Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma –a cargo de esta investigación-, sostuvo que “la denuncia en concreto tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y eventuales delitos de fraude en el marco del caso convenios”.
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La entidad encabezada por Alberto Larraín se había adjudicado $30 millones para concretar el proyecto “Encuentro Internacional de Artesanía en Rapa Nui”. Pese a ello, la Seremi de Cultura de Valparaíso determinó revocar la resolución y frenar la transferencia de recursos debido a que la ONG cerró sus puertas al verse involucrada en el caso líos de platas.
Previo al cierre de la ONG, el psiquiatra aterrizó en el recinto hospitalario de Cerro Navia. Desempeñó funciones, como confirmaron desde la entidad, seis semanas y con especial foco en pacientes que requerían atención de urgencia. La situación indigna a los extrabajadores de la fundación que siguen con sus finiquitos impagos.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
El 29 de noviembre trabajadores de la entidad liderada por Alberto Larraín comenzaron a firmar los documentos para acceder a su indemnización. Sin embargo, como aseguran profesionales a La Tercera, ni uno de ellos ha recibido ni un solo peso. Insisten en que fueron engañados y que el psiquiatra los dejó en el olvido, pero también en que perseguirán sus derechos y que esto no quedará impune. Por lo mismo, ya analizan acciones legales.
Este martes efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegaron hasta las oficinas de la repartición para incautar documentación relativa a convenios suscritos con ProCultura y Arquiduc. En ambos casos se indaga la participación de exfuncionarios de gobierno que habrían favorecido a dichas ONG, entre ellos Gonzalo Vega Moreira, ex brazo derecho de Ward.
La fundación, que partió como una idea entre un psiquiatra y una profesora 13 años atrás, cerró sus puertas luego del lío de platas de Antofagasta. ¿Cómo un proyecto pequeño logró ampliarse tanto? ¿Por qué cayeron tan rápido? En el caso de ProCultura, su caída reputacional fue su sentencia de muerte.
Tras solicitar la retención de los recursos, se comprobó que la entidad fundada por Alberto Larraín mantenía cero pesos en la cuenta creada para los cuatro convenios que suscribieron con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pese a eso, el CDE busca alternativas para retener otros bienes y también solicitó al Ministerio Público que indague cuándo se movieron los dineros. Desde Vivienda, en tanto, el ministro Carlos Montes indicó: "Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados por algunos inescrupulosos".
Según lo informado por la cartera, la fundación liderada por Alberto Larraín incurrió en una serie de incumplimientos. Entre ellos, se constataron atrasos y ausencia de rendiciones. Tras la determinación, la repartición tiene un plazo de 10 días para emitir la liquidación de los tratos e informar si la ONG tendrá que devolver parcial o totalmente los recursos.
En su comparecencia ante la comisión investigadora por los líos de platas -en una sesión que se extendió por más de tres horas-, el actual jefe de asesores de La Moneda indicó que conoció el caso de manera informal y que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas, para que investigara.
El 14 de abril de este año, casi dos meses antes de que estallara el escándalo por líos de platas, la Seremi de Vivienda de Antofagasta hizo una investigación interna al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios. En 48 páginas se da cuenta de una temprana alerta a las irregularidades que hoy persigue el Ministerio Público.
La semana pasada, la agrupación fundada por el psiquiatra Alberto Larraín interpuso un recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique por el freno en la entrega de fondos por $1.673 millones y una demanda en contra de la Dirección Regional de Arquitectura del Biobío en el Tribunal de Contratación Pública. La gobernadora de Aysén respondió que “no vamos a firmar un convenio con la fundación ProCultura, mientras existan procedimientos legales vigentes que involucren a dichas fundaciones”.
Una serie de cuestionamientos se han levantado por los convenios celebrados entre la fundación y varias instituciones estatales debido a la diversidad de los rubros por los cuales ha recibido millonarias transferencias, lo que le ha valido ser la ONG investigada en más regiones -cinco hasta ahora- por el Ministerio Público.
En un oficio de la Subdere del 14 de junio de 2022, firmado por el ahora jefe del Segundo Piso, se señala que esa fundación "presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones". Esto, para justificar que sea el organismo el subejecutor para el programa de "Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica, Antofagasta”.
La fundación que también cerró millonarios contratos con la Seremi de Vivienda Antofagasta presentó un acción judicial en la Fiscalía, en que afirmó ser víctima de una operación irregular. "Se presume que quien fiscaliza no infringe o elude la normativa legal", dice en el escrito que ingresó al Ministerio Público.
