En un acalorado concejo municipal, la edil fue emplazada y cuestionada por su actuar en la fallida compra del inmueble. Y fue ahí donde la alcaldesa reconoció que el director del Área Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y el director de Planificación, Luis Mayorga, aún se mantienen bajo contrato, pese al anuncio de destitución del pasado 14 de abril.
Varios de los concejales esperan respuestas -y hasta unas disculpas- de la alcaldesa respecto a la fallida compra de la exclínica. Y también hay otros flancos, como el paro que los recolectores de basura de la comuna realizaron la noche del martes.
Desde el municipio aseguran que los respectivos documentos están en etapa de revisión por parte del equipo técnico y que serían ingresados durante los próximos días. Los ediles, de todas maneras, insisten en que la alcaldesa suele hacer "mediáticos anuncios" y no los materializa. Esta jornada pedirán explicaciones en reunión del Concejo Municipal.
Como indicó Felipe Sánchez a La Tercera, hizo la solicitud "en aras de la transparencia y el respeto a mis garantías constitucionales". De acuerdo con lo resuelto por el juez Mario Cayul, la cita se desarrollará el próximo 29 de mayo a las 10.00 horas.
El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones tanto la alcaldesa Irací Hassler como todo el concejo municipal.
Felipe Sánchez, representante legal y único socio de San Valentino, lanzó fuertes cuestionamientos en contra de la jefa comunal. Esto, luego de enterarse por la prensa de que el municipio había decidido suspender la compra del polémico inmueble. Por lo mismo, no sólo anunciaron que preparan acciones legales para forzar la compraventa, sino que advirtieron que podrían recurrir a varios recursos para hacer valer "nuestros legítimos intereses como vendedores”. Santiago, a su vez, también anunció acciones legales.
Desde San Valentino apuntan a la “total inexperiencia” y “mala fe la compradora” pues “pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte”.
A diferencia de lo ocurrido con el director de la Unidad Jurídica y el director de la Secplan de Santiago, quienes fueron desvinculados, Beatriz Chamorro sigue en el cargo, pese al duro informe de Contraloría sobre la fallida compra de la exclínica. Si bien la situación genera extrañeza entre los concejales, desde el municipio indicaron que la investigación en curso definirá su futuro en la repartición. Por ahora, siguen a la espera de esos análisis y preparan las querellas anunciadas contra los tres tasadores que evaluaron el polémico inmueble.
La amenaza aún latente de un intento de destitución, un ambiente interno desfavorable y una incautación por parte de la PDI han perseguido a la alcaldesa durante los días que han seguido al desfavorable fallo de la Contraloría por el fallido proyecto de compraventa. El escenario se da en medio de un tenso ambiente municipal, que no solo involucra a los concejales, sino que ha salpicado a funcionarios y cercanos a la edil.
El presidente del PC también abordó los proceso judiciales que deberá enfrentar la jefa comunal: "La forma en que encaramos los juicios es con la verdad, no con mentiras”, dijo.
Este jueves, el organismo contralor objetó la compra del inmueble, apuntando a que el precio es "injustificado". La alcaldesa anunció acciones legales en contra de los tasadores y le solicitó la renuncia a dos funcionarios de confianza. La oposición, por su parte, busca crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
El presidente de la agrupación de tasadores, Teodosio Cayo, apunta a que la decisión de la alcaldesa de Santiago de querellarse contra los tasadores es "inquietante", ya que el rol de los profesionales es fijar un valor que podría costar el inmueble, siendo decisión de las partes acordar un precio final. La experiencia y profesionalismo de los arquitectos contratados para calcular el precio de la exclínica, en un comienzo formó parte de los argumentos de la Municipalidad de Santiago para defender la compra del inmueble, algo que ahora cuestionan y anunciaron acciones legales.
Los ojos luego del bullado proceso no sólo se posicionan sobre Irací Hassler, sino que ella misma se encargó de apuntar hacia su director jurídico y su jefe de la Secretaría Comunal de Planificación, a quienes les pidió la renuncia. La directora de Salud también quedó cuestionada tras su activo rol en la búsqueda del inmueble. Todos defendieron incansablemente el intento de adquisición.
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La alcaldesa de Santiago, además, afirmó que instruyó “sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”. En tanto, la parte vendedora -Inmobiliaria San Valentino- aseguró que exploran distintas opciones, "desde colaborar con la municipalidad, para el caso de que se acuerde dar por terminada la operación y permitir que ambas partes puedan explorar otras opciones, hasta exigir judicialmente el cumplimiento forzado de la compraventa”.
