Caso Sierra Bella: tasadores compartían grupo de WhatsApp con alta funcionaria de Santiago

Un antecedente que ha resultado clave para los querellantes en el caso Sierra Bella -bajo el cual la Fiscalía investiga eventual fraude al Fisco en la compra de un inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago a Inmobiliaria San Valentino- es la escasa diferencia entre los valores de la propiedad a los que arribaron los tres tasadores que valorizaron el recinto y que fueron contactados por la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC). Y es que a pesar de que en los tres informes los profesionales fijaron montos diferentes a los distintos ítems incluidos, el valor final al que arribaron tuvo una variación de sólo 0,44%.

Así lo enfatizó Contraloría en la resolución en la que advirtió serias irregularidades en la hoy fallida transacción y en la que, además, la entidad indicó que el municipio encabezado por la militante PC “no cauteló el correcto uso de recursos públicos”.

Las sospechas de quienes se han hecho parte en la causa apuntan a que eventualmente se pidió a los tasadores llegar a ese precio o que actuaron concertados, por lo que en la indagatoria que lleva el fiscal Patricio Cooper se han realizado una serie de diligencias a fin de dilucidar lo ocurrido. Por ejemplo, se realizó la incautación de celulares y de equipos tecnológicos a funcionarios municipales y a los mismos evaluadores, a quienes, además, efectivos de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI tomaron declaración durante mayo.

Y fue producto de esas últimas diligencias que los detectives recabaron nuevos antecedentes. Uno a uno, los tasadores reconocieron que habían sido contactados por una alta funcionaria del municipio y que, en el transcurso del trabajo encomendado, mantuvieron un grupo de WhatsApp donde ella oficiaba como administradora y se iban compartiendo información. Revelaron, asimismo, que fueron juntos a revisar las dependencias donde Santiago quería instalar su primera clínica municipal, pese a que el requisito que fija la norma es que sean informes hechos con total independencia.

La primera en entregar su testimonio fue la tasadora Mylena Cárcamo Valencia, el 8 de mayo pasado. Y en la transcripción, a la que tuvo acceso La Tercera Domingo, aseguró que había sido en octubre de 2022 que “su amiga” Loreto Fernández, quien se desempeña en la Corporación de Desarrollo de Santiago y que no había sido mencionada en el caso hasta ahora-, la contactó porque la municipalidad necesitaría tasadores. Así, primero valorizó un inmueble ubicado en Carmen 35 (por el que inicialmente la comuna había mostrado interés) y luego la exclínica Sierra Bella. Agregó que aunque en primera instancia habían sido funcionarios de la Dirección de Salud los que le entregaron los antecedentes para hacer el trabajo, cuando le tocó evaluar el segundo recinto sólo tuvo contacto con Fernández, quien, además, estuvo presente cuando fueron a visitar el recinto junto a los otros dos tasadores y al dueño de San Valentino, Felipe Sánchez.

Cárcamo contó que tomó fotos, que revisó archivos en internet, pero que la documentación la hicieron llegar por el grupo de WhatsApp que Fernández creó.

“Obtuve el informe de tasación del vendedor efectuado por un empresa de ingeniería, cuyo nombre no recuerdo, pero me fue entregado por Loreto Fernández, mediante WhatsApp, de un grupo en el que estaba Loreto como administradora, los otros dos tasadores y yo. De este grupo de WhatsApp me sacaron apenas apareció el primer reportaje referente a la Clínica Sierra Bella”, sinceró. Y si bien dijo haber sido “eliminada” del chat, los funcionarios policiales consultaron si había guardado el registro, a lo que respondió que no. “No le presté mayor atención al eliminarlo del teléfono”, dijo.

El 15 de mayo fue el turno de la tasadora María José Sepúlveda Sepúlveda, quien también identificó a Loreto Fernández como su amiga. Agregó que recomendó a Patricio Gajardo Rocha, el tercer profesional que tasó la exclínica. “La visita de inspección de la exclínica se gestó a través de Loreto, quien coordinó día y hora para esta visita. Además, ella nos proporciona posterior a la vista los planos, las resoluciones sanitarias, informe de tasación previo, los roles de la propiedad, entre otros documentos”, manifestó.

A su turno, Gajardo, el 22 de mayo, declaró ante los investigadores: “El día 29 de noviembre de 2022, María José Sepúlveda me llama, comentándome que la Municipalidad de Santiago requería efectuar otra tasación, correspondiente al inmueble ubicado en Sierra Bella N°1181, comuna de Santiago, indicándome que la visita era al otro día. Por lo anterior, me apersoné”.

Consultados sobre los nuevos antecedentes, los diputados del Partido Republicano que se querellaron en esta causa, Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, confirmaron que presentaron ampliación de querella a través del abogado que los representa, Sierra Bella: CDE entra en “estado de vigilancia” para evaluar querella y estudia antecedentes sobre rol de Irací Hassler

“Siempre pensamos que en este fraude o maquinación habían puesto de acuerdo a los tasadores, porque se requería una coordinación, y ahora que tuvimos acceso a diligencias, vimos que era lo que sospechábamos: había un grupo de WhatsApp de los tasadores donde estaban coordinados, aparentemente, por esta funcionaria, que es de confianza de la alcaldesa”, comentó el diputado Irarrázaval, agregando que urge la intervención del Consejo de Defensa del Estado y que la alcaldesa Hassler ponga a disposición su teléfono celular particular, a fin de identificar si estaba o no vinculada al citado chat.

En el mismo sentido, Kaiser indicó que “queda cada vez más en evidencia que ha existido un esfuerzo coordinado para defraudar a la municipalidad. Es por esto que hemos ampliado nuestra querella contra Loreto Fernández, por la responsabilidad que le pueda caber en los hechos investigados”.

Respecto de las eventuales irregularidades, el abogado Rodríguez insistió en que “el deber de probidad exige que se contraten tasadores independientes, ya que se está reemplazando la licitación pública. Aquí ocurrió todo lo contrario: no eran independientes ni con el que requirió el servicio ni entre ellos; la información utilizada y el método de tasación fue la impuesta por el vendedor y aceptada por funcionarios que participaron del delito”.