De las filas del PPD, la asistente social fue titular del Mineduc y de Bienes Nacionales.
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La ahora exministra presentó su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric a minutos de que la oposición presentara una acusación constitucional en su contra. Presidencia informó que Adriana Delpiano será su reemplazante.
A pesar de que Chile Vamos y republicanos están trabajando juntos en su redacción, el libelo, que será presentado este lunes, hoy no tiene los respaldos suficientes para ser aprobado. Una vez iniciado el juicio constitucional, al gobierno solo le queda afirmar a la ministra.
En la causa penal por la fallida compra de la casa del expresidente declaró el jefe de la División de Bienes Nacionales. Ahí detalló que tras formalizarse la compra del inmueble por $ 828 millones, la familia Allende-Bussi ingresó una carta -fechada el 9 de octubre- para reclamar y en 14 días el Ejecutivo consideró una nueva tasación y el precio subió a $ 922 millones. La Fiscalía indaga si es regular este tipo de “modificación exprés” y si se ha hecho en otras adquisiciones del Estado.
Los diputados Eduardo Durán y Camila Flores tildaron de "graves" las irregularidades detectadas por el órgano controlador y buscarán explicaciones de la ministra de Defensa, Maya Fernández.
El abogado Leonardo Moreno fue tajante en sostener que nunca recibió alertas respecto de inconvenientes o incompatibilidades en la compra, rebatiendo así la versión entregada por la exministra Marcela Sandoval. Según dijo ante los investigadores, recién el 22 de enero se enteró de que había una minuta del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con escasos detalles.
En su declaración ante el fiscal Patricio Cooper, el abogado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés, afirmó que en marzo de 2024 se reunió con un representante de la familia Allende, quien le entregó un documento donde se proponía que tras la venta del inmueble, la administración de este quedara en manos de la Fundación Salvador Allende.
La periodista militante del Frente Amplio aseguró que tanto ella misma como otros asesores advirtieron "conflictos de interés" en la compra del inmueble.
El 10 de febrero el mismo organismo rechazó la tramitación del recurso interpuesto contra la secretaria de Estado.
La idea -explican en ambas colectividades- es fusionar los escritos que prepararon el partido liderado por Arturo Squella y la UDI. Según adelantan, el libelo debería ingresar a más tardar la próxima semana. En Evópoli, por otro lado, manifestaron sus dudas con la ofensiva.
Desde las colectividades informan que esperan que el Partido Republicano, Demócratas y Amarillos se sumen a la arremetida, en caso de que no se sumen, la presentarán por su parte.
A más de 10 meses de la instrucción militar en que murió Franco Vargas y otros 44 soldados se vieron afectados, se pondrán a prueba las modificaciones acordadas para el Servicio Militar. En paralelo, familiares siguen estudiando demandas contra el Estado.
El texto presentado por Raimundo Palamara y John Reid se sostiene en las inhabilidades de los ministros para poder sostener contratos con el Estado. El TC había rechazado el pasado 10 de febrero una acción de la misma índole por parte de los abogados.
El 10 de febrero, el Tribunal Constitucional había rechazado la acción que busca la destitución de la titular de Defensa por haber suscrito un contrato de compraventa con el Estado. Sin embargo, los mismos abogados van a la carga de nuevo.
