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Se trata de un pronunciamiento muy relevante para la industria de medios de pagos en Chile y que se produce a sólo días de la sentencia de la Corte Suprema que cuestionó duramente el modelo tarifario de Transbank. Esta vez, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó “enviar a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), con una periodicidad anual, sus costos de marca para transacciones domésticas, presenciales y no presenciales, indicando cuáles servicios comprenden y desglosados por categoría de tarjeta de pago”.

La sentencia del máximo tribunal del país consignó que "el sistema tarifario propuesto por Transbank está lejos de ser uno que tutela la libre competencia y maximiza el bienestar de todos los actores del sistema de Tarjetas de Pago, sino muy por el contrario, exacerba la posición dominante de la actora en el mercado".

Por su parte, en el marco de la audiencia pública realizada para analizar el recurso de revisión especial presentado por ambas isapres, la Fiscalía advirtió que esta operación implicaría alzas de precios para los afiliados, deterioro en las coberturas y una menor calidad del servicio, especialmente a los afiliados de las zonas norte y sur del país.

Entre otras cosas, allí se argumenta que por un error de cálculo de la Fiscalía Nacional Económica se genera una sobreestimación de los márgenes operacionales de Colmena y Nueva MasVida entre un 51% y 147%, lo que se traduce en estimaciones de riesgos unilaterales sesgados.

Nicolás Rojas Covarrubias conoce de cerca el tribunal. Fue por cuatro años ministro suplente. Y si bien siempre priorizó la vida académica, ahora optó por transar esa determinación. Músico autodidacta con tres discos a su haber, reservado y conciliador, llega al TDLC con el desafío de acelerar sus fallos. “No tengo una posición tan fuerte respecto a si sólo la FNE debe tener la acción penal”, señala frente al debate constitucional.

El presidente Gabriel Boric designó al abogado Nicolás Rojas Covarrubias para encabezar el TDLC desde hoy y por los próximos seis años.

Por otro lado, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, realizó su última cuenta pública. Gabriel Boric deberá elegir al sucesor.

Esta quedó conformada por los abogados Francisco Agüero Vargas, Fernando Araya Jasma, Marco Arellano Quiroz, Nicolás Rojas Covarrubias y Óscar Torres Zagal.

El pasado sábado expiró el plazo para la postulación y ahora el pleno de la Corte Suprema deberá agendar una audiencia de concurso público en la que los postulantes expondrán al pleno su experiencia y sus pretensiones para el cargo. El tribunal designa una quina y Gabriel Boric deberá elegir al sucesor de Enrique Vergara.

Esto en el marco de la acusación realizada por la FNE en octubre de 2021 apuntando a las tres mayores empresas locales de transporte de valores -Brink’s, Prosegur y Loomis-, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018.

La Corte Suprema abrió un concurso público durante 15 días para proponer una quina de candidatos para el cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El Presidente de la República debe escoger luego al sucesor de Enrique Vergara, quien cesa sus funciones el 12 de mayo Entre los estudios especializados, tres son los nombres se repiten: Javier Velozo, socio de Contreras Velozo Abogados; Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, y Daniela Gorab, ministra titular del tribunal. Diez abogados de libre competencia delinean los desafíos del sucesor de Vergara.

El club nortino demandó a la sede de Quilín en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de los polémicos hechos ocurridos al término de la temporada 2021, entre ellos, la suspensión de la liguilla de promoción.

Esto tras el envío de un informe que hizo la Compañía Minera Salares del Norte la semana pasada en el que señalaba que las bases de la licitación tenía características que podrían vulnerar el Decreto de Ley 211, el cual fija las normas para la defensa de la libre competencia.

Los argumentos de la FNE fueron expuestos este miércoles ante la Primera Sala del Tribunal Constitucional por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, en la audiencia convocada para resolver la admisibilidad del recurso.

En el documento que ingresaron las dos empresas -Nexus y Colmena- al TDLC argumentan que la decisión tomada por la Fiscalía fue hecha en base a antecedentes que no demuestran la realidad de la industria. Su defensa se basa en tres puntos: que la fusión no afecta la competencia; que beneficia a sus afiliados y que ofreció medidas de mitigación suficientes. Incluso señalan que es discutible que luego de la fusión se conviertan en el mayor operador de la industria.