Óscar Crisóstomo era uno de los 18 personeros de la Región de Ñuble que fueron requeridos en el marco de las instrucciones que impartió esta semana el fiscal regional Patricio Cooper.
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La iniciativa, impulsada desde Chile Vamos, contó con el respaldo transversal de 95 diputados presentes en la sala y busca reunir información de distintos ministerios y organismos por el traspaso de dineros hacia la ONG del psiquiatra Alberto Larraín.
A más de un año de que se iniciaran las pesquisas en torno a la ONG liderada por el siquiatra, los diputados Juan Irarrázaval y Agustín Romero decidieron sumarse como querellantes. Y aunque la mencionada entidad mantenía convenios en varias regiones, centraron la atención en los suscritos por el Gore metropolitano.
La minera anglo sudafricana detalló que contaba con convenios suscritos con la fundación desde 2017, pero que la acción penal se refiere a donaciones acordadas entre 2021 y 2023, destinadas a proyectos específicos. “Anglo American nunca entregó libertad a la Fundación para el destino de los fondos donados”, enfatizaron desde la minera.
“La plata que manejan los gobernadores, es muy alto el fondo y lo han mal utilizado”, acusó el líder republicano.
La fundación ProCultura, mediante su fundador y en ese entonces director de la Corporación de Desarrollo del GORE Metropolitano, Alberto Larraín, recibió de la gobernación $1.683 millones para desarrollar un proyecto de prevención del suicidio.
Las diligencias llevadas a cabo durante las jornadas de este miércoles y jueves respecto al fundador de Procultura, su representante legal y directivos de finanzas, responde a una petición que hizo a tribunales el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Tras analizar los antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó entrada y registro e incautación de una serie de dispositivos tecnológicos, bajo la sospecha de fraude al Fisco y lavado de dinero. Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los $1.683.788.000 que el Gore RM le entregó a la fundación para un programa de prevención del suicidio y los $1.500 millones que el Gore del Biobío entregó para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural".
Durante las jornadas de este miércoles y jueves se desarrollan diversas diligencias en la arista Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las diligencias estuvieron centradas en el siquiatra y cofundador de la ONG y la representante legal. La PDI logró el hallazgo de los servidores que no se habían encontrado en la sede de esa fundación. Las pesquisas se venían planificando hace un mes.
Según comunicaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados, determinaron presentar la renuncia al patrocinio "debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa".
Además, el ministro de Vivienda aclaró que no tiene antecedentes respecto al caso específico y que es parte de una investigación que está en proceso en el interior del Ministerio Público.
A través de una nueva declaración en redes sociales, ex primera dama volvió a negar la existencias de traspasos a ProCultura durante 2021.
Tras ser vinculada al lío de platas, la ex primera dama abordó el tema con el Mandatario y otros personeros de Palacio y del Frente Amplio. A todos les transmitió que ella nunca devolvió dineros a ProCultura, que solo recibió montos por concepto de sueldos y que está a disposición de la justicia.
Documentos emanados desde la Policía de Investigaciones dan cuenta de que la ex primera dama habría realizado seis abonos a la cuenta de la disuelta fundación comandada por Alberto Larraín, aunque ella descarta haber realizado cualquier tipo de movimiento hacia esas cuentas. Pese a ello, una primera declaración difundida por la ONG respalda la versión de que hubo "devoluciones".
Esto, a propósito de un chat entre el fundador de ProCultura y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, donde el primero le decía al segundo que había hablado con el Mandatario.
