Esta quedó conformada por los abogados Francisco Agüero Vargas, Fernando Araya Jasma, Marco Arellano Quiroz, Nicolás Rojas Covarrubias y Óscar Torres Zagal.
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El pasado sábado expiró el plazo para la postulación y ahora el pleno de la Corte Suprema deberá agendar una audiencia de concurso público en la que los postulantes expondrán al pleno su experiencia y sus pretensiones para el cargo. El tribunal designa una quina y Gabriel Boric deberá elegir al sucesor de Enrique Vergara.
Esto en el marco de la acusación realizada por la FNE en octubre de 2021 apuntando a las tres mayores empresas locales de transporte de valores -Brink’s, Prosegur y Loomis-, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018.
La Corte Suprema abrió un concurso público durante 15 días para proponer una quina de candidatos para el cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El Presidente de la República debe escoger luego al sucesor de Enrique Vergara, quien cesa sus funciones el 12 de mayo Entre los estudios especializados, tres son los nombres se repiten: Javier Velozo, socio de Contreras Velozo Abogados; Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, y Daniela Gorab, ministra titular del tribunal. Diez abogados de libre competencia delinean los desafíos del sucesor de Vergara.
El club nortino demandó a la sede de Quilín en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de los polémicos hechos ocurridos al término de la temporada 2021, entre ellos, la suspensión de la liguilla de promoción.
Esto tras el envío de un informe que hizo la Compañía Minera Salares del Norte la semana pasada en el que señalaba que las bases de la licitación tenía características que podrían vulnerar el Decreto de Ley 211, el cual fija las normas para la defensa de la libre competencia.
Los argumentos de la FNE fueron expuestos este miércoles ante la Primera Sala del Tribunal Constitucional por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, en la audiencia convocada para resolver la admisibilidad del recurso.
En el documento que ingresaron las dos empresas -Nexus y Colmena- al TDLC argumentan que la decisión tomada por la Fiscalía fue hecha en base a antecedentes que no demuestran la realidad de la industria. Su defensa se basa en tres puntos: que la fusión no afecta la competencia; que beneficia a sus afiliados y que ofreció medidas de mitigación suficientes. Incluso señalan que es discutible que luego de la fusión se conviertan en el mayor operador de la industria.
Anoche, al filo del plazo, las partes ingresaron un recurso de revisión especial al Tribunal. Este mecanismo entrega al TDLC la facultad de resolver una operación de concentración que haya sido prohibida por la FNE.
La integración rechazada por la Fiscalía Nacional Económica no está muerta. Descontentos con la decisión y argumentación del organismo, las empresas involucradas están analizando acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a través de un recurso de revisión que solo una vez ha sido utilizado antes. Tienen plazo hasta el próximo jueves para hacerlo y están trabajando con esa intención. Será la manera de resucitar un negocio de unos US$ 150 millones y a la que sus partes no quieren renunciar.
La autoridad y empresas de generación renovable protagonizan una antigua polémica por el uso del “gas inflexible”. Esta condición permite que las gasíferas despachen su producción al sistema eléctrico pese a que haya opciones más baratas. Y aunque su utilización estaría disminuyendo, una controversia en el Panel de Expertos y una demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia mantienen la disputa.
La Corte Suprema mantiene abiertos tres procedimientos de ayuda internacional a las jurisdicciones de España, Portugal y Uruguay a solicitud del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia por las dificultades que ha reconocido la Fiscalía Nacional Económica en la notificación del requerimiento a ejecutivos acusados.
La entidad dijo que eso puede llevar "a que las personas no tomen decisiones racionales y a que los precios no sean propios de un mercado competitivo”.
La Junaeb decidió contratar solo leche líquida, y ya no en polvo, en el Programa de Alimentación Escolar. El tribunal de la libre competencia ordenó oficiar a una serie de organismos pidiendo antecedentes sobre el caso, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio de Salud, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) y al Ministerio de Educación.
La Fiscalía solicita al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que se le aplique a la empresa una multa de $641,7 millones, además de una serie de medidas correctivas.
