La exfuncionaria de la seremi de Vivienda no atendió al personal policial que en tres ocasiones intentó verificar que estaba en su domicilio. Por lo mismo la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendido el informe de Carabineros, solicitó revisar su actual medida cautelar.
“No nos ha llegado una citación formal, entiendo que es una citación en calidad de imputada, que nos parece propio del desarrollo de la investigación", comentó.
La titular de la Segegob evitó referirse a la segunda declaración que Tatiana Rojas emitió ante el Ministerio Público, donde insistió en que notificó al ministro Montes sobre todo lo que estaba pasando respecto a la fundación.
El secretario de Estado entregará su testimonio en calidad de testigo, mientras que la congresista, como imputada. En medio de las diligencias que encabezarán los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, también se incluye tomar declaración a la tía de Miguel Crispi, Verónica Serrano, por su rol como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios.
Pese a que la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, señaló que le entregó una minuta con documentación el día 8 de junio, Montes insiste en su versión de que se enteró cuando estalló la situación.
"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
"En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización”, señaló la contralora (s).
El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.
A 10 meses de que estallara la controversia por irregularidades en convenios entre diversas instituciones del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil, desde este mundo alzan la voz y dan cuenta de cómo el caso les afectó en su operación. Principalmente, dicen, se han hecho más engorrosos los procesos para postular a financiamiento público, lo que ha provocado en algunos de ellos ver mermado el presupuesto.
En medio de la determinación, además, el fiscal nacional dispuso que el persecutor que estaba a cargo de ambas indagaciones, Eduardo Ríos, también se traslade hasta la región de Antofagasta y se sume transitoriamente al equipo que encabeza Juan Castro Bekios.
Por primera vez los antecedentes de la investigación por la entrega de dineros a fundaciones en esa zona se hicieron públicos. En la reformalización realizada por el fiscal regional Roberto Garrido se hizo mención al rol del parlamentario de la bancada de republicanos, quien ya declaró ante el Ministerio Público, y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gore Luciano Rivas.
El legislador PS expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados como querellante en el caso.
El tribunal de alzada consideró que existen presunciones que dan cuenta de la existencia del delito investigado y de la participación del imputado en calidad de autor. Además, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Los abogados del ex-RD formalizado por tres delitos de fraude al Fisco apuntan en contra de Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios, como responsable de "desprolijidades" cometidas en medio de la fijación de convenios con fundaciones. Según ellos, las presiones que la profesional supuestamente ejerció derivaron en falencias en las transferencias de dineros.
La determinación se dio luego de que al exRD se le imputaran nuevos delitos de fraude al fisco. El tribunal fijó 75 días de plazo para la investigación.
