Efecto boomerang: cómo Boric intenta lidiar con el escenario más inesperado tras elecciones en Venezuela

El lunes 29 de julio la Cancillería venezolana no aceptó dar una audiencia presencial al embajador Jaime Gazmuri. Sólo por teléfono, el jefe de la misión de Chile en Caracas pudo comunicarse con el viceministro para América Latina, Rander Peña. Fue una conversación breve y, sin duda, señalan cercanos al diplomático chileno, la más ruda y tensa que había tenido con alguna autoridad del régimen chavista en el año y tres meses que lleva en Venezuela.

Desde entonces, ni Gazmuri, ni el canciller Alberto van Klaveren, ni la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, han vuelto a hablar con sus pares venezolanos. Han hecho varios intentos. Pero en Caracas, simplemente, cortaron la comunicación con Chile.

“La señal que recibimos es que ellos no están dispuestos a conversar con Chile, aunque esperamos que en la práctica eso se pueda revertir, porque no creemos, además, que el aislamiento de Venezuela sea una buena noticia para el propio pueblo venezolano”, señalan fuentes de Teatinos 180, sede de la diplomacia chilena.

En ese último contacto, Rander Peña le transmitió a Gazmuri la profunda molestia del gobierno de Maduro por las declaraciones que el Presidente Boric emitió la madrugada del lunes 29, cuando señaló que no reconocería los resultados de las elecciones del domingo 28 mientras no hubiera una auditoría independiente de las actas electorales. No sólo eso. El viceministro venezolano le recriminó al embajador chileno que no esperaban un trato así de Chile y menos de un gobierno de izquierda con pasado allendista. El momento más tenso fue cuando le dejó en claro que la delegación diplomática chilena tenía 72 horas para abandonar Venezuela.

Por lo mismo, rápidamente iniciaron las gestiones para el traslado de 20 chilenos, entre funcionarios diplomáticos, sus familiares y los ocho agentes de la PDI que habían llegado pocos meses antes para facilitar el trabajo de cooperación policial con Venezuela en medio de la crisis de seguridad causada por las bandas de crimen organizado.

A contrarreloj, desde Santiago el jefe de la Dirección de Personal de la Cancillería, Iván Favreau, ayudó a Gazmuri a coordinar la logística para la salida de los chilenos. Era una tarea difícil, pues Venezuela había suspendido los vuelos internacionales vía Lima y Panamá.

Gracias a la ayuda de la aerolínea Latam, que abrió cupos especiales para sacar por Bogotá a la delegación chilena, todos lograron llegar a Santiago el jueves 1 de agosto. Las excepciones fueron, el ministro consejero Miguel Meneses, el cónsul general, Roberto Araoz, y el embajador Gazmuri, quienes se quedaron hasta el viernes en la noche en Caracas para garantizar el cierre seguro de la misión. Recién ayer sábado, el embajador llegó a Chile con su esposa, Paulina Elissetche, y mañana lunes se reunirá con el canciller Alberto van Klaveren para darle un informe en detalle.

En el gobierno chileno reconocen que la dura reacción del régimen de Maduro estaba fuera de todos los cálculos. Y que abrió un complejo flanco internacional que el Presidente Boric deberá administrar al mismo tiempo que busca aplacar los problemas internos, especialmente la fractura con el PC y el desorden en la coalición oficialista, que ha provocado la crisis con Venezuela.

En las semanas previas a la elección, el secretario de Política General de la Cancillería, embajador Rodrigo Olsen, junto a los equipos del Minrel, había estado haciendo un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de Barbados y mapeado distintos escenarios de lo que podría ocurrir el día de la elección.

Se evaluó desde el desconocimiento de los resultados, hasta una eventual apertura del gobierno de Maduro a trasparentar las actas electorales. Incluso, la posibilidad de que se abriera a una negociación para una transición pactada. El abanico de posibilidades era demasiado amplio para anticipar los cursos de acción, señalan en la Cancillería chilena.

“Lo que sí teníamos muy claro eran cuáles son los principios que Chile defiende en política exterior y, particularmente, cuando se trata de procesos electorales complejos como este. Chile siempre iba a defender la transparencia e integridad del proceso electoral, porque ese es un principio básico de la democracia”, señalan en el Minrel.

