La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, salió este viernes a explicar los alcances de la resolución.
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El sorpresivo e inédito fallo del máximo tribunal, por cinco votos a cero, no solo ordenó frenar el aumento de planes para las 300 mil personas que han recurrido a tribunales, sino que congeló el incremento para la totalidad de los afiliados del sistema, los que suman casi 2 millones de cotizantes y 3,5 millones de beneficiarios. También ordenó que se restituya el dinero en caso de que ya se haya aplicado aumentos de precio.
Las isapres estaban a la espera de un decisivo fallo que debía dictar la Corte Suprema y resultó desfavorable para las aseguradoras, terminando con un triunfo para los afiliados que presentaron los recursos, y ordenando detener el incremento de 7,6% aplicado por cada isapre.
Los ministros que en su momento declararon inadmisible el recurso con el que el jefe comunal intentó insistir en el cierre definitivo de su proceso judicial, remitieron un informe que deberá ser analizado por la nueva sala que revisará el requerimiento de la defensa. En él, recalcan que se transgredieron normas al dictar el sobreseimiento, por lo que piden rechazar el amparo.
Esta quedó conformada por los abogados Francisco Agüero Vargas, Fernando Araya Jasma, Marco Arellano Quiroz, Nicolás Rojas Covarrubias y Óscar Torres Zagal.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó por unanimidad que una eventual declaración del exjefe del Ejército en las oficinas de la magistrada y sin la presencia de su abogado defensor constituyan una “amenaza a su libertad”, como lo manifestó la defensa del general (R) mediante un recurso de amparo.
En 2021, el Tribunal Oral de Iquique condenó a 12 años de presidio a J.M.S.R. por someter a vejámenes a tres ciudadanas bolivianas. Según explicó la defensa de la mujer, el máximo tribunal decidió anular el juicio y la realización de uno nuevo debido a que “se condenó a esta persona dándole por establecida una intencionalidad que no era materia del delito”, al sentenciarla por el delito de torturas.
El pleno del máximo tribunal despachó esta semana lo que en otras instituciones del mundo judicial es considerado "un polémico" autoacordado con nuevas reglas sanitarias que regirán en tribunales. El texto de inmediato provocó interrogantes en los distintos actores del sistema. ¿Qué pasará con imputados, defensores, testigos o víctimas no vacunados que quieran participar de audiencias de forma presencial? Preguntas como esta son parte de lo que ya se conversa entre los abogados, sobre todo considerando que la normativa del Ministerio de Salud es que la inoculación contra el Covid-19 es aún voluntaria.
La ministra del máximo tribunal asegura que para la judicatura será perjudicial que la Convención apruebe acortar el mandato de los ministros de cortes de apelaciones y jueces de los tribunales inferiores. En una semana en que los supremos golpearon la mesa emitiendo una dura opinión, la magistrada le responde a los convencionales que los acusaron de intromisión indebida: “No hay una sola palabra que yo haya dicho, ni de lo que se escribió en el documento oficial del pleno, que los amenace”.
Para algunos constituyentes la reacción del pleno del máximo tribunal fue un acto complejo, debido a que es esa instancia la encargada de resolver las eventuales reclamaciones que surgen en contra de vicios formales de la Convención Constitucional. El acto, dicen, les quitaría imparcialidad. Los magistrados rechazan esa interpretación, ya que comentan que esa vía es un mecanismo contemplado para "infracciones a las reglas de procedimiento" y excluye asuntos vinculados al contenido. Además, reiteran que su opinión fue "técnica" y con "ánimo colaborativo".
El secretario de Estado también abordó el proyecto de indulto o amnistía que se discute en el Congreso. “Nosotros consideramos que en Chile se sobre abusa de la prisión preventiva, pero eso no quiere decir que, a propósito del estallido social, se tengan que levantar prisiones preventivas decretadas por los tribunales. Hay que dejar de abusar de la prisión preventiva en general, en todos los delitos”, indicó.
En diciembre, el máximo tribunal conformó una comisión de apoyo integrada por cuatro ministros que tienen la misión de monitorear las iniciativas que ha aprobado la comisión de Sistemas de Justicia y que está moldeando el futuro del Poder Judicial. Este martes el pleno criticó la idea, aprobada en general, de reducir la duración de los jueces. De hecho, le mandaron el acta al correo de cada uno de los 155 convencionales. La arremetida no cayó bien y cinco constituyentes salieron a criticar en duros términos la reacción de los magistrados acusando que ha sido "uno de los peores ataques" a la autonomía del órgano.
La Tercera Sala del máximo tribunal consideró arbitrario el actuar del organismo penitenciario y el Servicio Electoral, argumentando que atenta contra la legislación nacional e internacional al no realizar las gestiones para asegurar el derecho a voto de los reclusos.
La tercera sala del máximo tribunal acogió el recurso de reclamación presentado por Socofar S.A., matriz de Cruz Verde.
En el libelo, seis convencionales de "Chile Libre" acusan que la mesa de la Convención vulneró sus “libertades de expresión y de trabajo”, ya que no les fue permitido hacer uso de la palabra en medio de la votación del Reglamento del órgano. Ahora el tribunal de alzada deberá revisar el fondo del texto, y de aprobarse, podría incluso significar que se anulen algunos de los reglamentos ya visados.
