"He visto una suerte de autofelicitación, donde el gobierno dice que nunca se habían aprobado más leyes que ahora. Yo lo quiero decir con claridad, nunca tampoco habíamos tenido tanta delincuencia y tanta inseguridad como ahora", sostuvo el timonel del Senado y parlamentario UDI, quien también valoró el decreto de emergencia que aplicó el alcalde de La Reina.
La fórmula gubernamental propondría adelantar a los meses de marzo y abril el reajuste del Índice de Costos de la Salud (una suerte de IPC del rubro), de manera que las prestadoras tengan con qué solventar sus gastos en el corto plazo. La medida, sin embargo, es considerada insuficiente por las mismas isapres y el presidente de la Comisión de Salud del Senado.
La Comisión de Salud, presidida por el legislador socialista, está presionando al Ejecutivo para que entregue una propuesta, a través de una reforma al Índice de Costos de Salud, el próximo lunes.
“Esta es una noche triste en la historia del Senado y de nuestro país. Los republicanos acaban de bloquear una propuesta muy necesaria para enviar fondos a Ucrania, a Israel, ayuda humanitaria para civiles inocentes en Gaza y fondos para el Indo-Pacífico”, declaró Chuck Schumer, líder de los senadores demócratas.
Desde la Comisión de Salud plantearon que en el Ejecutivo no han encontrado el "sentido de urgencia" y pidieron al gobierno que "acompañe" y sea "proactivo" en buscar soluciones que no afecten a los pacientes.
En La Moneda y en el Congreso crecen los cuestionamientos a la gestión política de Ximena Aguilera, titular del Minsal, cuando se acorta el plazo para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de las isapres. A eso se suma el descontento generalizado con el que salieron de la reunión de este miércoles los senadores de la Comisión de Salud de la que también fueron parte los ministros Elizalde y Marcel.
Reforma faculta al fiscal nacional designar a un persecutor que pueda realizar diligencias en todo el país y perseguir el crimen organizado. "Que la ciudadanía sepa que esta es una de las propuestas que están contempladas en la propuesta a plebiscitar”, dijo el senador Matías Walker (Demócratas), mientras que su par Francisco Chahuán (RN) indicó que era "una señal política”. El ministro de Justicia, Luis Cordero, sin embargo, llamó a no mezclar debates.
El Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. La iniciativa fue aprobada por 26 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este fin de año, la discusión tiene un contexto especial con el referéndum constituyente, que a juicio de algunos legisladores, inhibe acuerdos entre gobierno y oposición. Pese a ello, algunos proyectos de seguridad y la ley corta de Salud entrarán en una fase decisiva antes de los comicios.
La medida -que mañana deberá ser ratificada por la Cámara- fue visada por 34 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
“Aquí los resultados son los que mandan, entonces no pueden decir que hubo máxima preocupación si las cosas no resultan”, afirmó el timonel del Senado en alusión al fallido vuelo de expulsados a Venezuela. El "coronel" del gremialismo se reunió en La Moneda con la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, para pedir “avanzar lo máximo posible” en la agenda legislativa contra la delincuencia.
Los ministros Luis Cordero y Álvaro Elizalde comenzaron las primeras tratativas con el objetivo de escoger al sucesor del contralor, quien culmina su mandato el próximo 16 de diciembre. Los abogados Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrada y la misma subsecretaria Macarena Lobos son algunas cartas del oficialismo. No obstante, la última palabra la tiene la derecha.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, encabezó las negociaciones por parte del Ejecutivo que se plasmaron en un protocolo de acuerdo, donde el gobierno accedió a realizar “una pausa activa, evaluativa y de mejoramiento del traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales de Educación".
Se trata de una glosa, presentada por parlamentarios de RN, dentro de la Ley de Presupuestos que dice que el Servicio de Migraciones no puede usar recursos propios para "regularizar a extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente”. Ahora, al gobierno solo le queda presentar un veto, recurrir al Tribunal Constitucional o buscar algún resquicio presupuestario.
Luego de que la indicación -impulsada por parlamentarios RN- recibiera el visto bueno en la Cámara, el gobierno había ingresado una propuesta para eliminarla, algo que fue descartado esta jornada por el Senado. Así es como prevaleció lo aprobado por los diputados.