En el gobierno chileno daban por descontado que las declaraciones de Boric, del canciller Van Klaveren y de otras autoridades chilenas -negándose a reconocer los resultados electorales del domingo mientras el gobierno de Maduro no transparentara las actas y fueran verificadas por entidades independientes- gatillaría una dura respuesta de personeros del régimen chavista a través de las redes sociales, tal como ocurrió.

Si la tensión escalaba, señalan fuentes diplomáticas, se evaluaba llamar a consulta al embajador y, como una medida extrema, el retiro del jefe de la misión diplomática en Caracas, como ya había ocurrido a fines de 2017.

Pero la decisión adoptada por Maduro el lunes 29 de exigir la salida de todo el personal diplomático y de retirar a los representantes venezolanos de Chile estaba completamente fuera del radar.

“Hemos estado muy impactados y sorprendidos con la decisión, porque es inédito en la historia diplomática chilena. Supone, entre otras cosas, no facilitar el diálogo al que Chile siempre ha apostado con Venezuela, incluso en las circunstancias más adversas. Y, además, deja a los más de 700 mil venezolanos que viven en Chile sin la posibilidad de acceder a los servicios consulares”, recalcan fuentes de la Cancillería.

Ni siquiera cuando el Presidente Piñera, el 23 de enero de 2019, desconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 y respaldó a Juan Guaidó como “presidente encargado” la reacción del régimen chavista había llegado a tanto.

Tampoco ocurrió cuando, en febrero de 2019, Piñera y su canciller, Roberto Ampuero, realizaron el polémico viaje a la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta para entregar alimentos y medicinas en una acción de apoyo directo a la oposición venezolana.

Por lo mismo, cuando el lunes 29 de julio, en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes, Van Klaveren leyó el mensaje en que su par venezolano, Yván Gil, anunciaba la salida de todo su personal diplomático y la expulsión de los funcionarios de Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, no dudó en calificar la medida como “inédita” y “propia de un régimen dictatorial”.

De inmediato, La Moneda tomó algunas definiciones centrales. La primera, que Boric y el canciller conversarían especialmente con sus pares de Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, España, Francia y otros países del G-7 sobre la actitud que tomarían frente a Maduro. En esa línea, Boric hoy enfrenta la presión de la oposición para que reconozca a Edmundo González como Presidente de Venezuela, algo que ha sido descartado por ahora. Ayer el canciller Van Klaveren indicó que “cualquier proclamación de candidatos ganadores es prematura”, insistiendo en la necesidad de que los resultados electorales sean verificados.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, en tanto, se encargaría de coordinar con la región la forma de enfrentar los efectos adversos que podría provocar la crisis en Venezuela -especialmente una nueva ola migratoria- y el daño que ocasionaría el cierre de los consulados.

El martes 30 de julio, poco después del mediodía, De la Fuente se reunió en La Moneda con su par de Interior, Manuel Monsalve. En la cita, ella dio cuenta de las conversaciones que había sostenido hasta entonces con los viceministros de Colombia, Ecuador y Perú para coordinar una respuesta común frente al “escenario más probable”: una nueva ola migratoria hacia los países sudamericanos de la costa del Pacifico, como la que ocurrió a partir de 2019, cuando salieron más de siete millones de venezolanos, precisamente, después de que gran parte de la comunidad internacional desconociera los resultados de las elecciones presidenciales de 2018.

Ahora, los cálculos plantean la eventual salida de entre dos y hasta tres millones de venezolanos en los próximos meses. Ello podría poner en jaque a estos países que ya han acogido al 70% de la migración venezolana. En Colombia hay más de dos millones de venezolanos, un millón cien mil están en Perú, mientras que en Chile superan los 700 mil.

Ninguno de los países está en condiciones de recibir una nueva oleada. Por lo mismo, la estrategia de Chile apunta a que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia fortalezcan simultáneamente el control de sus fronteras y eviten el paso de migrantes irregulares. Algo similar a lo que hace Estados Unidos, al exigir a México que frene las masivas marchas de migrantes latinoamericanos antes de llegar a la frontera.

