América Latina: Las acusaciones de fraudes amenazan los procesos electorales en la región

En un año marcado por cruciales comicios en Latinoamérica, las denuncias de eventuales manipulaciones en los resultados electorales se transformaron en una nueva amenaza para las ya golpeadas democracias regionales. En medio de la pandemia y diversas crisis internas, los países han debido luchar contra las fake news que evidencian el crecimiento de la desconfianza entre los votantes con los sistemas de sufragio.

El fantasma del fraude electoral se ha instalado en la retórica de candidatos y líderes tanto de derecha como de izquierda. Según Deutsche Welle, el amaño de los votos ha sido un cuento de nunca acabar en América Latina. Entre los episodios más recordados aparecen la “caída del sistema” en las elecciones de México en 1988, cuyo proceso terminó por reconfigurar el aparato electoral del país para gestar al actual Instituto Nacional Electoral, y las elecciones de Perú en el año 2000, cuando acusaron a Alberto Fujimori de falsificar un millón de firmas para promover su tercer mandato.

Aunque por años estas amenazas habían quedado en el olvido, un nuevo capítulo de acusaciones de fraude se abrió en la región con las elecciones de Bolivia en 2019, marcando un precedente. En aquellos comicios, Evo Morales buscó una tercera reelección consecutiva tras desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que los bolivianos rechazaron la modificación constitucional para permitir una nueva candidatura del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, amparado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, logró llegar a la papeleta sin dimensionar lo que vendría.

La polémica cita electoral de 2019 estuvo marcada por una paralización del conteo electrónico de votos del Tribunal Supremo Electoral boliviano (TSE), lo que encendió el descontento de cientos de personas que salieron a las calles acusando un arreglo de los votos y desató semanas de protestas nacionales que obligaron a renunciar a Morales después de casi 14 años de gobierno masista. En ese momento, la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó “una manipulación dolosa” de los resultados. Y este mes volvió a ratificar su tesis, al asegurar que Morales se benefició de irregularidades, mientas el gobierno calificó esta posición como una “injerencia”.

“La crisis de 2019 en Bolivia nos muestra el debilitamiento de la institucionalidad democrática expresada en un elemento clave, la falta de independencia y el profundo debilitamiento del TSE, el árbitro, organizador y encargado del conteo de las elecciones. En el caso de Bolivia, la OEA era uno de los pocos veedores internacionales invitados por el gobierno, no había una paleta de instituciones que iban. Por esto, el multilateralismo es una presencia fundamental en escenarios de alta polarización, que es lo que tenemos en muchas partes del continente y en Bolivia”, señala a La Tercera la politóloga boliviana Moira Zuazo.

Para la experta, un tema clave que surgió tras la crisis en Bolivia fue la consulta de Colombia a la Corte Interamericana de DD.HH., el 7 de junio pasado, cuando el organismo en una opinión consultiva establece que la reelección indefinida no es un derecho humano, como impulsó Morales. “Esta puerta trasera de una interpretación antojadiza del Pacto de San José no era la primera vez que se usaba, Bolivia sería el tercer país después de Honduras y Nicaragua. Estábamos sentando un muy mal precedente a nivel latinoamericano”, dice Zuazo.

Aún con el impacto regional que tuvo la salida de Morales, el 7 de febrero de este año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que el candidato Yaku Pérez presentó una serie de recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), solicitando abrir las urnas de todo el país para recontar los votos y acusando que un supuesto fraude electoral lo dejó fuera de la segunda vuelta del 11 de abril.

El mismo día del balotaje en Ecuador, Perú celebró elecciones generales en las que el izquierdista Pedro Castillo dio la sorpresa al llegar en primer lugar, resultado que repitió en la segunda vuelta del 6 de junio, frente a la derechista Keiko Fujimori. Aún así, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tardó 43 días en proclamar un ganador.

“No me dan miedo las elecciones, entrego la banda presidencial a quien gane, con voto auditable y fiable; con esta forma corremos el riesgo de que no haya elecciones el año que viene”. Así, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, instaló las dudas sobre las elecciones programadas para octubre de 2022, que desde 1996 se realizan bajo un estricto mecanismo de urnas electrónicas.

Las acusaciones del ultraderechista que buscará su reelección se dan cuando su popularidad sigue en caída. Una encuesta de Datafolha publicada el 8 de julio reveló que la reprobación de Bolsonaro llegó a 51%. Además, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su probable contrincante para las elecciones de 2022, se impondría en una posible segunda vuelta por 58% a 31%.

“Las razones para la estrategia de ataque a las reglas electorales vigentes de Bolsonaro son mantener a los fanáticos adeptos y también a sus milicias digitales para no desmovilizarlos ahora que planean sus actos de apoyo, y a medio plazo y a la (Donald) Trump preparar un eventual desconocimiento de los resultados electorales de 2022, y por eso está preparando las condiciones discursivas desde ahora”, señala a La Tercera el analista político de la Universidad de Sao Paulo, Rafael Duarte Villa.

En medio de una ola de detenciones a más de 30 líderes opositores ordenada por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, siete precandidatos quedaron fuera de las elecciones del 7 de noviembre. A la tensa situación también se sumó la polémica decisión del Consejo Supremo Electoral, que canceló la personalidad jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, el único que quedaba en la contienda para los comicios. Frente a la escalada del régimen sandinista contra la oposición, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que las elecciones en Nicaragua han “perdido toda credibilidad”.

Uno de los últimos en sumarse a las acusaciones de eventuales irregularidades en las elecciones fue el expresidente de Argentina Mauricio Macri, que en una reunión por Zoom con su coalición Juntos por el Cambio solicitó reforzar las fiscalizaciones para evitar posibles fraudes en la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del 14 de noviembre.

“Nunca desde el regreso a la democracia se comprobó ningún tipo de irregularidades electorales graves, por eso hay bastante consenso entre los especialistas y la propia clase política que a pesar de que haya una clase de folclore o costumbre de hacer este tipo de acusaciones de fraude, el sistema argentino es bastante confiable. Macri apunta a la provincia de Buenos Aires, porque siempre es el distrito principal, representa el 40% de los votos y es el más difícil de fiscalizar. Argentina tiene un sistema muy antiguo, pero que nunca se pudo cambiar porque no hubo suficiente consenso”, explica a La Tercera el analista político argentino Julio Burdman.