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El magistrado, a título personal, es partidario de que el Tribunal Constitucional sea integrado por al menos dos magistrados de las altas esferas del Poder Judicial. Los jueces durarían cuatro años, se pueden renovar por un periodo y luego volverían a la judicatura. El objetivo, comentó el ministro en 2019 a un grupo de abogados que pensó una reforma a la justicia constitucional, era facilitar el diálogo jurisprudencial entre ambas instituciones y también neutralizar los efectos políticos de este tipo de nombramientos. Una idea similar fue ingresada esta semana por algunos convencionales.

Anoche, en el primer debate de la segunda temporada de Debates de ReConstitución, tres integrantes de la Convención Constitucional discutieron acerca del futuro del órgano autónomo y posibles reformas que se podrían hacer a su funcionamiento de aquí en adelante.

El ministro del Tribunal Constitucional Iván Aróstica solicitó el pasado viernes a la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar el recurso de protección que presentó en su contra la magistrada María Luisa Brahm por la resolución que la sancionó tras una serie de denuncias de "maltrato laboral". En su recurso, la expresidenta del tribunal acusó que dicha resolución -que aplicó cinco sanciones disciplinarias de censura- es “ilegal y arbitraria”. El magistrado contestó que "se respetaron todos los estándares del debido proceso".

Al 24 de diciembre, las compañías de seguros habían desembolsado por concepto de retiros o adelantos de rentas vitalicias US$1.119 millones, correspondiente a 287.420 pagos.

Durante la jornada de hoy, los 19 integrantes de la comisión de Sistemas de Justicia del órgano constituyente compartieron sus posturas preliminares sobre distintos temas abordados en el proceso de audiencias públicas. Uno de ellos fue el futuro del Tribunal Constitucional. Aunque está lejos de la mayoría simple, la posición que toma ventaja es eliminarlo.

El Tribunal Constitucional resolvió acoger el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el senador Manuel José Ossandón Irarrázabal y por lo tanto, en los próximos días la Corte de Apelaciones de San Miguel declarará su sobreseimiento definitivo en la causa por presunto tráfico de influencias.

El Servel anunció que la legislación no podrá aplicarse en los comicios del 21 de noviembre, dado que el tribunal aún no emitió el respectivo fallo. En horas de la tarde, la Magistratura sentenció que se debe eliminar la frase “a menos que ella tenga un número inferior a nueve electores habilitados para sufragar", por constituir un impedimento al efectivo ejercicio del derecho de sufragio de los chilenos.

Ad portas de que este miércoles en la Cámara Baja se tramite el cuarto retiro de pensiones, en La Moneda apuestan a que esta vez la iniciativa no termine zanjándose en el Tribunal Constitucional, como sí ocurrió en el segundo y tercer retiro. Por la defensa del rechazo a esta norma ante el TC, el Ejecutivo ha desembolsado $24 millones para pagar a los juristas Gastón Gómez y Marisol Peña, quienes fueron los seleccionados para ello.

Confiado en que el organismo pueda mostrar su trabajo ante el proceso constituyente sostuvo: “este TC ha sido capaz de satisfacer esa demanda por justicia de las personas de la calle”.

La entidad analizará la presentación hecha por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz en favor del periodista y excolaborador de Marco Enríquez Ominami, Cristián Warner. Los abogados acusan un supuesto desacato del Servicio Electoral al incumplir una resolución del Tribunal Constitucional que restituía a Warner su derecho a voto. La Corte de Apelaciones, en tanto, rechazó recurso de protección del exdiputado por habérsele negado la opción de inscribir su candidatura en la primaria legal de julio.

Hoy, el Tribunal Constitucional acogió una medida cautelar presentada por Marco Enríquez-Ominami y ofició al Servel para que lo incluya en el padrón electoral y así poder inscribirse como candidato presidencial. Esto luego de que perdiera su derecho a sufragio por estar acusado por la fiscalía y arriesgar cárcel, proceso que el organismo aún tiene que resolver en el fondo. Pese a la resolución favorable para ME-O, el Servel informó que no puede incluir al periodista Cristián Warner (exbrazo derecho del fundador del PRO) en los registros de quienes están habilitados para sufragar en las próximas elecciones de noviembre y que sólo lo haría mediante una orden del Tribunal Electoral. ¿En qué terminará esta pugna de poderes?

En respuesta al Tribunal Constitucional, el servicio sostuvo que no puede modificar el listado de personas inhabilitadas para ejercer sus derechos políticos en las próximas elecciones de noviembre, pues ya se depuró el listado en el plazo que está establecido por la ley, que es 140 días antes de los comicios.

Mientras se realizan los alegatos de clausura en el juicio oral que se lleva adelante por el caso OAS, el fundador del PRO está en horas clave luego de que este martes el Tribunal Constitucional (TC) revisara la medida cautelar con el que busca declarar inconstitucional la norma en que pierde su derecho a voto sólo por el hecho de estar acusado por el Ministerio Público. La audiencia se pospuso por 24 horas, a petición del ministro Nelson Pozo (cercano al PS), quien solicitó más tiempo para estudiar los antecedentes. Si todo va bien, tal y como le fue a su exbrazo derecho Cristián Warner, el exabanderado no tendría impedimentos para aventurarse en una nueva carrera presidencial.

En fallo unánime, el Tribunal Constitucional acogió la pretensión de Cristián Warner, por lo que el periodista podrá recuperar sus derechos políticos y ciudadanos. Decisión podría ser un precedente para el mismo requerimiento presentado por el excandidato presidencial y líder del PRO.

Durante una hora y 20 minutos los ministros del Tribunal Constitucional (TC) dieron sus argumentos del porqué le conferían al académico de la UC el desafío de presidir el organismo en medio de un proceso constituyente en marcha. Fue una especie de catarsis, cuentan algunos de los presentes, en que los jueces le pidieron a su nuevo líder jugársela por perpetuar la permanencia del "guardián de la Carta Magna" ante quienes buscan su extinción y -por sobre todo- mejorar en los seis meses que durará su periodo (ya que debe abandonar el cargo en marzo de 2022) el clima laboral interno. En su primera intervención, Juan José Romero pidió mirar hacia el futuro, terminar con la división de grupos y las "dinámicas estresantes".