La FNE presentó una queja ante la Corte Suprema en contra del presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Nicolás Rojas y las ministras Daniela Gorab y María de la Luz Domper. Esto luego que, por medio de una resolución, el tribunal resolviera no acoger una solicitud de la Fiscalía que pedía dar cumplimiento al fallo que cuestionó duramente el sistema tarifario de Transbank.
La Fiscalía Nacional Económica pidió al TDLC que aplique a Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 2,5 millones y de 5.200 UTA, unos US$ 4,3 millones, a Inaer por su actuar entre 2009 y 2012.
La medida del TDLC implica que, mientras se resuelve la disputa, Metrogas deberá continuar proveyendo a Generadora Metropolitana del servicio de transporte de gas al mismo precio del contrato actual a Nueva Renca, la principal planta de respaldo de la Región Metropolitana.
El ejecutivo dejará el directorio de Falabella y pagará 260 UTA a beneficio fiscal. Mientras la FNE resaltó que el acuerdo pone fin a un interlocking horizontal aún existente entre dos competidores, el abogado de Büchi, Pedro Pablo Gutierrez, resaltó que su defendido no infringió norma legal alguna y que el acuerdo no implica el reconocimiento de ninguna clase de responsabilidad.
En un mercado de casi 3,4 millones de conexiones alámbricas e inalámbricas, la televisión satelital de Claro representa el 6% de la industria. Claro le cedió el dominio de la compañía al banquero de inversión, pero debe venderla en un plazo de nueve meses.
La empresa de retail pagará US$ 1,2 millones a beneficio fiscal. Con ello, cierra la causa en su contra. El órgano antimonopolios había acusado al exministro de Hacienda de participar simultáneamente en cargos directivos y ejecutivos de Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella, las cuales serían competidoras. El juicio sigue contra las otras partes.
El comprador está gastando su última bala: una reclamación en la Corte Suprema que presentó el 13 de septiembre. Si el máximo tribunal le da la razón, podría ejecutar la compra que crearía el mayor actor de la industria. Pero tendrá que volver a negociar con los dueños de Colmena.
A inicios de octubre, Lotería de Concepción presentó un recurso de protección en el que acusa a la operadora de incurrir en actos ilegales y arbitrarios al modificar el margen adquirente, sin que dicho sistema tarifario haya sido previamente aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, incumpliendo el DL 211 y el fallo de la Corte Suprema.
Es más, la Fiscalía fue más allá y señaló explícitamente al Tribunal qué cobro debería hacer la red de adquirencia para cumplir con el fallo: una tarifa única a comercios de 0,40% del valor de cada transacción, tanto para tarjetas de crédito, débito y prepago. Esto se compara con el valor fijo en UF que actualmente está cobrando la empresa de propiedad de los bancos, donde la tarifa no corresponde a un porcentaje del monto total.
El organismo que dirige Pablo Milad, presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el fallo que dictó en junio de 2020 el TDLC, y que luego fue ratificado por la Corte Suprema en septiembre de 2021. La ANFP también defiende la posibilidad de acceder a un convenio de pago en cuotas de la sanción.
El Proveedor de Servicios de Pago (PSP) presentó una medida cautelar prejudicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC),
En una decisión que tuvo el voto en contra del ministro Paredes, el TDLC fue categórico al concluir en su sentencia que “la operación reduce de forma sustancial la competencia en los mercados afectados”, por lo que rechazó el recurso de revisión especial que habían presentado las isapres. Las compañías están evaluando si existe otro camino viable para concretar la operación.
Se trata de un pronunciamiento muy relevante para la industria de medios de pagos en Chile y que se produce a sólo días de la sentencia de la Corte Suprema que cuestionó duramente el modelo tarifario de Transbank. Esta vez, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó “enviar a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), con una periodicidad anual, sus costos de marca para transacciones domésticas, presenciales y no presenciales, indicando cuáles servicios comprenden y desglosados por categoría de tarjeta de pago”.
La sentencia del máximo tribunal del país consignó que "el sistema tarifario propuesto por Transbank está lejos de ser uno que tutela la libre competencia y maximiza el bienestar de todos los actores del sistema de Tarjetas de Pago, sino muy por el contrario, exacerba la posición dominante de la actora en el mercado".
Por su parte, en el marco de la audiencia pública realizada para analizar el recurso de revisión especial presentado por ambas isapres, la Fiscalía advirtió que esta operación implicaría alzas de precios para los afiliados, deterioro en las coberturas y una menor calidad del servicio, especialmente a los afiliados de las zonas norte y sur del país.
