Dos son los terrenos que hoy evalúa el Ministerio de Justicia para construir instalaciones para albergar a delincuentes de alta peligrosidad. Uno en Tiltil, que permitiría readecuar el penal que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos, y el segundo en Santiago Centro.
La solicitud del exmandatario se se produce después de que el máximo órgano de Justicia haya concedido a los tribunales de menor instancia la posibilidad de resolver por su cuenta en qué casos Trump se encontraba en pleno desempeño de sus funciones como presidente. Y, cuándo estos casos eran puramente personales y se escapaban del oficialismo, por lo que no quedan protegidos por esta inmunidad parcial.
La tarde de este viernes el presidente del máximo tribunal hizo entrega de los antecedentes al ministro Luis Cordero, quien en las próximas semanas debería presentar un proyecto de reforma. Entre otros aspectos, los magistrados proponen que las designaciones de jueces dependan de un ente autónomo integrado principalmente por jueces. Sugieren, asimismo, que se mantenga la participación de los tres poderes del Estado.
"Lo que creo que no puede pasar es que entremedio de este conflicto lo que se vea afectado es la institución", advirtió el titular de Justicia.
De acuerdo con datos reportados desde el Ministerio de Justicia, la nueva tecnología, además, ha permitido que dejen de operar 1.000 módem wifi que se encontraban al interior de Santiago 1, la exPenitenciaria y la Cárcel de Alta Seguridad.
A casi un mes de que comenzaran los destrozos en el recinto especial ubicado en Avenida Pedro Montt, autoridades ya han dispuesto una serie de medidas administrativas. Hubo cambio de alcaide y de jefe de régimen interno, aunque funcionarios del penal aún demandan mejores condiciones. En paralelo, Gendarmería comenzó la semana las reparaciones y, desde el Congreso, tanto diputados como senadores activan acciones.
Tras el fallo de la Corte Suprema, los abogados del ex mandatario quieren argumentar que la decisión del magistrado de darle inmunidad a los presidentes para actos oficiales debería invalidar su condena por encubrir el dinero pagado a la actriz pornográfica para silenciarla.
El fiscal José Domingo Pérez demandó las mismas penas para más de 40 involucrados en la situación judicial que afecta a la hija del exmandatario de ese país, Alberto Fujimori, además de solicitar la disolución del partido Fuerza Popular que lidera la excandidata presidencial.
El máximo tribunal dictaminó que los exmandatarios pueden estar exentos frente a cargos penales por actos realizados en el ejercicio de su autoridad constitucional, pero no en su carácter privado, marcando un precedente significativo sobre la inmunidad presidencial. El fallo podría retrasar el juicio que pesa sobre el republicano para después de las elecciones.
Anteriormente, el ministro de Justicia señaló que las declaraciones de la jefa comunal eran "irresponsables" y " osadas".
Sobre el exjefe militar boliviano Juan José Zúñiga junto a Juan Arnez, de la Armada y Edison Irahola, de la Brigada Mecanizada del Ejército pesa la acusación de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Se trata de la segunda mayor indemnización de este tipo decretada por la justicia y que tendrá que pagar el Servicio de Salud Metropolitano Central, el hospital y dos funcionarios, luego de que el médico Matías Ignacio Solari Díaz mantuviera a una mujer en trabajo de parto por más de 12 horas, tiempo que provocó la asfixia de la recién nacida, quien estará postrada toda su vida debido a las complicaciones que generó el actuar del equipo médico.
César Pizarro Pizarro fue formalizado durante la jornada de este miércoles como presunto autor de las amenazas que afectaron en enero pasado al titular de Justicia, al director nacional de Gendarmería y a la exalcaide del la Cárcel de Alta Seguridad. Quedó con prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional, pero aunque hoy hace noticia por estos hechos, lleva bastante tiempo llamando la atención de funcionarios penitenciarios.
El Pleno del máximo tribunal tomó la decisión en torno a los cuestionamientos que han surgido ante un presunto tráfico de influencias en las nominaciones de jueces.
Hasta el momento, según comunicó el OS9 de Carabineros, al sujeto no lo han podido vincular a alguna banda u organización criminal.
