Luego de casi ocho meses, el Tribunal Constitucional entregó la resolución del requerimiento presentado por el secretario del Senado, Raúl Guzmán, y los funcionarios de la Fiscalía Sur Patricio Rosas y Roberto Contreras, que estableció que los recurrentes no incurrieron en delitos y solo debían ser multados en sede administrativa por faltas a las normas sanitarias. Esto, luego que fueran fotografiados al interior de un restaurante cuando corría la cuarentena.
Pese a que ambas acciones de revisión constitucional ahora podrán seguir adelante, también hubo ministros que se opusieron a darles el vamos. En el caso del requerimiento de Renta Nacional hubo un voto en contra, y en Bice fueron dos.
Senadores y parlamentarios oficialistas evidenciaron en sus textos la existencia de un choque entre la “autonomía progresiva de los niños” y el derecho preferente de los padres a educarlos establecido en la Constitución. Asimismo, impugnaron que en el texto de la ley se incluya la obligación de que la educación sexual entregada por parte del Estado deba ser “laica y no sexista”.
La actual presidenta María Luisa Brahm citó para el lunes 9 de agosto un pleno en el que los diez integrantes del Tribunal Constitucional deberán escoger a su líder por los próximos dos años. El tema no es pacífico al interior del organismo debido a que este cargo tiene a su vez el polémico "voto dirimente". Además, se enfrenta a un periodo en que la Convención Constitucional propondrá la existencia o no del "guardián de la Carta Fundamental".
La entidad acogió 14 requerimientos por inconstitucionalidad ante sanciones penales por infringir las normas sanitarias en el marco de la pandemia de Covid, al afirmar que la norma en cuestión infringe el artículo 19, Nº 3º, inciso 9º de la Constitución, el cual asegura a todas las personas que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.
Este martes la Corte Suprema reeligió a Rodrigo Pica como ministro del Tribunal Constitucional (TC), por un periodo de nueve años. El abogado había asumido el puesto por primera vez en marzo de 2020 y es el único juez que TC que ha realizado una carrera interna en el organismo. En total lleva 12 años, desde que comenzó como abogado asistente hasta la fecha. En su primera entrevista desde que fue escogido, analiza cuáles deberían ser las mejoras que la Convención Constitucional le podría hacer al tribunal y argumenta la importancia de mantener el rol que juega una institución que podría desaparecer en medio del proceso constituyente.
El último tribunal que se incorporó en el listado fue el TC, ya que Bice ingresó un requerimiento donde pide la inaplicabilidad de los incisos que permitieron el retiro en rentas vitalicias en la reforma constitucional que aprobó el Congreso, argumentando que se viola el derecho de propiedad.
La Primera Sala del organismo, de forma unánime, decidió visar el primer trámite con que el exsenador UDI busca declarar inconstitucional la norma del Código Orgánico de Tribunales que permite que haya sido condenado por mayoría y no de forma unánime, lo que, a su juicio, afecta la presunción de inocencia y el estándar probatorio que exige la ley, que es dictar una condena "más allá de toda duda razonable". A juicio de la defensa del exparlamentario, el que haya sido absuelto por una de las juezas del Tercer Tribunal Oral instala esa duda. El TC dio 10 días para que el Ministerio Público conteste a esta arremetida.
En una nueva estrategia judicial, la defensa del exparlamentario UDI acudió esta vez al Tribunal Constitucional (TC) pidiendo que se declaren inconstitucionales las normas del Código Orgánico de Tribunales que permitieron condenarlo por cohecho y fraude al Fisco por una decisión de dos de las tres jueces que participaron en el juicio oral en que resultó condenado en voto de mayoría. A juicio de los abogados, el que se declare culpable a una persona sin que haya unanimidad afecta la presunción de inocencia y el estándar probatorio que exige la ley en Chile, que es que se sentencie a una persona "más allá de toda duda razonable", por lo que si uno de los magistrados absuelve, se instalaría entonces esa duda. En paralelo, los recursos de nulidad están ahora radicados en la Corte de Santiago, luego de que el máximo tribunal del país los declarara inadmisibles.
El próximo 21 de junio el máximo tribunal reunido en pleno escuchará las exposiciones de los ocho abogados que se inscribieron como candidatos para ocupar el escaño que quedará disponible en los próximos días. En el ambiente judicial se comenta que corre con ventaja quien actualmente ocupa esa vacante, el ministro Rodrigo Pica, sin embargo hay quienes sostienen que desde el Gobierno ven con buenos ojos y apoyan la postulación de la ex jefa de gabinete del TC, Sandra Ponce de León, que podría impactar en las actuales alianzas que se tejen hoy al interior del polémico tribunal.
En una votación dividida, la instancia aprobó el informe realizado por el sumariante Rodrigo Pica y acordó aprobar la sanción propuesta por el instructor de los sumarios. La defensa de la presidenta del TC podría impugnar la medida.
Conviene advertir que la propuesta de algunos académicos y candidatos de eliminar el TC surge de razonamientos asociados a su denunciada politización y mala fama. Parece sensato, más allá de estas críticas, asumir que la función constitucional inexorablemente supone interpretar conceptos -como el bien común, dignidad y derechos- cuyo alcance depende de presupuestos filosófico-políticos, lo cual es una característica propia de toda corte constitucional en el mundo.
Eliminar el control preventivo y modificar el sistema de nombramiento de los ministros. Esos dos puntos parecen ser consenso entre los expertos Luis Cordero, Claudia Sarmiento, Enrique Navarro y Ana María García. En una semana donde el TC fue protagonista, los juristas marcan algunas claves relevantes para el debate que se dará -indudablemente- sobre este órgano en la convención constitucional.
Hoy se dio a conocer la resolución que no acogió a trámite el libelo del Gobierno. En el documento los siete ministros, que rechazaron, argumentan que el conflicto no estaba asentado en una presunta transgresión a la Constitución en la que ellos deberían intervenir, entre el Ejecutivo y el Congreso, y que dar pie a lo planteado por La Moneda "llevaría a este tribunal decidir políticamente y no jurídicamente en sentido estricto". Entre los puntos que critican los magistrados está el que el Presidente haya enviado al Parlamento un proyecto propio, lo que hizo que el escenario cambiara de forma radical, y aseguraron que en este caso no existía precedente -como plantearon en el escrito los abogados de palacio- ya que la vez pasada que el Mandatario recurrió al TC hubo empate . Además se sostiene que el vicio alegado tenía que ver con actuaciones ocurridas durante la tramitación, no en el texto final de la ley que salió del Senado el viernes pasado.
