La polémica se centró en si la acusación debía ser votada en conjunto o por separado, considerando que hay dos acusados en un mismo libelo por causas diferentes.
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Los miembros de la instancia parlamentaria indicaron que los testimonios de expertos y de las defensas les permitieron colegir que la acusación constitucional estaba en mérito y que había notable abandono de deberes en ambos casos.
El libelo impulsado por Chile Vamos sigue a su tramitación en la Sala.
La defensa del influyente juez asegura que la acusación en su contra es una "aberración jurídica" y que constituye una violación a los derechos humanos que se pretenda responsabilizar a una persona por actos cometidos por otros. Insiste, en el mismo sentido, que si el libelo se vota tal y como está, implicaría que el Estado sería responsable de la vulneración de garantías constitucionales.
La defensa de la suspendida magistrada de la Corte Suprema pidió postergar su exposición ante la comisión para el día jueves, lo que desencadenó una serie de cuestionamientos entre los presentes.
“Se presentan acusaciones por hechos completamente distintos y ocurridos en distinto tiempo contra dos jueces, y se pide destituir a ambos, es decir, la parte petitoria es una sola para los dos. Se ata la suerte de los dos con la suerte de uno", cuestionó el abogado.
El texto, redactado por Muñoz y sus dos abogados, ataca las bases de los argumentos de la acusación constitucional que presentaron parlamentarios de derecha. Critica que se tenga que defender en una acusación donde también está señalada la ministra Ángela Vivanco, lo que califica como una "aberración jurídica". Además, desmiente que haya traspasado información privilegiada a su hija para que saliera de un negocio inmobiliario.
La última vez que se removió de su cargo a un miembro de la Corte Suprema, producto de una acusación, fue hace más de 20 años. Actualmente son tres los ministros que arriesgan el mismo veredicto.
El constitucionalista defendió con éxito al ministro Emilio Santelices en junio de 2018.
Las comisiones que definirán la procedencia de los libelos sesionarán hasta mediados de octubre.
El magistrado de la Corte Suprema está enfrentando una acusación constitucional por presuntamente entregar información privilegiada para que su hija definiera la continuidad de su inversión en un proyecto inmobiliario.
La jueza Graciel Muñoz, del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, desde 2008 a la fecha ha ido comprando una veintena de departamentos, estacionamientos y bodegas en las comunas de Ñuñoa, Las Condes, Viña del Mar y Concón. Uno de ellos es el que forma parte del escándalo inmobiliario que arrastró a su padre a la Comisión de Ética de la Corte Suprema y a una acusación constitucional ante la Cámara.
Inicialmente, el plazo límite para concluir el trabajo de la comisión es el 14 de octubre.
El juez ayer fue notificado de la acusación constitucional que diputados presentaron en su contra, donde se le acusa por haber anticipado un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija.
El magistrado se encontraba con permiso hasta la segunda semana de octubre, pero aparece integrando la Tercera Sala del máximo tribunal durante la jornada de este miércoles. Reaparecerá un día después de ser notificado por el Congreso de la acción con que la UDI busca removerlo como juez.
