Los nombres impulsados por las fuerzas oficialistas movieron las aguas al interior de la instancia. Si bien existe relativo consenso en la fórmula que propondrá la comisión, los candidatos de los partidos oficialistas complicaron el panorama.
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La mayoría de los observadores considera que la reciente sentencia de dicha corte, que anula la figura de reelección indefinida, implica la inhabilitación del exmandatario boliviano para postularse en 2025. Sin embargo, otros hablan de una “cortina de humo” y no creen que afecte su candidatura.
Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, denuncia que solo a ella se le abrió un sumario por teletrabajar, siendo que otros magistrados incurrieron en la misma falta por la cual se le investiga. En ese sentido, si bien no reconoce haber trabajado desde Europa, sí sostiene que la normativa que permitió el trabajo remoto “no prohibió que los funcionarios pudieran estar en el extranjero”.
El padre del senador UDI Javier Macaya presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para acceder a penas sustitutivas a las privativas de libertad, en la eventualidad de ser declarado culpable. El Ministerio Público ya expuso ante el organismo que se opone a lo planteado, dado que es investigado como "autor de cuatro hechos (...) contra persona menor de 14 años". El requerimiento también pide la suspensión de la causa.
El Tribunal Constitucional, en una decisión inédita, decretó secreta la tramitación del recurso de inaplicabilidad presentado por la hija del influyente ministro de la Corte Suprema, Graciel Muñoz. La magistrada, quien es jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, busca impugnar el sumario que se abrió en su contra por trabajar de forma virtual desde Italia. Por ahora ya se anotó una victoria. El organismo admitió a trámite el requerimiento, por lo que se suspendió la investigación administrativa que se lleva en su contra en la Corte capitalina.
El 12 de enero culminan su mandato los ministros Letelier y Pozo, que sumarán a las vacantes de Romero y García, que no se han llenado desde 2022. La UDI, RN, la DC y el PS ya activaron la selección de postulantes que deben ser nominados por el Congreso. Juan Carlos Ferrada, Manuel Puccio, Beatriz Corbo, María Angélica Benavides, Héctor Mery, Alejandra Precht y Marcela Peredo son algunas cartas.
Por unanimidad, los once parlamentarios de la comisión de Hacienda dieron su voto en contra al aumento -de más de $ 3 millones- propuesto por el Ejecutivo en el marco del reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público.
Diputados del oficialismo presentaron una indicación para eliminar la mejora salarial en el Tribunal Constitucional que superaría los 3 millones de pesos. Karol Cariola (PC) expresó que la medida es "incomprensible".
En el mensaje del Ejecutivo del reajuste del sector público se plantea que "se ha estimado pertinente tender a la homologación de las remuneraciones" de los magistrados del organismo "con aquellas que le corresponden" a los jueces de la Corte Suprema. Esta alza ya había sido solicitada por el expresidente de la entidad, Iván Aróstica, a Sebastián Piñera en 2019.
El exmandatario salió de la cárcel el miércoles luego de que el gobierno de Dina Boluarte decidiera acoger el fallo del Tribunal Constitucional.
El expresidente de 85 años cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El partido que lidera el senador Rodrigo Galilea lleva dos fracasos para completar el cupo que les corresponde en el Tribunal Constitucional. En su tercer intento optarán por la exintegrante de la Comisión Experta. La DC, en tanto, no modificará su carta y, por tercera vez, pondrá sus fichas en la abogada Alejandra Precht. Ambos puestos llevan casi un año y nueve meses vacantes.
Los ministros Luis Cordero y Álvaro Elizalde comenzaron las primeras tratativas con el objetivo de escoger al sucesor del contralor, quien culmina su mandato el próximo 16 de diciembre. Los abogados Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrada y la misma subsecretaria Macarena Lobos son algunas cartas del oficialismo. No obstante, la última palabra la tiene la derecha.
El tribunal de alzada capitalino rechazó las alegaciones de la otra presidenta del TC, confirmando que las sanciones aplicadas en su contra tras ser denunciada por actos de acoso laboral fueron parte de un proceso que se ajustó a la normativa. Ministros descartaron que se tratara de un acto ilegal o arbitrario.
La sentencia del organismo desechó cada uno de los argumentos centrales de la ofensiva impulsada por senadores de Chile Vamos, Republicano y Demócratas.