El objetivo es evitar repetir lo que pasó a partir de 2019, en que cada país actuó de manera aislada, permitiendo el paso de los migrantes por sus territorios con la condición de que siguieran su marcha hacia países del sur. Y, a la vez bloqueaban sus fronteras para que no se devolvieran aquellos que ya habían pasado.

Por eso mismo, las gestiones de la Cancillería buscan también que se establezca un acuerdo entre los países afectados por esta coyuntura para que notifiquen con anticipación al resto de las medidas internas relacionadas con el tránsito de migrantes.

Las conversaciones también se han dado a nivel multilateral. La región cuenta con dos mecanismos técnicos -la Conferencia Sudamericana de Migraciones y el Proceso de Quito- y esta semana se activaron tratativas con la primera para ver en general el tema de la migración.

“Por el momento, no se considera crear incentivos para nuevos flujos migratorios o visas especiales, ni realizar llamados a venir al país como se hizo en el pasado”, dijo el jueves el jefe del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer.

Por el contrario, la estrategia apunta a evitar el ingreso de personas por pasos irregulares. Algo completamente impensado para el candidato Gabriel Boric, en 2021.

En esa línea se enmarcó el viaje del subsecretario Monsalve y su par de Defensa, Ricardo Montero, el jueves 1 y viernes 2 a Tarapacá y Arica, para liderar reuniones de emergencia de los comités de seguridad fronteriza.

Pero una eventual nueva ola migratoria no es el único problema que genera la actual confrontación con Maduro.

El cierre del trabajo consular, advierten fuentes de Interior, pone en jaque el proceso de expulsiones administrativas y judiciales de ciudadanos venezolanos. Sólo el año pasado fueron deportados 222 venezolanos, mientras que en 2023 las expulsiones a Venezuela totalizaron 343 personas. “Con la decisión de Venezuela de cerrar los consulados estas deportaciones bajan a cero”, alertan en la Subsecretaría de Interior.

Venezuela exige previo a la expulsión la verificación de identidad y la entrega de un salvoconducto. Ambos trámites los realiza el consulado venezolano en Chile, el que desde el lunes en la noche está total e indefinidamente cerrado.

Hay otro drama aún mayor. La reciente decisión de Maduro de cerrar las embajadas y consulados en siete países, incluido Chile, deja a millones de venezolanos en el abandono y la indefensión.

En Lima, los efectos ya se han hecho sentir con fuerza. Hay más de 3.000 venezolanos que habían comprado pasajes para retornar a Caracas, incluso vendieron casas y enseres, porque se les había dicho que recibirían esta semana sus pasaportes. Muchos habían hecho la gestión en el consulado venezolano hace más de un año y sólo restaba que se los entregaran en estos días, pero la noche del lunes la misión diplomática cerró y ellos quedaron varados en las calles limeñas.

Un problema que también se está registrando en Chile, aunque, por ahora, en menor escala.

Por eso, al igual que lo está haciendo Perú, la Cancillería chilena ya está haciendo diligencias urgentes para conseguir que un tercer país se haga cargo de la gestión consular de los venezolanos que se encuentran en Chile y pueda otorgar los documentos que aún requieren de un trámite presencial.

En esa línea, esta semana se han llevado adelante varias conversaciones del más alto nivel con el gobierno que comanda Luis Arce, para que sean ellos los que asistan en los trámites consulares a los venezolanos que están en Chile, justo en momentos en que el diálogo con Bolivia pasa por un muy buen momento.

La semana pasada, el gobierno boliviano había solicitado ayuda al Minrel para desembarcar petróleo de tres buques rusos en el terminal que YPBF tiene en el puerto de Arica, y así evitar una nueva crisis de abastecimiento de combustible. En un día, Chile logró destrabar los problemas técnicos que impedían la descarga del crudo y la salida de los camiones cisterna hacia las refinerías de La Paz.

Bolivia también ha pedido ayuda a Chile para sacar adelante la reconversión del oleoducto Sica-Sica y así poder bombear petróleo desde Arica a La Paz, con lo cual se evitaría el riesgo de los constantes bloqueos de carretera que han puesto en peligro el abastecimiento de combustible en ese país. Ahora, en medio de la crisis con Venezuela, se ha puesto en las conversaciones el apoyo a cambio de que Bolivia se haga cargo de los trámites consulares de los venezolanos en Chile.

