a diciembre de este año por hasta US$2.000 millones mensuales.
En el texto se dividen entre medidas de corto y mediano plazo. “El primer paso para avanzar en una mejor regulación de las transferencias del Estado debiese ser clasificarlas y generar un informe consolidado que permita tener una visión holística sobre el funcionamiento de la relación del Estado con la sociedad civil en las labores sociales”, señala el documento.
De acuerdo a cifras que publica el Banco Central, entre enero y junio salieron del país otros US$ 2.785 millones de hogares y empresas no financieras -con una caída de 57,1% versus el segundo semestre de 2022-, completando poco más de US$30 mil millones desde 2020 a la fecha, en una tendencia que se gatilló tras el 18-0.
El ministro precisó que se realizará un reajuste fiscal debido a esto y a mayores gastos asociados a emergencias como incendios forestales e inundaciones, específicamente en salud.
La reunión abordará las propuestas del Gobierno y recogerá las iniciativas y opiniones de los distintos sectores políticos.
Mediante un instructivo emitido por la cartera, se apunta a mejorar la fiscalización del gasto público en esta materia, dado el cuestionamiento que ha habido sobre la institucionalidad tras destaparse los casos de traspasos irregulares de recursos a fundaciones. Según el documento, sus instrucciones son aplicables a convenios que establezcan transferencias a instituciones privadas, tanto en los casos que estas sean beneficiarias finales de los recursos, como si actúan a modo de entidades ejecutoras o administradoras de recursos cuyo beneficiario sea un tercero.
La seguidilla de investigaciones iniciadas con el caso Democracia Viva impactará en cómo se configura el gasto fiscal para el próximo año. Desde el gobierno afirman que en el erario de 2024 continuarán reduciendo las glosas presupuestarias que establecen excepciones respecto de las normas generales y pedirán mayores exigencias de concurso público para todas las transferencias a instituciones privadas. Los parlamentarios anticipan un “duro” debate y dicen que revisarán en detalle los recursos destinados a los gobiernos regionales y los de asignación directa.
Entre las medidas contenidas en la agenda de probidad y modernización del Estado se cuentan un instructivo de transferencias referido a convenios, un proyecto de Ley de Beneficiarios Finales, una reforma al CAIGG y un proyecto de ley que modifique la Ley de Rentas Municipales, entre otras. Además de una batería de propuestas de una comisión asesora que se conocerá a fines de agosto.
Mario Marcel apuntó a que pese este avance, aún quedan desafíos que cumplir en cuanto inflación y tasas, que llevarían al país a estabilizar la actividad y recuperar la inversión.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicaron lo que está pasando con el presupuesto de los gobiernos regionales. En su presentación dijeron que en el erario fiscal de este año no hay normas que flexibilicen normas y que las investigaciones se centran principalmente en 2022.
Javiera Martínez Fiscal nacional dice que es muy probable que Javiera Martínez sea citada a declarar
El Fiscal Nacional también dijo que es probable que también se cite a los ministros de Vivienda, Carlos Montes y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. "Es parte de lo que uno podría esperar que ocurra en este tipo de casos", apuntó.
Los exdirectores de Presupuesto Matías Acevedo y Sergio Granados discreparon sobre la explicación que entregó el ministro de Hacienda. Mientras el primero dice que es una responsabilidad de quien ejecuta el erario fiscal, el segundo afirma que se debe mantener la autonomía, pero mejorar las normas de control y rendición de cuentas.
El ministro de Hacienda hizo una fuerte defensa de la titular de la Dipres, en medio de los cuestionamientos por la flexibilización realizada en el Erario Fiscal 2023. Además, el secretario de Estado dio por superada la polémica con el presidente de la CPC, tras las que declaraciones del líder gremial que se entendieron como un llamado a sacar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
