La Corte Suprema mantiene abiertos tres procedimientos de ayuda internacional a las jurisdicciones de España, Portugal y Uruguay a solicitud del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia por las dificultades que ha reconocido la Fiscalía Nacional Económica en la notificación del requerimiento a ejecutivos acusados.
La entidad dijo que eso puede llevar "a que las personas no tomen decisiones racionales y a que los precios no sean propios de un mercado competitivo”.
La Junaeb decidió contratar solo leche líquida, y ya no en polvo, en el Programa de Alimentación Escolar. El tribunal de la libre competencia ordenó oficiar a una serie de organismos pidiendo antecedentes sobre el caso, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio de Salud, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) y al Ministerio de Educación.
La Fiscalía solicita al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que se le aplique a la empresa una multa de $641,7 millones, además de una serie de medidas correctivas.
Por su parte la empresa señaló que "estamos realizando un análisis detallado del fallo, para hacer valer nuestra posición ante la Corte Suprema mediante la interposición de un recurso de reclamación”.
La tercera sala del máximo tribunal acogió el recurso de reclamación presentado por Socofar S.A., matriz de Cruz Verde.
En su Resolución, el TDLC señaló que las obligaciones asumidas en el Acuerdo Extrajudicial “constituyen medidas de mitigación conductuales que cautelan la libre competencia toda vez que son proporcionales e idóneas para mitigar los riesgos anticompetitivos identificados".
El último caso conocido es el del cartel en el mercado del trasnporte de valores.
La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de Libre Competencia contra Brink’s, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre 2017 y 2018. Además, pidió multar a los tres gerentes generales de las empresas y dos ejecutivos regionales. El caso se abrió con una delación compensada de una ejecutiva de Brink´s y afectó a varios bancos e incluso a la Teletón de 2018.
La cadena dijo que los proveedores son los que están realizando imposiciones y que el uso de sus sistemas de reposición han generado efectos negativos en las salas de venta. La AGIP respondió y reafirmaron que la empresa está ejerciendo abuso de posición dominante.
El Tribunal de la Libre Competencia resolvió que desde ahora Transbank debe aplicar a los comercios el nuevo sistema tarifario que había anunciado, aunque pidió algunos ajustes. Al respecto, otorgó 30 días hábiles para tomar todas las indicaciones que hicieron y, en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica, revisarlas y aplicarlas.
La máxima instancia acogió parcialmente el escrito de aclaración y enmienda presentado por Quilín. Sin embargo, la federación tendrá que pagar 3.145 Unidades Tributarias Anuales por el cobro de la millonaria cuota de incorporación a los ascendidos a Primera B. La asociación no tiene ese dinero y es probable que los clubes tengan que asumir buena parte del castigo. Todo se discutirá el próximo lunes en el Consejo de Presidentes.
La sede de Quilín presentó un escrito de aclaración, rectificación y enmienda, en el que reclama que hay tres errores de cálculo en la condena por el cobro de la cuota de incorporación a la Primera B, que alcanza los 2,5 millones de dólares.
De llegar a aprobarse el acuerdo, las medidas adoptadas solucionarían "de manera proporcional, efectiva e idónea los problemas de competencia que se derivan de los vínculos y acuerdos existentes entre las partes", indicaron desde la FNE.
Esta decisión podría replicarse con la otra exdistribuidora demandada por Samsung, Arch Comunicaciones, lo que le permitiría a la surcoreana pasar de ser demandado, a convertirse en demandante.