El tema se ha manejado con mucho cuidado entre las cancillerías de Bolivia y Chile, porque, aunque hay altas expectativas de que avancen las conversaciones con La Paz, requieren de la aceptación de Caracas.

Y mientras las autoridades diplomáticas chilenas se abocaron a una parte de las consecuencias de la sorpresiva reacción de Maduro, La Moneda también debió hacer frente a la inesperada convulsión que produjo la elección venezolana en las filas oficialistas.

Aparte de los canales de noticias, el martes, algunos matinales interrumpieron su programación para conectar con un punto de prensa con el cual Boric cerraba su visita a Emiratos Árabes Unidos, marcada por lo acontecido en Venezuela.

“La política en materia internacional la dirijo yo”, afirmó el Presidente desde el Museo del Futuro de Dubái, enviando un mensaje fuerte y claro al Partido Comunista, quien había validado el proceso electoral en el país caribeño, diferenciándose de la posición de La Moneda.

Esta vez, la ministra Camila Vallejo (PC) optó por desentenderse de este nuevo choque entre la directiva de su partido y el gobierno y a principios de semana viajó a la Región de Tarapacá. La vocera de gobierno sostuvo una agenda completamente despolitizada, con actividades en Iquique, Alto Hospicio y Humberstone.

Vallejo, sus pares del Trabajo, Jeannette Jara, y de Educación, Nicolás Cataldo, además de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y el exconvencional Marcos Barraza, entre otras figuras del bloque más moderado del PC, entendieron desde un principio que la colectividad no se podía poner del lado de Maduro.

Entre la espada y la pared, Carmona transmitió el martes a La Moneda que su partido respaldaría todas las decisiones que adoptara el gobierno ante la crisis en Venezuela. A través de un contacto con un personero del Segundo Piso, el histórico dirigente precisó que en la declaración oficial emitida el día anterior se valoraba la normalidad del proceso eleccionario realizado el domingo y no lo ocurrido tras el cierre de mesas. Y que las declaraciones de los diputados comunistas Boris Barrera y Carmen Hertz, entre otros -quienes habían llamado a respetar la victoria de Maduro- eran a título personal.

Sin dar nombres, Carmona advirtió a su interlocutor que se quería instalar, a través de una operación comunicacional, que el PC estaba apoyando a Maduro y la represión que se estaba ejerciendo contra su oposición, lo cual no era así.

Puestos paños fríos al conflicto con La Moneda, el presidente del PC debió enfocarse en una misión más compleja aún: evitar que Daniel Jadue -el aliado que le había permitido suceder a Guillermo Teillier- enviara un mensaje de apoyo a Maduro desde el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde se encuentra en prisión preventiva desde principios de junio, por el caso de las Farmacias Populares

El riesgo era inminente: el exalcalde de Recoleta había ya enviado varios mensajes escritos de su puño y letra a sus partidarios abordando temas de la contingencia, como la guerra entre Palestina e Israel. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al cual pertenece Maduro, le había mostrado inmediatamente su apoyo y solidaridad tras ser encarcelado.

Un mensaje del exedil reconociendo el triunfo de Maduro sería apoyado inmediatamente por el exdiputado Hugo Gutiérrez y otras figuras del ala más radical, arrinconando más a Carmona. Hasta el cierre de esta edición aquello no había ocurrido, pero los costos internos de Carmona en las bases más duras de la tienda comenzaban a evidenciarse.

“Estamos en congreso y uno de los temas del partido son sus alianzas, su futuro inmediato. Vamos a analizar, en su mérito, estos empujones que tienen alguna violencia verbal”, dijo Juan Andrés Lagos el viernes a radio Universidad de Chile, al ser consultado por las críticas de sus socios del Socialismo Democrático, las que habían escalado respecto de polémicas anteriores.

“Me parece grave que haya quienes aún defiendan el régimen de Maduro… Realmente a mí me resulta incomprensible”, dijo el lunes la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. “No quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”, sentenció Ricardo Lagos Weber.

Por primera vez desde que Boric llegó a La Moneda, en marzo de 2022, el Socialismo Democrático cuestionaba la convivencia con los comunistas en el gobierno. Y Carmona percibió el riesgo.