"En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización”, señaló la contralora (s).
El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.
A 10 meses de que estallara la controversia por irregularidades en convenios entre diversas instituciones del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil, desde este mundo alzan la voz y dan cuenta de cómo el caso les afectó en su operación. Principalmente, dicen, se han hecho más engorrosos los procesos para postular a financiamiento público, lo que ha provocado en algunos de ellos ver mermado el presupuesto.
En medio de la determinación, además, el fiscal nacional dispuso que el persecutor que estaba a cargo de ambas indagaciones, Eduardo Ríos, también se traslade hasta la región de Antofagasta y se sume transitoriamente al equipo que encabeza Juan Castro Bekios.
Por primera vez los antecedentes de la investigación por la entrega de dineros a fundaciones en esa zona se hicieron públicos. En la reformalización realizada por el fiscal regional Roberto Garrido se hizo mención al rol del parlamentario de la bancada de republicanos, quien ya declaró ante el Ministerio Público, y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gore Luciano Rivas.
El legislador PS expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados como querellante en el caso.
El tribunal de alzada consideró que existen presunciones que dan cuenta de la existencia del delito investigado y de la participación del imputado en calidad de autor. Además, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Los abogados del ex-RD formalizado por tres delitos de fraude al Fisco apuntan en contra de Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios, como responsable de "desprolijidades" cometidas en medio de la fijación de convenios con fundaciones. Según ellos, las presiones que la profesional supuestamente ejerció derivaron en falencias en las transferencias de dineros.
La determinación se dio luego de que al exRD se le imputaran nuevos delitos de fraude al fisco. El tribunal fijó 75 días de plazo para la investigación.
El exministro de Desarrollo Social afirmó que se encuentra “disponible" para desistir de la acción judicial "respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas”.
El jefe de asesores del Segundo Piso había tomado en octubre del año pasado los servicios de Luis Hermosilla en el marco de los líos de platas. No obstante, un mes más tarde rescindió de la defensa del abogado, quien está siendo investigado por el Caso Audios. Hace algunos días, además, sumó una nueva polémica que involucra al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.
La exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta -suspendida militante de Revolución Democrática- es investigada por haber “asistido” a Carlos Contreras en la elección de la Fundación Democracia Viva. La sicóloga se queja de que “los compañeros de Santiago u otras regiones se dejaron llevar por la presión mediática y política del momento”.
La acción judicial apunta a que la Universidad de Los Lagos realizó una venta a la corporación integrada por Diego Ancalao que produjo perjuicios en el IP.
El tribunal de alzada confirmó las nuevas medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el pasado 4 de marzo, cuando cambió la prisión preventiva de la exfuncionaria de la Seremi de Vivienda por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El Ministerio Público apunta en su recurso que hasta ahora no existen nuevos antecedentes que permitan cambiar la medida cautelar de la suspendida militante de RD y exfuncionaria de la Seremi de Vivienda acusada de fraude al Fisco.
