Narcotráfico, secuestros, trata de migrantes y de mujeres para explotación sexual, son algunos de los principales delitos del grupo criminal venezolano detectados en Chile. Una investigación periodística revela sus movimientos.
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Sirvió como un centro de operaciones para el grupo criminal, el cual es considerado el más grande de Venezuela y uno de los más peligrosos de la región.
En el marco de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, las autoridades calificaron como "exitosa la intervención” de la cárcel, considerada una de las más violentas de Venezuela.
Ante el amedrentamiento de la banda delictual contra jueces y fiscales en Chile, la periodista venezolana y autora del libro "El Tren de Aragua" dice a La Tercera que el grupo “busca no llamar mucho la atención de las autoridades”.
La presidenta de la asociación, Mariela Hernández, aseguró que esta solicitud lo que pretende hacer esa solicitud es “atacar es una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especie”.
En una sesión extraordinaria realizada este viernes, los ministros del tribunal de alzada ordenaron la apertura de una indagatoria administrativa contra el magistrado Héctor Barraza, luego de su decisión de otorgar información sensible a la defensa de los imputados de la causa contra la organización criminal.
Sin embargo, el defensor regional de Arica informó que presentó un recurso de reposición para impugnar la decisión de la Corte de Apelaciones, ya que consideran que "no se ajustó a derecho".
Según confirmó el titular de Justicia, la decisión adoptada por el juez Héctor Barraza constituye un "hecho grave" y será el máximo tribunal el que determine las posibles sanciones en contra del magistrado. En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el inicio de una investigación penal contra quien resulte responsable.
El resolución de la Justicia se dio a conocer este viernes, a un día de que la Corte de Apelaciones revocara la decisión del juez Héctor Barraza, que había ordenado entregar a las defensas de los imputados los antecedentes de los testigos protegidos en la causa contra el clan Los Gallegos.
El presidente del Senado (UDI) criticó la decisión del Juzgado de Garantía de Arica de revelar a la defensa de los imputados la identidad de los 56 testigos protegidos en la causa, orden que fue revocada por la Corte de Apelaciones. “Genera un tremendo manto de duda respecto de cómo esta instancia está persiguiendo el crimen organizado”, dijo.
"Estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República (...) que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial", dijo el subsecretario del Interior.
"Están en poder de la Defensoría Penal Pública, la que debería hacer devolución de los mismos en las próximas horas esperamos que de manera voluntaria”, señaló el fiscal Mario Carrera.
La iniciativa se presenta a propósito del conflicto entre la Fiscalía de Arica y el juzgado de garantía de la región, luego de que este último ordenara revelar la identidad de testigos a las defensas de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en esa ciudad. Finalmente, la Corte de Apelaciones impugnó la decisión de primera instancia.
Corte de Apelaciones dio lugar a orden de no innovar que presentó el Ministerio Público.
La mañana de este jueves, la Corte de Apelaciones dio lugar a la orden de no innovar que pidió la fiscalía en el recurso de protección presentado en favor de los testigos protegidos con identidad reservada de esta causa. Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a las defensas de los imputados.
