Carabineros notificó al Juzgado de Garantía de Antofagasta que el 8 de marzo el otrora militante de Revolución Democrática no atendió a los efectivos policiales que se presentaron en su domicilio.
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El Ministerio Público busca formalizarlo por los líos de platas en los convenios por más de $700 millones entre el Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) y las fundaciones FOLAB y EDUCC.
El ex ministro de Desarrollo Social sostuvo que la situación le genera impotencia, porque "sigue habiendo gente que cree que yo puedo llegar a tener algo que ver con ese caso".
"No podemos actuar si es que desde la justicia no hay una presentación de antecedentes que hagan incrementar la calidad procesal de la diputada”, aseguró el exministro.
Durante la audiencia para solicitar el desafuero del diputado, que es exintegrante de la bancada de republicanos, el fiscal regional Roberto Garrido afirmó que el presunto fraude al Fisco de las fundaciones Folab y Educ nunca se habría llevado a cabo sin la participación del parlamentario, quien es acusado de haber facilitado los contactos entre la ONG y el GORE de La Araucanía.
El Ministerio Público investiga el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.
La determinación se produce en medio del escándalo que desataron conversaciones de whatsapp -donde aparece involucrado el fiscal regional Carlos Palma- y que develan presunto tráfico de influencias en designaciones judiciales.
La solicitud había sido presentada por el fiscal regional de La Araucanía hace algunas semanas dado que siguen investigación contra el parlamentario por presuntos delitos de fraude al Fisco.
A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.
El organismo liderado por Raúl Letelier ha presentado siete querellas, nueve solicitudes de disolución contra fundaciones, además de 14 acciones de restitución de fondos.
El caso que comenzó con un convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, 12 meses después suma más de 60 fundaciones investigadas en todas las regiones del país, sin excepción. La indagatoria, que es descrita como una de las más complejas para el Ministerio Público, tiene en la mira casi $ 90 mil millones en transferencias entre organismos públicos a ONG.
Varios edificios públicos fueron allanados durante esta jornada en el marco de la indagatoria a la fundación Procultura.
Se trata del segundo informe que emite el ente contralor respecto de los acuerdos suscritos por el Gobierno Regional con entidades privadas. Esta vez se analizaron los convenios con las fundaciones Kimün, Participa, y El Canelo, que suman más de 3.100 millones de pesos, en los que se detectaron gastos insuficientemente acreditados y rendiciones fuera de plazo. Los datos fueron remitidos al Ministerio Público y al CDE.
Desde la defensa del ingeniero civil lamentaron la determinación y aseguraron que era esperable que el tribunal de alzada le permitiera trabajar a su cliente.
La institución afirma que producto del caso que involucra a diversas fundaciones que realizaron convenios con reparticiones el Estado impactó en su situación financiera.
