"Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos (...). Pero sí creo que fue generalizada”, dijo anoche Consuelo Contreras, directora del INDH, en Tolerancia 0. La postura es similar a la sostenida por el exjefe del organismo Sergio Micco, que terminó costándole el cargo. Abogados litigantes de los casos originados en 2019 analizan las implicancias legales que podrían tener estos comentarios y cuestionan el giro de la trabajadora social.
Consuelo Contreras afirmó que durante la sesión del consejo en que se decidió la acción judicial no se tuvo en consideración el contexto electoral del candidato a la alcaldía de Santiago y que tal falta de visión "puede ser" un error, pero que no hubiera cambiado la decisión del organismo.
El exministro de Defensa, y actual candidato a la alcaldía de Santiago, es vinculado en las supuestas maniobras del exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier para la Corte Suprema en 2021.
En la solicitud efectuada por el organismo indican que a María Teresa Letelier "le afectan circunstancias que impiden la debida imparcialidad respecto de la presente causa", respecto a la resolución que deberá emitir el lunes la Segunda Sala del máximo tribunal sobre si se designa la investigación a la Justicia Militar.
En la acción judicial, el exministro de Defensa acusa a los consejeros de haber actuado fuera de la ley al decidir querellarse por supuesto tráfico de influencias. "La acción del INDH no es contra mí, pero me menciona 30 veces", esgrimió el otrora presidente de Renovación Nacional, que aseguró no haber cometido delito alguno.
Consuelo Contreras calificó como "preocupante" la situación del exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), quien durante la jornada de ayer presentó una querella en contra de los consejeros del INDH por prevaricación.
El extimonel de Renovación Nacional acusa al instituto haber actuado fuera de la ley al decidir querellarse por supuesto tráfico de influencias.
El abogado de Schafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), quien se encuentra en prisión preventiva por la causa de la "Operación Topógrafo", pide que se discuta la remoción del INDH como querellante en la nueva arista o bien la representación, como defensa de una de las víctimas, del consejero Francisco Ugás.
Este martes, el expresidente de RN Mario Desbordes concretó la presentación de una querella en contra de los consejeros del INDH, a quienes acusa de haber actuado fuera de la ley al decidir querellarse por supuesto tráfico de influencias. "La acción del INDH no es contra mí, pero me menciona 30 veces", exclamó el otrora ministro de Defensa, que aseguró no haber cometido delito alguno. Anunció acciones contra la Fiscalía.
El documento había sido exigido por diferentes sectores, dado, principalmente, porque consejeros y parlamentarios de Chile Vamos habían sostenido que tras la querella estaba la mano de un sector del Ministerio Público, desde donde supuestamente se había "apurado" la acción. Tras su publicación, Mario Desbordes confirmó la presentación de una querella por prevaricación contra los consejeros.
Acusan al instituto de actuar fuera del marco de sus competencias legales y utilizar indebidamente recursos fiscales.
La acción judicial se estampó luego de que el organismo recibiera un informe de la PDI que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Juan Antonio Poblete, vía el exministro Mario Desbordes, para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier al máximo tribunal.
A juicio de representantes de la oposición, Francisco Ugás no debió haber participado de la discusión, por lo que algunos consejeros plantearán que la situación sea revisada en el Consejo. El abogado, en tanto, descarta tener motivos para no haber propiciado la querella.
En el gobierno, en tanto, tomaron distancia del organismo. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que fue una “decisión precipitada”.
La solicitud de la ANMM se da luego que el Consejo del INDH decidiera querellarse por el presunto delito de tráfico de influencias en un nombramiento de la Corte Suprema.
