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El pasado 25 de abril San Valentino ingresó una reclamación contra el Conservador de Bienes Raíces para forzar la inscripción de la exclínica que pretendía adquirir Santiago. Pero como el municipio no se ha hecho parte en esa arista, como critican los diputados que se querellaron por presunto fraude al Fisco, determinaron sumarse y exigir se rechace la intención de la inmobiliaria. Como argumenta el abogado, el contrato en cuestión "adolece de nulidad absoluta por causa ilícita, es la concreción material del fraude al Fisco".

Abogados en derecho penal sostienen que la medida tomada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no es una acción correcta considerando que ella tiene calidad de imputada para los querellantes de la causa. Por lo mismo, plantean que pese a que la arremetida judicial de la administración es a nombre de la municipalidad, aquello reviste un complejo escenario que deberá ser zanjado en el tribunal.

De acuerdo con el documento, los tres profesionales contratados por el municipio entregaron "tasaciones que únicamente en apariencia lo serían, siendo que, en realidad, representaban una falsedad consistente en documentos que no eran suficientes para que se concluyera que el encargo se había realizado". Junto con esto, en el escrito se asegura que el perjuicio no sólo sería al patrimonio del municipio, sino también a su imagen.

Ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, la inmobiliaria ingresó un recurso de reclamación en contra del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, institución que en enero pasado se negó a inscribir la compra por parte de la Municipalidad de Santiago. Esto, por una falta formal del municipio al no incluir el RUT de la alcaldesa Irací Hassler. Lo anterior, a juicio de la empresa dueña de la exclínica, no se ajusta al derecho que rige estas inscripciones, por lo mismo, solicita que se concrete la inscripción del inmueble avaluado en más de $ 8 mil millones por parte de la administración de la alcaldesa comunista y que fue objetada por Contraloría y está en la mira de la Fiscalía.

La alcaldesa confirmó este martes a los nuevos directores de la Unidad Jurídica, la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan) y la dirección de Salud, unidades que habían quedado acéfalas tras el episodio de la ex Clínica Sierra Bella. También se nombró oficialmente al director de Educación, tras un concurso por ADP.

La mano del presidente comunista, Guillermo Teillier, dicen personeros del partido, estuvo involucrada en el arribo del exconvencional a la Municipalidad de Santiago. En la colectividad, así como también en La Moneda, hay preocupación por la situación que atraviesa el municipio. Con la llegada del psicólogo apuestan a darle más "tonelaje político" a la gestión de Irací Hassler.

La petición llega luego de constantes denuncias en contra de Beatriz Chamorro, las que han gatillado un malestar permanente dentro del área de salud y que ha implicado, entre otras cosas, una paralización de actividades de los funcionarios del Cesfam Ignacio Domeyko, quienes exigen la salida de la autoridad sanitaria comunal por "malos tratos" y "pésimo ambiente laboral".

"Es necesario generar los incentivos correctos para que la detección de la corrupción se haga de manera seria, sigilosa, a tiempo y en confianza. De lo contrario, será cada vez más difícil asegurar el compromiso de quienes pueden aportar a identificar y detener serios riesgos para la fe pública"

Felipe Sánchez afirmó que "ella nos ofreció un primer precio al que no accedimos y ella hizo cálculos con su equipo para ofrecer en segunda y tercera instancia el precio final”.

Si bien esta jornada la alcaldesa de Santiago puso a disposición del Ministerio Público el aparato asignado a su cargo y que se financia con dineros municipales, anteriormente había descartado entregarlo asegurando no poseer un móvil de esas características. Querellantes en la causa, en todo caso, piden al fiscal Patricio Cooper que solicite una autorización judicial para decomisar todos los equipos tecnológicos que utiliza.

El pasado 18 de abril, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allanaron el municipio de Santiago, pero en ese momento la jefa comunal se negó a entregar su celular.

El ex jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan) de la Municipalidad de Santiago es una de las figuras clave en la fallida compraventa de la ex Clínica Sierra Bella, pues fue responsable de encargar las tres tasaciones que avaluaron el inmueble en más de $ 8.000 millones y que hoy tienen a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), siendo investigada por fraude al Fisco. Su trayectoria profesional ha estado marcada por cargos en municipios, cuyos alcaldes fueron predominantemente PPD.

Durante la jornada efectivos de la PDI se llevaron computadores, celulares y dispositivos tecnológicos desde los inmuebles que habitan los tres arquitectos que valorizaron en más de $8 mil millones la exclínica Sierra Bella. Es la primera medida intrusiva visada por un tribunal en la investigación que dirige el fiscal Patricio Cooper.

La respuesta a una solicitud de información realizada a Santiago revela que la jefa comunal cuenta con un equipo que es financiado con fondos públicos. Por lo mismo, querellantes en la causa la acusan de faltar a la verdad y de ser "un riesgo" para la indagación abierta en su contra. En paralelo, esta jornada el único socio de Inmobiliaria San Valentino declarará ante efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI.

En un acalorado concejo municipal, la edil fue emplazada y cuestionada por su actuar en la fallida compra del inmueble. Y fue ahí donde la alcaldesa reconoció que el director del Área Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y el director de Planificación, Luis Mayorga, aún se mantienen bajo contrato, pese al anuncio de destitución del pasado 14 de abril.