Parlamentarios buscan invalidar la votación que incorporó la mutualización de la deuda de las aseguradoras, que permite bajar los US$1400 millones que calculó la Superintendencia de Salud en mayo de 2023 a US$550 millones.
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El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el principio de seguridad jurídica.
Nuevamente parlamentarios comunistas salieron al paso de la agenda del Mandatario, liderada por la ministra Tohá. En este caso, no gustó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan deliberar respecto de temas internos del país. La comisión política de la tienda, al cierre de esta edición, se reunía para fijar una postura oficial sobre el asunto.
En el Senado el proyecto tuvo modificaciones que resultaron en la reducción del monto que las aseguradoras tendrán que devolver a sus afiliados, lo que desató la molestia de los parlamentarios oficialistas. En ese contexto, solicitaron al Ejecutivo recurrir al Tribunal Constitucional, sin embargo, el gobierno no quiere, al menos por ahora. El ministro Cordero, en todo caso, aseguró que lo aprobado es inconstitucional.
La arremetida de los partidos que sostienen al Ejecutivo -más la DC- vuelve a poner el foco en la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien en marzo tendrá que enfrentar una prueba de fuego en la Cámara. La medida se concretaría esta semana, tras recopilar firmas de 17 senadores.
Precht es abogada de la Universidad Católica de Chile y Master of Legal Institutions de la Universidad of Wiscosin- Madison.
La parlamentaria, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, manifestó sus reparos a la iniciativa que contempla impedir la entrega de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales, y también a aquellos que registren condenas de carácter penal.
El Tribunal Constitucional determinó que los argumentos presentados por Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, no lograron fundamentar una controversia constitucional. Según la resolución, la justificación fue "esencialmente de índole interpretativo y no supone uno de tipo constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad".
Aunque estuvieron en sala, tres senadores del partido que encabeza Jaime Quintana decidieron no votar en la sesión que ratificó los nombres que llegarán al Tribunal Constitucional. No lo hicieron porque no se aceptó su solicitud de aplazar la votación, con la que pretendían obtener más tiempo para negociar sobre futuras nominaciones. En el PPD subieron el tono y exigieron tener una reunión en La Moneda.
Con esta votación, pasarán a conformar parte del Tribunal Constitucional los abogados Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, Alejandra Precht Rorris y Marcela Peredo Rojas, los que estarán en el cargo por nueve años.
Luego de que la senadora Loreto Carvajal solicitara una segunda discusión del tema, el presidente del Senado citó a los parlamentarios a las 20.45 para abocarse a los nombramientos del órgano jurisdiccional.
El voto de los socialistas Raúl Leiva y Marcos Ilabaca -apoyando a las figuras de la DC y RN al Tribunal Constitucional- contravino un acuerdo de la alianza de gobierno, de julio del año pasado, que comprometía respaldar la propuesta del Partido Comunista.
Los nombres impulsados por las fuerzas oficialistas movieron las aguas al interior de la instancia. Si bien existe relativo consenso en la fórmula que propondrá la comisión, los candidatos de los partidos oficialistas complicaron el panorama.
La mayoría de los observadores considera que la reciente sentencia de dicha corte, que anula la figura de reelección indefinida, implica la inhabilitación del exmandatario boliviano para postularse en 2025. Sin embargo, otros hablan de una “cortina de humo” y no creen que afecte su candidatura.
Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, denuncia que solo a ella se le abrió un sumario por teletrabajar, siendo que otros magistrados incurrieron en la misma falta por la cual se le investiga. En ese sentido, si bien no reconoce haber trabajado desde Europa, sí sostiene que la normativa que permitió el trabajo remoto “no prohibió que los funcionarios pudieran estar en el extranjero”.
