Tras ser vinculada al lío de platas, la ex primera dama abordó el tema con el Mandatario y otros personeros de Palacio y del Frente Amplio. A todos les transmitió que ella nunca devolvió dineros a ProCultura, que solo recibió montos por concepto de sueldos y que está a disposición de la justicia.
"No hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no de interpretaciones o de instrucciones", explicó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Junto con eso, exigieron al Presidente Gabriel Boric mayores explicaciones sobre el tema que llegó "a las puertas de La Moneda".
La ministra del Interior afirmó que las investigaciones deben ser "sin tapujos, sin frenos de ningún tipo, sin ningún tipo de presión. Esa es la respuesta del gobierno de Chile”.
La ex primera dama está siendo apuntada por presuntos abonos a la fundación ProCultura, acusación que fueron negadas por Irina Karamanos.
El Jefe de Estado, en una entrevista radial en su visita a Antofagasta, sostuvo que no le cabe duda que la sospecha que hoy recae en la ex primera dama "va a ser descartada" y recalcó que está seguro que su expareja "va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias".
El líbelo fue ingresado por no pago de obligaciones por casi $ 60 millones de pesos, en el marco de las actividades desarrolladas por el demandante en el denominado programa Quédate de prevención del suicidio en la Región Metropolitana.
La determinación se produce en medio del escándalo que desataron conversaciones de whatsapp -donde aparece involucrado el fiscal regional Carlos Palma- y que develan presunto tráfico de influencias en designaciones judiciales.
A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.
El gobernador metropolitano se refirió esta tarde al caso contra la fundación y afirmó que también han realizado acciones contra la aseguradora Porvenir, a la que acusan de no pagar póliza de garantía de los montos no devueltos por la ONG, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín, por un programa de salud mental en la RM.
A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.
El miércoles recién pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación en contra de la ONG, lideró el allanamiento al GORE de Ñuble, que terminó con la incautación del equipo del gobernador Óscar Crisóstomo y de otros dos altos funcionarios de la repartición regional, la que es indagada por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco por un convenio de $ 266 millones.
Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma –a cargo de esta investigación-, sostuvo que “la denuncia en concreto tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y eventuales delitos de fraude en el marco del caso convenios”.
La entidad encabezada por Alberto Larraín se había adjudicado $30 millones para concretar el proyecto “Encuentro Internacional de Artesanía en Rapa Nui”. Pese a ello, la Seremi de Cultura de Valparaíso determinó revocar la resolución y frenar la transferencia de recursos debido a que la ONG cerró sus puertas al verse involucrada en el caso líos de platas.
Previo al cierre de la ONG, el psiquiatra aterrizó en el recinto hospitalario de Cerro Navia. Desempeñó funciones, como confirmaron desde la entidad, seis semanas y con especial foco en pacientes que requerían atención de urgencia. La situación indigna a los extrabajadores de la fundación que siguen con sus finiquitos impagos.
