En concurridos actos en Brasilia y Sao Paulo, el presidente brasileño desafió al Supremo Tribunal Federal y dijo que no cumplirá las decisiones del juez Alexandre de Moraes.
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A bordo de camiones y otros vehículos, cientos de manifestantes que ya se encontraban en la capital para participar de los actos de este martes rompieron barreras de contención e ingresaron por la avenida que conduce al Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), que estaba cerrada al tránsito como medida de seguridad, según la policía del Distrito Federal. El rumbo que tomarán las movilizaciones es incierto y ha acaparado el debate público en Brasil, inclusive con alertas para evitar algo similar a la invasión en enero pasado del Capitolio de Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump.
La seguridad se reforzó en la capital, Brasilia, y la policía comenzó a bloquear el acceso al centro comercial donde se espera que miles de personas marchen este martes, apoyando al mandatario en su enfrentamiento con el poder judicial por los cambios en el sistema de votación de Brasil. Los críticos temen que el gobernante esté alentando a los partidarios hasta el punto de que podrían intentar intimidar o invadir los tribunales, advirtiendo de los paralelismos con los partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio después de su derrota electoral.
Los firmantes de la carta afirman que los actos convocados por el Presidente brasileño para este martes “pondrán en peligro la democracia” del país.
El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Brad Hazzard, ha enviado un mensaje a los ciudadanos que han acudido a las concentraciones contra las restricciones sanitarias, personas a quien considera que “les importa un carajo” la situación de la pandemia en el país. Hazzard lamentó que Australia esté viviendo “una situación muy grave” con un sistema sanitario muy saturado y en la que hay una parte de la población que “deliberadamente no cumple con lo que se les ha pedido que hagan”.
El Ministerio Público ingresó al Juzgado de Garantía de San Bernardo la acusación en contra del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. La mujer perdió la vista y el olfato por el impacto de una lacrimógena que recibió en su rostro cuando estaba en un paradero de San Bernardo, esperando la micro para ir a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. La defensa de Maturana pidió la reapertura de la investigación. Entre las diligencias solicitó que se realice una reconstitución de escena y se hagan pericias de tiro que apoyen la hipótesis de su representado, quien asegura haber percutado la carabina bajo protocolos.
El abogado de DD.HH estadounidense, cuya carrera ha inspirado una serie de Amazon Prime, sostiene que un prisionero político “es alguien detenido por ser quien es o por lo que cree, y que no ha utilizado ni defendido la violencia”. Genser, que recalca la importancia de los mecanismos internacionales de monitoreo sobre derechos humanos, ha sido el abogado de figuras como Liu Xiaobo y Desmond Tutu, y ahora defiende a dos candidatos presidenciales presos en Nicaragua.
Carabineros de la Prefectura Oriente informó que “un grupo de personas se encuentra irrumpiendo el tránsito en el sector Plaza Baquedano hacia el oriente”.
Nicolás Piña Palomera (34), quien está en prisión preventiva por lanzamiento de bomba molotov a un furgón policial y es parte del grupo de los presos vinculados a delitos cometidos durante el estallido social, denunció a través de un recurso de amparo en contra de Gendarmería que la entidad penitenciaria lo obligó a recibir al candidato presidencial el viernes pasado. A raíz de esto, dice que sufrió recriminaciones de sus pares y que posteriormente, en un allanamiento, fue maltratado por personal de la entidad penitenciaria sin justificación.
En medio de manifestaciones durante la tarde del viernes, un grupo de sujetos vandalizó y realizó saqueos a locales del tradicional sector que a esa hora atendía a público.
El viceministro de Salud de Colombia, Luis Alexander Moscoso aseguró que del 28 de abril hasta el 30 de junio, las autoridades sanitarias del país notificaron el fallecimiento de más de 34.000 personas, de las cuales un 43 por ciento estarían vinculadas con las protestas.
Quien fuera subsecretario del Interior entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Rodrigo Ubilla, entregó su testimonio en calidad de testigo el 15 de abril pasado ante la fiscalía. Mientras que el actual delegado presidencial, exintendente metropolitano, Felipe Guevara, lo hizo el 12 de mayo en calidad de imputado. Se investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social. Ambos apuntaron a la policía como el ente responsable de tomar decisiones de tipo operativo en materia del uso de la fuerza, señalando que por normativa ellos son quienes definen las estrategias a usar y que el Ejecutivo solo le pidió al entonces general director de Carabineros que “tomara medidas”.
Personal de Control de Orden Público de Carabineros acudió al sector para dispersar a personas que mantenían interrumpido el tránsito.
La autora de Todos se van y Domingo de Revolución habla sobre las manifestaciones que remecieron a la isla el fin de semana, así como de la crisis sanitaria, económica y política que atraviesa el país. “Los mercados están vacíos; la gente muere de coronavirus en el suelo de los hospitales, no hay medicamentos, no hay aspirinas. El pueblo se cansó: da lo mismo quedarse callado, te vas a morir igual”, cuenta.
“Es una situación de una incertidumbre total, absolutamente sin precedentes”, dijo José Miguel Vivanco. Presidente cubano hizo una llamado a sus adherentes a salir a las calles a "defender la revolución".
