La Cámara Baja despachó para su promulgación la norma que sanciona con penas de cárcel el porte injustificado de combustibles en contexto de manifestaciones. El Ejecutivo buscaba que la acción fuera sancionada como una falta y penada con una multa.
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Algunas de estas nominaciones están pendientes desde el año pasado, como es el caso de dos cupos para el Tribunal Constitucional. Actualmente hay seis cargos en distintos órganos del Estado que no se han llenado por falta de acuerdo. Este año se sumarán otras cinco designaciones, entre ellas la del nuevo contralor.
Con la llegada de Raúl Mera al Tribunal Constitucional el tablero vuelve a equipararse. El magistrado es cercano a la centroderecha, a diferencia del fallecido Rodrigo Pica, quien se aproximaba más al PS. Con esto las votaciones quedarían en un aparente 4-4, donde el voto dirimente de la presidenta, Nancy Yáñez (oficialista), será clave.
El abogado contó con el apoyo de 11 de los ministros del máximo tribunal. El magistrado sucederá al fallecido juez del Tribunal Constitucional.
A través del recurso, la Cámara Alta -presidida por el senador Juan Antonio Coloma (UDI)- buscaba que el organismo liderado por Nancy Yáñez se pronunciara sobre la propuesta del Ejecutivo, que a juicio de los senadores que impulsaron la ofensiva es inconstitucional "por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
La decisión de la Primera Sala del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el mayor (R) de Carabineros Patricio Marín Lazo, uno de los acusados por el caso.
Arturo Fermandois alegó en favor del requerimiento y la abogada y exministra Paulina Veloso expuso en defensa del Ejecutivo ante el Pleno del organismo. El martes 22 de agosto se adoptará acuerdo en la causa.
Tres de los cuatro ministros de la sala rechazaron el recurso que buscaba habilitarlo para pedir la nulidad de la condena de 17 años de presidio impuesta a Pradenas por el Tribunal de Temuco, en el marco del segundo juicio realizado en su contra.
Tras esta determinación, los ministros integrantes de la Primera Sala tendrán un plazo de cinco días para pronunciarse respecto de la admisibilidad del escrito. De ser declarado admisible, revisarán el fondo de la solicitud.
La Cámara Alta aprobó el 19 de julio un proyecto de acuerdo -presentado por Chile Vamos, Republicanos y Demócratas- que acusa que el decreto con que el gobierno creó la instancia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
La acción fue presentada por la Defensoría Nacional Pública en Santiago y buscan la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 387, inciso dos para dejar sin efecto la segunda sentencia en su contra.
"Elevar en Chile la importancia del principio de la competencia en las transacciones económicas, y trabajar hacia una menor concentración de poder, es importante y deberá facilitar el funcionamiento del mercado, y así también la cooperación de las elites privadas con las transformaciones necesarias".
El escrito fue presentado por el abogado Arturo Fermandois, en nombre del Senado. Otro de los puntos centrales del requerimiento se basa en que la cuestionada instancia debió haber sido creada por ley y no por un decreto supremo. En tanto, el ministro Cordero comenzó a jugar un rol en vista del incierto escenario ante el Tribunal Constitucional.
Escrito fue presentado por el abogado Arturo Fermandois, en nombre del Senado. El punto central del requerimiento se basa en que la cuestionada instancia debió haber sido creada por ley y no por un decreto supremo.
El presidente de RD criticó el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado que busca que el TC se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad de la comisión. "Todas las comisiones asesoras son creadas por decreto", destacó.
