La decisión de la Primera Sala del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el mayor (R) de Carabineros Patricio Marín Lazo, uno de los acusados por el caso.
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Arturo Fermandois alegó en favor del requerimiento y la abogada y exministra Paulina Veloso expuso en defensa del Ejecutivo ante el Pleno del organismo. El martes 22 de agosto se adoptará acuerdo en la causa.
Tres de los cuatro ministros de la sala rechazaron el recurso que buscaba habilitarlo para pedir la nulidad de la condena de 17 años de presidio impuesta a Pradenas por el Tribunal de Temuco, en el marco del segundo juicio realizado en su contra.
Tras esta determinación, los ministros integrantes de la Primera Sala tendrán un plazo de cinco días para pronunciarse respecto de la admisibilidad del escrito. De ser declarado admisible, revisarán el fondo de la solicitud.
La Cámara Alta aprobó el 19 de julio un proyecto de acuerdo -presentado por Chile Vamos, Republicanos y Demócratas- que acusa que el decreto con que el gobierno creó la instancia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
La acción fue presentada por la Defensoría Nacional Pública en Santiago y buscan la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 387, inciso dos para dejar sin efecto la segunda sentencia en su contra.
"Elevar en Chile la importancia del principio de la competencia en las transacciones económicas, y trabajar hacia una menor concentración de poder, es importante y deberá facilitar el funcionamiento del mercado, y así también la cooperación de las elites privadas con las transformaciones necesarias".
El escrito fue presentado por el abogado Arturo Fermandois, en nombre del Senado. Otro de los puntos centrales del requerimiento se basa en que la cuestionada instancia debió haber sido creada por ley y no por un decreto supremo. En tanto, el ministro Cordero comenzó a jugar un rol en vista del incierto escenario ante el Tribunal Constitucional.
Escrito fue presentado por el abogado Arturo Fermandois, en nombre del Senado. El punto central del requerimiento se basa en que la cuestionada instancia debió haber sido creada por ley y no por un decreto supremo.
El presidente de RD criticó el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado que busca que el TC se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad de la comisión. "Todas las comisiones asesoras son creadas por decreto", destacó.
La iniciativa que fue presentada por Chile Vamos, Republicanos y Demócratas, acusa que el decreto con que el gobierno creó la instancia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso”. A partir de esta resolución, el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), adquirió un mandato para presentar este jueves un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Iniciativa fue presentada por Chile Vamos, Republicanos y Demócratas y acusa que el decreto con que el gobierno creó la instancia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”. Senadores presentarán mañana el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
El jurista que patrocinó el "téngase presente" que hizo la Confederación de la Producción y del Comercio ante el Tribunal Constitucional por la iniciativa, volvió a criticarla duramente, señalando que "hay gente en el oficialismo que ve en esto una oportunidad para disparar en contra del empresariado. En vez de disparar en forma selectiva y atacar ciertas conductas, lo que vemos es una bomba de racimo. Hay una mirada ideológica con normas para combatir el crimen organizado, narcotráfico y pornografía infantil. Ese es el estándar al que están sometiendo los delitos económicos".
La defensa del legislador solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.
El texto ingresado por los senadores Walker, Huenchumilla, De Urresti, Núñez, Araya y Rincón tiene como objetivo, según señalan, explicar al Tribunal Constitucional la serie de argumentos expresados por la CPC quien cuestionó ante el tribunal la ley contra los delitos económicos. El "téngase presente" de los parlamentarios sostiene que más bien en esta acción de los empresarios existiría un uso instrumental, el cual debería ser reprochado por el tribunal.
