En tanto, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric bajó del 32% al 29% en la última semana, mientras que su desaprobación subió al 64%.
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Fue una semana intensa para el ministro de Hacienda, quien tuvo que adelantar su regreso a Teatinos 120 tras las vacaciones para enfrentar la arremetida política de la oposición por el millonario traspaso de recursos desde la Corfo para paliar el déficit presupuestario de 2023. También lo fue para La Moneda, desde donde se diseñó el plan para responder a los cuestionamientos. Si bien los economistas coinciden en que fue una operación técnicamente correcta, apuntan al problema fiscal de fondo que subyace en este episodio y a la debilidad que, en ese sentido, exhibe Mario Marcel debido al incumplimiento de las metas. Asociado con lo mismo, analistas políticos estiman que el objetivo opositor es “rayar la pintura” al manejo del secretario de Estado y de su directora de Presupuestos.
"Ahora, afortunadamente, en medio de tantas polémicas, también hay organismos técnicos, autónomos, que no tienen una agenda política como la Contraloría, que van a revisar esta operación, y yo espero que una vez que salga ese informe, si descarta toda irregularidad, quienes se han dedicado a sembrar estas dudas, no sé, den alguna explicación, o presenten alguna excusa”, emplazó la ministra del Interior.
El ministro de Hacienda junto a la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, salió al paso de las críticas de algunos sectores de oposición: "Las reacciones destempladas que ha generado en parte el sistema político, amerita hacer un esfuerzo por proveer antecedentes que permitan un debate informado", sostuvo.
Con todo, el jefe de la billetera fiscal dio a conocer que se envió a Contraloría "el conjunto de los antecedentes relacionados con estas operaciones, los fundamentos que las sustentaron y el modo en el cual se implementaron”.
Con todo, la ministra (s) defendió que el gobierno ha “tenido un cumplimiento fiscal responsable, apegado a la normativa, pero por sobre todo transparente con todas las personas".
Desde el Ejecutivo indican que se piensa que la Corfo esta fuera del Estado, pero no es así, y tampoco tiene un tratamiento como si fuera empresa pública, por lo que los ingresos extraordinarios que hubo entre 2022 y 2023, si bien los recauda la Corfo, son parte de los ingresos fiscales de la nación.
El organismo contralor, dirigido por Dorothy Pérez, no quedó ajeno a la controversia y pese a que el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que todo estaba en orden y calificó la polémica de artificial, el ente fiscalizador -sin mediar denuncia-, decidió indagar la legalidad del traspaso de 3,4 billones de pesos.
La abanderada presidencial de la UDI y RN tuvo un rol activo en la decisión de los diputados de conformar una comisión investigadora, mientras que el fundador de los republicanos también endureció sus críticas hacia el Ejecutivo por el manejo económico. Ambos están usando la materia como eje principal de sus campañas, lo que también ha generado fricción entre ellos.
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia para que el ente fiscalizador se pronuncie sobre la cuestionada transferencia. A juicio de los abogados que realizaron la presentación, se habría vulnerado la ley y podría existir un delito de malversación de caudales públicos.
A través de un hilo en su cuenta de Twitter, Matthei expuso que “este Gobierno sistemáticamente ha sobreestimado los ingresos y subestimado los gastos”.
