La auditora general de Gobierno, Daniella Caldana, ha sido señalada en medio del caso líos de platas como quien flexibilizó controles respecto a transferencias de recursos; sin embargo, en su declaración ante el Ministerio Público descartó maniobras irregulares. Según expuso, las anomalías derivadas del caso no pasaron por las modificaciones que introdujo, sino porque terceros se pusieron de acuerdo para ello.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
Durante los primeros meses del 2024, el gobierno identificó los proyectos específicos a los que se va a destinar el 90% del presupuesto asociado a iniciativas de inversión.
Esta semana Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Tatiana Rojas y Javiera Martínez debieron declarar en calidad de imputados. El primero aseguró a La Tercera que en la diligencia aclaró que no tiene vínculos con los traspasos a ONG investigadas.
Los militantes de Revolución Democrática fueron citados por Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, y el fiscal jefe de la ciudad nortina Cristian Aguilar. Los persecutores viajaron para las diligencias que se desarrollaron en el edificio de la Fiscalía Nacional en Santiago.
Javiera Martínez está siendo indagada por el Ministerio Público por la presunta omisión de denuncia del caso.
Este jueves entregarán su testimonios -como imputados- el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. El viernes, en tanto, será el turno de la jefa de Presupuestos, Javiera Martínez. Más adelante será el turno del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); del representante de Democracia Viva Daniel Andrade y de la diputada Catalina Pérez.
Ambos mantienen calidad de imputados tras la presentación de una querella por parte de los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Cristián Araya.
Recién 26 de enero, siete días antes de que el pleno de la Corte Suprema aprobara la compra de los vehículos, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el documento con que formalizó la petición realizada meses antes para renovar la flota de vehículos. Ahí, Ricardo Guzmán hizo alusión a un "acuerdo" que había tomado Martínez el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. Eso sí, en ese entonces no se habló de que eran dineros para comprar autos.
La directora de Dipres, Javiera Martínez, destacó que el Presupuesto 2024 entrega herramientas para hacer frente a las debilidades que permitieron facilitar a la transferencia de recursos públicos a fundaciones que luego fueron cuestionadas tras conocerse los líos de platas.
En el último período, diputados opositores no le permitieron a la directora de Presupuestos ingresar a la sala de la Cámara durante la discusión del erario nacional y salieron a pedir su renuncia por su eventual responsabilidad en los traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones. Además, el informe de la comisión investigadora le hizo un reproche legal y administrativo y no consideró sus descargos por este caso.
A última hora fracasaron las gestiones para eximir al ministro de Vivienda de un juicio crítico de parte de la instancia investigadora de la Cámara. Un punto de prensa de la diputada Ericka Ñanco terminó por dinamitar las negociaciones con tres legisladores que eran cruciales para lograr un informe que protegiera al secretario de Estado.
El proyecto del Presupuesto 2024 ahora deberá ser revisado por la Cámara de Diputadas y Diputados para luego ser respaldado por el Senado.
Para aprobar el informe, la derecha debió atenuar la redacción contra el secretario de Estado, sin embargo, quedó una referencia que podría tener efectos constitucionales. El texto, además, cuestiona al jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, a quien le asigna responsabilidades administrativas y penales.
