Susana Borzutzky indicó que pagos se realizaron conforme al convenio de la ex primera dama y la fundación.
3 oct 2024 02:31 PM
Susana Borzutzky indicó que pagos se realizaron conforme al convenio de la ex primera dama y la fundación.
La portavoz del Ejecutivo reafirmó que la postura del gobierno es que "todo lo que se deba investigar que se investigue", y en cuanto a la presunta relación del Mandatario con Alberto Larraín recalcó que "lo que se conoce hasta ahora es solo un chat".
En el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', el diputado frenteamplista se refirió a una publicación que vincula a la exprimera dama en el pago de bonos a la Fundación ProCultura, entidad investigada por el caso líos de platas. Luego que la excoordinadora sociocultural negara categóricamente haber realizado abonos en la entidad en que aportó servicios, el legislador le entregó su respaldo. "Si en las próximas horas y días no aparece alguien que afirme que Irina hizo abonos, yo no sé cómo puede continuar esa noticia", señaló, agregando: "Yo no conozco el caso (...) lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido en la probidad".
Tras ser vinculada al lío de platas, la ex primera dama abordó el tema con el Mandatario y otros personeros de Palacio y del Frente Amplio. A todos les transmitió que ella nunca devolvió dineros a ProCultura, que solo recibió montos por concepto de sueldos y que está a disposición de la justicia.
"No hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no de interpretaciones o de instrucciones", explicó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Junto con eso, exigieron al Presidente Gabriel Boric mayores explicaciones sobre el tema que llegó "a las puertas de La Moneda".
La ministra del Interior afirmó que las investigaciones deben ser "sin tapujos, sin frenos de ningún tipo, sin ningún tipo de presión. Esa es la respuesta del gobierno de Chile”.
La ex primera dama está siendo apuntada por presuntos abonos a la fundación ProCultura, acusación que fueron negadas por Irina Karamanos.
El Jefe de Estado, en una entrevista radial en su visita a Antofagasta, sostuvo que no le cabe duda que la sospecha que hoy recae en la ex primera dama "va a ser descartada" y recalcó que está seguro que su expareja "va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias".
El líbelo fue ingresado por no pago de obligaciones por casi $ 60 millones de pesos, en el marco de las actividades desarrolladas por el demandante en el denominado programa Quédate de prevención del suicidio en la Región Metropolitana.
La determinación se produce en medio del escándalo que desataron conversaciones de whatsapp -donde aparece involucrado el fiscal regional Carlos Palma- y que develan presunto tráfico de influencias en designaciones judiciales.
A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.
El gobernador metropolitano se refirió esta tarde al caso contra la fundación y afirmó que también han realizado acciones contra la aseguradora Porvenir, a la que acusan de no pagar póliza de garantía de los montos no devueltos por la ONG, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín, por un programa de salud mental en la RM.
A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.
El miércoles recién pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación en contra de la ONG, lideró el allanamiento al GORE de Ñuble, que terminó con la incautación del equipo del gobernador Óscar Crisóstomo y de otros dos altos funcionarios de la repartición regional, la que es indagada por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco por un convenio de $ 266 millones.