Luisa Fonceca Galaz fue formalizada por lavado de activos.
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El miércoles recién pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación en contra de la ONG, lideró el allanamiento al GORE de Ñuble, que terminó con la incautación del equipo del gobernador Óscar Crisóstomo y de otros dos altos funcionarios de la repartición regional, la que es indagada por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco por un convenio de $ 266 millones.
Fiscal nacional entregó la cuenta pública de su institución este viernes. Al abordar las investigaciones por convenios presuntamente irregulares entre fundaciones y organismos estatales, recordó que han habido 22 imputados.
El presidente de esa instancia, el diputado Rubén Oyarzo, explicó que la cita se debe a su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).
"Se encuentra actualmente en investigación, no judicializada, no formalizada, con actuaciones pendientes que nos permitirán, una vez que se agreguen, tomar una decisión respecto al rumbo destino de esa investigación”, sostuvo el fiscal Cristian Aguilar.
El ministro de Vivienda insistió en que se enteró de “las irregularidades en Antofagasta el día 16 de junio, después de un llamado de la ministra (del Interior) Carolina Tohá para preguntarme si yo sabía algo de eso, y yo venía de Rancagua de haber entregado viviendas”.
Su expareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras fueron formalizados en diciembre del año pasado por la causa.
Entre las 19.00 y las 21.30 de de este jueves, el ministro de Vivienda, Carlos Montes entregó a la Fiscalía su testimonio por la arista Democracia Viva del caso líos de platas. El secretario de Estado se retiró sin hacer declaraciones.
En medio de la investigación del "caso Manicura" en que se indaga el mal uso de más de $700 millones proporcionados por la Gobernación de La Araucanía a la ONG Folab, un peritaje de la PDI da cuenta de la destrucción del celular del diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano). Este último es investigado por presunto tráfico de influencias al haber intervenido a favor de la fundación investigada ante autoridades del GORE. La Fiscalía ya decidió desaforarlo y trabaja en el escrito que deberá ingresar a la Corte.
La exfuncionaria de la seremi de Vivienda no atendió al personal policial que en tres ocasiones intentó verificar que estaba en su domicilio. Por lo mismo la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendido el informe de Carabineros, solicitó revisar su actual medida cautelar.
“No nos ha llegado una citación formal, entiendo que es una citación en calidad de imputada, que nos parece propio del desarrollo de la investigación", comentó.
La titular de la Segegob evitó referirse a la segunda declaración que Tatiana Rojas emitió ante el Ministerio Público, donde insistió en que notificó al ministro Montes sobre todo lo que estaba pasando respecto a la fundación.
El secretario de Estado entregará su testimonio en calidad de testigo, mientras que la congresista, como imputada. En medio de las diligencias que encabezarán los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, también se incluye tomar declaración a la tía de Miguel Crispi, Verónica Serrano, por su rol como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios.
Pese a que la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, señaló que le entregó una minuta con documentación el día 8 de junio, Montes insiste en su versión de que se enteró cuando estalló la situación.
"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
