Democracia Viva: la encrucijada en que puso Miguel Crispi a La Moneda

El domingo 5 de noviembre fue la última vez en que Pablo Paredes, director de la Secom, y Juan Carvajal, exdirector de la misma durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, realizaron un intenso coaching al jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD).

El reto de enfrentar el lunes 6 a la comisión investigadora que indaga los millonarios contratos a fundaciones, a través de Seremis y gobiernos regionales, obligó al exdiputado a someterse a una serie de preguntas, respuestas y sugerencias de actitud corporal en diversos momentos de la semana pasada. Lo que se jugaba no era menor.

Tras un tira y afloja de casi un mes -en que el gobierno defendió que no correspondía que fuera a contestar las preguntas de los diputados-, a Crispi le tocaba enfrentar en persona una de los principales dudas: cuándo se enteró él y La Moneda del caso Democracia Viva, que explotó públicamente en junio.

Desde ahí, el Ejecutivo y sus partidos se vieron involucrados en una cadena de errores que azotaron duramente al oficialismo, desintegrando a Revolución Democrática -uno de los principales partidos del Frente Amplio- y asestando un golpe al discurso de probidad con que ese conglomerado conquistó la Presidencia en los comicios de 2021.

Por eso, ante los diputados Crispi se apegó a la estrategia delineada con Paredes y Carvajal. En tono calmo, apuntó -en lo central- a blindar al Presidente Gabriel Boric, diciendo que él tomó conocimiento del caso el 7 de junio, nueve días antes que fuera público, y que no se lo transmitió al Presidente porque se trataba de un rumor.

Sin embargo, socializó un dato que no se sabía y que replanteó la interrogante respecto de la capacidad de anticipación que tuvo Palacio para contener una crisis que, a casi cinco meses de explotar, aún continúa.

Crispi reveló que personalmente llamó por teléfono a la entonces subsecretaria del Minvu, Tatiana Rojas (también RD), para saber si tenía conocimiento del caso. “Llamo a la subsecretaria, le consulto si ha escuchado hablar de esto, como dice la diputada, ella tenía algunas informaciones (...), había un correo de las asociaciones de funcionarios que ponían en alerta, y (...) denunciaban situaciones que catalogaban como irregulares y que terminaron siéndolo”, señaló.

Con esto, se abrió un doble flanco. No sólo porque con ese único antecedente el “rumor” -que, según dijo, le contó un integrante de su equipo- había dejado de serlo. Sino también porque a esas alturas, al interior del gobierno se manejaba mucha información del caso.

La exsubsecretaria Rojas -que fue contactada sin éxito por La Tercera- tenía conocimiento desde el 2 de mayo. Ese martes, a las 17.26 horas, ingresó a su bandeja de correos un e-mail de tres carillas de la Asociación de Funcionarios del Minvu de Antofagasta con la denuncia. En ese texto -la primera evidencia escrita del caso- se relataba en detalle la adjudicación de tres contratos por 426 millones de pesos a Democracia Viva y se advertía que en la operación aparecían como implicados militantes de RD, entre ellos, el director ejecutivo de la fundación, Daniel Andrade (hoy expulsado de RD), pareja hasta ese minuto de la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD), y Carlos Contreras (expulsado de RD), seremi del Minvu de Antofagasta y ex jefe de gabinete de la parlamentaria.

La segunda alerta se produjo el 9 de junio, también con registro escrito. Esta vez, fue vía Parlamento. Molestos con la falta de reacción del Minvu, tras casi cuatro semanas sin respuesta, una fuente que hasta ahora se mantiene en reserva derivó el lunes 5 los antecedentes a la diputada por el 3er. distrito de Antofagasta, Yovana Ahumada (ex PDG). El 7 de junio, el mismo en que Crispi aseguró haber conocido el rumor, la parlamentaria ingresó un oficio a la Cámara de Diputados dando cuenta de la irregularidad y el 9, al mediodía, la corporación despachó un correo al entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, el mismo que había visado la operación, requiriendo antecedentes debido a la gravedad de la denuncia. El 16, el tema estaba en la prensa a través del medio regional Timeline.

“Lo que no se entiende es por qué, si el gobierno tenía la información desde el 2 de mayo, no hizo rápidamente una investigación, aplicó las medidas administrativas y entregó los antecedentes a la justicia. Tuvo 45 días, entre el 2 de mayo y el 16 de junio, para actuar. La pregunta es por qué no lo hizo”, consulta Ahumada.

Un dato refuerza el conocimiento que tenía el gobierno del tema. La diputada Pérez aseguró en entrevista a La Tercera que “la primera semana de junio informo sobre Democracia Viva a RD y al gobierno”. Y que, en específico, informó a la subsecretaria Rojas. “Le digo que me llega esta denuncia y le pregunto qué está pasando. Ella me dice que hasta los antecedentes que ella tiene está todo en regla, pero que está elaborando un informe. Yo digo perfecto. Y le aviso tanto a mi partido como a la subsecretaria que de todas maneras voy a ir a Contraloría”.

