Resolución de la Segunda Sala del organismo fue unánime.
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Rozas es investigado por su eventual responsabilidad de mando en apremios ilegítimos en el estallido social, mismo delito atribuido al actual mandamás de la institución, Ricardo Yáñez.
La titular del organismo, Nancy Yáñez, se refirió al recurso presentado por el jefe policial que fue acogido a trámite y que solicita la suspensión de las causas de Alto Mando y delitos de lesa humanidad relacionadas con el estallido social.
La Fiscalía mantiene a ambos como imputados por su presunta responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones vinculadas al estallido social de octubre de 2019.
De acuerdo con la exposición formulada por Ricardo Yáñez, que será revisada por la Segunda Sala del organismo, la solicitud de formalización en su contra presentaría una serie de vicios que vulnerarían sus garantías constitucionales.
El texto suscrito por parlamentarios de Republicanos, la UDI, RN, PGD y el Partido Social Cristiano señalaba que la expresión “educación no sexista” contenida en uno de los artículos es contraria a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
La exautoridad de Salud advirtió que no era conveniente extender más la discusión, y que se debe actuar rápidamente para acordar una solución, "porque si no son las familias las que van a sufrir”.
En un fallo dividido, la magistratura acogió el requerimiento presentado por parlamentarios y respaldado por el Gobierno. Presentación fue hecha tras la aprobación en la Cámara Alta de una indicación del proyecto que permitiría la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a US$ 451 millones.
Según argumentan, los parlamentarios aprobaron la mutualización en el Senado “transgrediendo la seguridad social” y que con esto “una vez más están protegiendo a las isapres”.
El Tribunal Constitucional revisará el fondo de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el municipio de Maipú para ser considerado como querellante en la causa. En la audiencia de formalización de la exjefa comunal habían sido excluidos.
En sus últimas labores como presidente del órgano legislativo, el senador UDI presentó observaciones a nombre de la corporación al requerimiento que otros 17 parlamentarios realizaron en el Tribunal Constitucional, y contraargumenta el requerimiento de inconstitucionalidad y defiende el procedimiento ocurrido en sala, donde se aprobó el nuevo cálculo de la deuda de las aseguradoras.
Aunque públicamente se había dicho que esperarían hasta la tramitación de la ley corta de isapres, la noche del domingo el Ejecutivo formuló observaciones, se hizo parte y solicitó alegatos en el requerimiento al Tribunal Constitucional que hace algunos días había hecho un grupo de senadores oficialistas. Esta última acción, junto a la lectura de que era inconsistente no referirse ahora, explican en parte la decisión.
Esta mañana el Tribunal Constitucional admitió la tramitación de la solicitud presentada por 17 senadores. En concreto, la instancia examinará el requerimiento y escuchará alegatos de quienes se han hecho parte. Y es que incluso hasta esta mañana dos aseguradoras presentaron argumentos en contra de la acción de los parlamentarios, así como la Clínica Dávila solicitó una audiencia.
Parlamentarios buscan invalidar la votación que incorporó la mutualización de la deuda de las aseguradoras, que permite bajar los US$1400 millones que calculó la Superintendencia de Salud en mayo de 2023 a US$550 millones.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el principio de seguridad jurídica.
