El documento había sido exigido por diferentes sectores, dado, principalmente, porque consejeros y parlamentarios de Chile Vamos habían sostenido que tras la querella estaba la mano de un sector del Ministerio Público, desde donde supuestamente se había "apurado" la acción. Tras su publicación, Mario Desbordes confirmó la presentación de una querella por prevaricación contra los consejeros.
Acusan al instituto de actuar fuera del marco de sus competencias legales y utilizar indebidamente recursos fiscales.
La acción judicial se estampó luego de que el organismo recibiera un informe de la PDI que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Juan Antonio Poblete, vía el exministro Mario Desbordes, para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier al máximo tribunal.
A juicio de representantes de la oposición, Francisco Ugás no debió haber participado de la discusión, por lo que algunos consejeros plantearán que la situación sea revisada en el Consejo. El abogado, en tanto, descarta tener motivos para no haber propiciado la querella.
En el gobierno, en tanto, tomaron distancia del organismo. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que fue una “decisión precipitada”.
La solicitud de la ANMM se da luego que el Consejo del INDH decidiera querellarse por el presunto delito de tráfico de influencias en un nombramiento de la Corte Suprema.
La jornada del viernes de junio los consejeros del organismo encabezado por Consuelo Contreras recibieron en sus casillas un mail del secretario del Consejo donde se advertía: "Les remito propuesta de querella, con carácter de urgente, al tratarse el denominado caso 'Operación Topógrafo' de un juicio estratégico".
El ministro de Justicia diferenció la investigación de oficio abierta por el Ministerio Público y la querella anunciada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, asegurando que esta última entidad tiene competencias -a su juicio- “relativamente limitadas”, sobre todo ante delitos como el tráfico de influencias. "En Chile, quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”, afirmó.
"La semana pasada me echó la culpa a mí, a concejalas de la comuna que pretendería representar. Esta semana responsabiliza incluso al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero lo cierto es que es el fiscal nacional (Ángel Valencia) quien ha instruido iniciar una investigación de oficio, sin siquiera existir una denuncia, por la gravedad de los hechos", afirmó la alcaldesa de Santiago.
El exministro de Defensa sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaría actuando fuera de su marco legal al presentar la acción judicial. Además, arremetió en contra de Ximena Chong por tener “hace más de un año” un informe que “no tiene ninguna connotación especial”, y la acusó de exponerlo en medio de su carrera por disputarle la alcaldía de Santiago a Irací Hassler (PC).
Por mayoría de los integrantes del Consejo, el organismo dirigido por Consuelo Contreras pide se indaguen situaciones que, como detallaron, pondrían en riesgo la independencia de jueces y tribunales. Desde la derecha, en tanto, acusaron que se trataría de una campaña orquestada por la fiscal Ximena Chong para favorecer al PC.
Los parlamentarios apuntaron a que la acción de los consejeros fue "ilegal". Además, acusaron que "parece un acto de campaña en favor de Irací Hassler".
El exministro de Defensa arremetió contra la fiscal Ximena Chong por tener "hace más de un año" un informe que "no tiene ninguna connotación especial", y la acusó de habérselo entregado a Ciper en medio de su carrera por disputarle la alcaldía de Santiago a Irací Hassler (PC).
Considerando que conversaciones extraídas desde el celular del exjuez Juan Antonio Poblete, en el denominado caso Operación Topógrafo, revestirían características de delito, el organismo solicitó también en su querella (que acordó el pasado lunes) que la Fiscalía tome declaración a la diputada Sofía Cid (RN), al exministro Hernán Larraín (UDI), al exjefe de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal y al exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela.
La determinación surge a raíz de antecedentes que dieron cuenta de presuntas gestiones irregulares para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier.