No se sabe qué hizo Rojas con ese reporte. Sí hay claridad que el caso generó un fuerte impasse el 22 de junio entre Juan Ignacio Latorre, entonces presidente de RD, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuando el primero afirmó que la subsecretaria le había advertido al secretario de Estado sobre el convenio con Democracia Viva. El conflicto terminó con Rojas desdiciendo a Latorre, tras lo cual salió del gobierno. Montes ganó ese round. Pero quedó, para sus detractores, como una autoridad que no tiene control sobre su ministerio.

Así, a principios de junio, la información ya la manejaban el gobierno y el núcleo duro de RD. Luces de ello entregó a la Fiscalía el secretario ejecutivo de esa tienda, Edson Dettoni, quien dijo que se enteró del caso el 6 de junio -un día antes que Crispi-, cuando a su WhatsApp llegó un mensaje de la jefa de gabinete de Pérez, Romina Neumann, citando a una reunión de urgencia de directiva, a las 20 horas de ese día. En ella participó el entonces jefe de RD, Juan Ignacio Latorre.

También dijo que él propuso, entre otras medidas, contarle la situación al jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, contacto que haría el senador Latorre y que no se concretó, y que Javiera Martínez, jefa de la Dipres, también conoció el rumor y le pidió que lo confirmara.

El propio Jefe del Estado, en una gira a El Maule, del 5 de julio, sostuvo que él supo del tema un poco antes del 16, lo que provocó el incendio político que se prolonga hasta hoy. “Apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos y se van a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales que correspondan, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan”, dijo en esa oportunidad, aunque después los ministros Luis Cordero y Camila Vallejo salieron a reinterpretar sus palabras.

Los dichos de Crispi volvieron a dejar en una encrucijada a La Moneda, que días después volvió a ser golpeada por un informe de Contraloría que estableció graves irregularidades en el traspaso de recursos entre las seremis de Vivienda y fundaciones a lo largo del país.

Aunque desde el gobierno salieron a respaldar al asesor del Presidente y a asegurar que cuenta con su apoyo, en los partidos del oficialismo, sobre todo en el Socialismo Democrático, plantearon una pública desazón por su presentación ante los diputados, por dos razones.

La primera, pues cuestionan su versión de que no escaló el caso al Mandatario apenas se enteró de que era cierto, lo que podría desbaratar el blindaje a Boric, en orden a que solo supo la información el 16 de junio, el mismo día de la publicación. Hacen ver que Crispi va a tener que sustentar esa versión cuando sea citado a declarar ante el Ministerio Público sobre este mismo caso.

El segundo motivo responde a que si efectivamente no escaló el caso, sometió a la administración Boric a uno de los conflictos más graves desde su asunción, al dejarlo sin capacidad de reacción ante el destape de los millonarios convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, que han trancado su gestión y puesto en cuestión una de sus principales banderas: la probidad.

De hecho, además de las irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría, hasta ahora la Fiscalía ha constatado irregularidades por más de 23 mil millones de pesos en 52 fundaciones.

El tema sigue abierto a nivel del Socialismo Democrático. Desde ese espacio se confidencia que ha habido una gran presión para reforzar el Segundo Piso con la integración de esa sensibilidad y también para lograr la salida del principal asesor del Jefe del Estado por supuesta negligencia.

Las demandas más visibles han sido de los senadores Gastón Saavedra y Fidel Espinoza, ambos del PS.

“Es el Presidente quien tiene que evaluar a Miguel Crispi y tomar una decisión sobre su continuidad y soy respetuoso de aquello. La pregunta que tiene que hacerse es si Crispi hizo todo lo que podía y debía hacer al momento que tomó conocimiento del caso Democracia Viva el 7 de junio, si puso las alertas para que se tomaran las medidas del caso y evitar la crisis. Desde mi perspectiva, derivar el tema a la subsecretaria fue insuficiente. Dada la gravedad de la información, debió informar también al ministro Carlos Montes y al Presidente Boric. Desde esa perspectiva, creo que faltó diligencia de su parte”, enfatiza el diputado PPD Raúl Soto.

En reserva, en el Socialismo Democrático se adjudica gran parte de la incapacidad para prevenir la crisis a la presencia de un frenteamplismo monocolor en el Segundo Piso, por lo que insisten en la necesidad de insertar nuevas visiones en ese espacio.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, hace ver que no se trata de pedir cargos, sino que ponerse a disposición del gobierno y su desarrollo. “En lo personal -afirma-, me gustaría que el partido estuviera en el Segundo Piso y es parte de las demandas que le hemos hecho desde marzo de este año al gobierno”.

Con todo, en el propio oficialismo se admite que a la figura de Crispi se une ahora la del ministro Carlos Montes, quien también quedó en la mira tras el lapidario informe de Contraloría.