Durante la jornada de ayer, 659 personas que están privados de libertad bajo la medida de prisión preventiva votaron en los recintos penitenciarios habilitados en el país. Pero ¿Qué pasó en el recinto VIP de Pedro Montt?
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"Si surgen nuevos antecedentes de quien sea, de la que habla, del presidente o de cualquier ministro, bueno, se adoptarán las medidas y se seguirá con los procedimientos que correspondan”, afirmó.
Timonel del máximo tribunal reconoció impacto emocional e institucional de las destituciones de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.
“Yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer públicos todos los contactos que tenía Lucho con fiscales”, sostuvo en declaraciones a CNN. “No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como para poder hacerlo”, agregó.
El abogado, que se encuentra en prisión preventiva, expone que los persecutores se comprometieron a resguardar la información del teléfono que le fue incautado, por lo que solicita que se entregue un listado y se cite a declarar a los funcionarios que han tenido acceso a sus conversaciones en el Ministerio Público. Incluso, pide que se entreguen los registros de visitas de las dependencias de la Fiscalía.
Antes de convertirse en supremo, investigó causas emblemáticas de DD.HH., rastreó las cuentas de Pinochet y tuvo un rol clave para aclarar el caso Spiniak. En la Tercera Sala del máximo tribunal, en tanto, enfrentó al TC y falló contra las isapres.
En la acción judicial presentada por Manuel Guerra, el expersecutor afirma que los chats divulgados en un medio de prensa estaban a resguardo del Ministerio Público y debían ser reservados. Por lo mismo, pide que se interrogue a los funcionarios que han tenido contacto con el teléfono de Luis Hermosilla y el propio, con el fin de determinar quién entregó las conversaciones al medio de comunicación.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
"Hay varias situaciones que nos tienen trabajando y muy enfocados en cuál es nuestra labor”, destacó Roberto Garrido, persecutor regional de La Araucanía, al finalizar el Consejo de Fiscales.
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La iniciativa ha sido trabajada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y es pensada como el diseño para enfrentar la crisis jurídica que desató el caso que hoy tiene a dos ministros de la Suprema bajo la amenaza del Congreso. Si bien el oficialismo valoró que se va en la “dirección correcta”, advierten que deben esperar el proyecto completo para formarse una opinión final.
El exfiscal nacional señaló que espera que como lección, la cabeza del Ministerio Público "así como sucede con los supremos, tenga una declaración de inhabilidades y posibles conflictos de interés y que sea pública".
El exfiscal nacional confiesa que se quedó perplejo al conocer la intención de su otrora subalterno, el exfiscal regional Manuel Guerra, y del abogado Luis Hermosilla de removerlo de su cargo. Asegura que estas son las pruebas que lo exculpan de haber sido sindicado por años como el persecutor que “puso tierra” a los casos de financiamiento irregular de la política: “Ese no fui yo”.
Quienes se consideraban amigos y cercanos a quien fue el influyente fiscal de la zona oriente, dicen que hoy ven en Guerra a distintas personas habitando dentro de un mismo hombre. Un hábil, "inteligente y honesto" miembro de la masonería que sabía navegar por las redes del poder; pero al mismo tiempo, un abogado que, según sus propios mensajes, habría negociado -fuera de toda norma- una salida política a causas judiciales como el caso Penta.
El abogado y experto en derecho penal asumió la Fiscalía Occidente en enero pasado, y desde entonces ha tomado causas relacionadas al crimen organizado en las cárceles y más recientemente también se le asignó la investigación en contra de la exministra Marcela Cubillos. Al interior del Ministerio Público lo ven como un estrecho colaborador del exfiscal -actual secretario del Senado- Raúl Guzmán. Sin ir más lejos, una serie de ejecutivos de la era del "guzmanismo" hoy trabaja con el persecutor nombrado por Ángel Valencia.
