“Los combustibles no van a subir hasta que tengamos una solución definitiva”, afirmó la delegada presidencial de Magallanes, Jennifer Rojas, tras una reunión con el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet y representantes del movimiento social de la región.
En la tercera convocatoria a protestas, sindicatos, organizaciones indígenas y sociales volvieron a marchar contra el gobierno para exigir una disminución en el precio de los combustibles.
Las demandas de las comunidades locales afectan a las mineras Antamina -la mayor productora de cobre de Perú controlada por Glencore y BHP Billiton-; Las Bambas, de la china MMG Ltd; Constancia de Hudbay Minerals, y Antapaccay, de Glencore, las que representan poco más del 40% de la producción de ese país, el segundo mayor productor mundial del metal rojo, según el Ministerio de Energía y Minas.
Pocas horas después de los saqueos e incendios provocados en medio de las manifestaciones por un nuevo aniversario del estallido social, comerciantes y dependientes de los locales atacados comenzaron las labores de limpieza y reconstrucción. Alegan estar hartos de ser el blanco de la violencia, se sienten impotentes y emplazan a las autoridades.
En el contexto de manifestaciones por un nuevo aniversario del denominado "estallido social", tres jóvenes perdieron la vida de forma violenta en la Región Metropolitana. Una mujer de sólo 23 años murió al caer de una motocicleta debido a que desconocidos habían amarrado un cable de acero entre dos postes en medio de protestas. Mientras que en Quilicura un hombre de 37 años falleció debido a un ataque de una turba, tras recibir una mortal puñalada en su espalda. En Peñalolén, en tanto, la fiscalía y la polícía investigan el deceso de un joven de 29 años que recibió un impacto de bala en medio de un violento saqueo en las cercanías de un Mall Chino.
Según reporte de la ONG, el régimen de Miguel Díaz-Canel respondió a las manifestaciones con "detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos". Las autoridades arrestaron a más de 1.000 personas durante esa ola represiva, de las cuales más de 500 siguen encarceladas.
El tipo de cambio se encamina hacia su tercera baja consecutiva. No obstante, la banca de inversión eleva sus apuestas para el tipo de cambio en 2021 y 2022.
Si bien la mayoría de las protestas en la "Zona Cero" capitalina -que cuentan con una alta convocatoria- habían transcurrido de manera tranquila en las primeras horas de la tarde, diversos disturbios comenzaron a registrarse, situación que se replicó en regiones, dejando un saldo preliminar de 30 detenidos y 15 policías heridos. Carabineros cifró entre 8 mil y 10 mil personas la concurrencia en Plaza Baquedano.
Desde su departamento en un piso 11, en el epicentro de las manifestaciones, el periodista y autor de Crónica de la transición fue testigo directo de las barricadas, las molotov, las veredas rotas, el ritmo de las marchas y la intervención de grupos de las Fuerzas Especiales de Carabineros. “Podemos conocer la materialidad del estallido, pero las preguntas más decisivas creo que no han tenido suficiente respuesta. Ante todo, el quién”, señala a propósito de los dos años del 18-O.
Al menos seis muertos se registraron durante una protesta contra el juez que investiga las explosiones ocurridas el año pasado en el puerto de la capital libanesa. La otrora llamada “Suiza de Medio Oriente” enfrenta una profunda crisis económica y energética, que se refleja en un deterioro de la salud mental de sus habitantes.
Un grupo de sujetos que se juntó en Plaza de Armas y caminó por Ahumada hasta la avenida Libertador Bernardo O´Higgins, realizó una barricada en esa intersección, provocando el desvío de vehículos por minutos. Carabineros informó que el tránsito ya fue reestablecido, al igual que los accesos a la estación de Metro. Los hechos no dejaron detenidos.
Después que el presidente Kais Saied suspendiera el Congreso y destituyera a su primer ministro en julio, la crisis política en el país africano sigue en escalada. El sábado, partidarios del mandatario se manifestaron quemando ejemplares de la constitución, y hoy fue el turno de sus detractores, que rechazaron las acciones del líder del país.
"Obedece a los más modernos estándares internacionales de Derechos Humanos respecto al mantenimiento del orden público, abordando no sólo el restablecimiento de éste, sino que incorporando una mirada preventiva y de resguardo para la realización de manifestaciones pacíficas", destacó el jefe nacional de Orden y Seguridad de la policía uniformada general Esteban Díaz.
En concurridos actos en Brasilia y Sao Paulo, el presidente brasileño desafió al Supremo Tribunal Federal y dijo que no cumplirá las decisiones del juez Alexandre de Moraes.
A bordo de camiones y otros vehículos, cientos de manifestantes que ya se encontraban en la capital para participar de los actos de este martes rompieron barreras de contención e ingresaron por la avenida que conduce al Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), que estaba cerrada al tránsito como medida de seguridad, según la policía del Distrito Federal. El rumbo que tomarán las movilizaciones es incierto y ha acaparado el debate público en Brasil, inclusive con alertas para evitar algo similar a la invasión en enero pasado del Capitolio de Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump.
